El Tribunal Supremo confirma que la dirección IP no identifica por sí sola al responsable de un delito

A finales del año pasado el Tribunal Supremo (“TS”) publicó una sentencia por la que se absolvía a dos particulares de un delito de estafa informática. El primero de ellos presuntamente habría conseguido de manera fraudulenta las claves bancarias de un tercero y transferido electrónicamente cerca de 3.000 € a la cuenta del segundo de los acusados. Posteriormente, éste último habría enviado la mayor parte del botín a un destino desconocido a través de un servicio de envío postal, reteniendo el resto en concepto de comisión. Limitando el análisis al primero de los acusados, la particularidad del caso radica en que la prueba más sólida en su contra era la certeza de que la transferencia se había realizado desde una dirección IP (“IP”) asignada a la línea telefónica de la que éste era titular.

Como ya hemos comentado anteriormente, la IP es, a grandes rasgos, la etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un dispositivo –un ordenador, un smartphone, etc.– dentro de una red que utilice el protocolo IP –Internet Protocol, o protocolo de internet–. Podría decirse que es una matrícula que identifica al dispositivo mientras circula por la red.

Fuente: Informática IES La Nía

Fuente: Informática IES La Nía

En la inmensa mayoría de las conexiones domésticas a través de un router éste tiene asignada una única IP que después reparte internamente entre todos los dispositivos que, a través de él, se conectan a internet. También es frecuente que las IPs sean dinámicas, esto es, que cambien cada vez que el router se reinicia o transcurre un determinado intervalo temporal. Por ello, para determinar con exactitud quién ejecutó una orden informática concreta no bastará con conocer la IP, sino que también serán necesarias la fecha y hora en que dicha orden se llevó a cabo. Con estos datos y la colaboración de los proveedores de servicios de internet (“ISPs”) –Movistar, Jazztel, ONO, etc. – se podrá averiguar a través de qué línea se cometió el delito y quién es su titular.

Dicho esto, ¿puede considerarse que la dirección IP, por sí sola, es prueba suficiente para afirmar que alguien realizó una determinada conducta? ¿Se debe hacer al titular de la línea responsable de todos los daños causados a través de ella?

Nuestra jurisprudencia menor viene considerando, en lo que a la solidez de la prueba respecta, que en ningún caso deberá considerarse una prueba directa o de cargo, sino como un indicio. Cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico admite pronunciamientos condenatorios basados en pruebas indiciarias, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (“TC”) con el fin de evitar la conculcación del derecho a la presunción de inocencia. A saber:

(i) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados, no basta con meras sospechas.

(ii) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados.

(iii) Se debe poder controlar la razonabilidad de la inferencia, esto es, que el razonamiento lógico por el que se imputan los hechos constitutivos de delito a los indicios se asiente en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

En el presente caso, se consideró completamente probado que la estafa en su modalidad de manipulación informática tuvo lugar y que fue llevada a cabo desde la dirección IP de uno de los acusados. Restaba, por tanto, determinar si resultaba razonable asumir que el causante del daño era, en todo caso, la misma persona que constaba como titular de la línea a través de la que se cometió el delito. El TS acabó confirmando, como ya habían hecho nuestra doctrina y jurisprudencia menor, que la respuesta a esta cuestión ha de ser negativa. Y ello porque existen escenarios alternativos razonables en los que el delito podría haber sido cometido por un tercero ajeno acusado sin la intervención de este último.

Home Wireless Network Diagram

Fuente: firstpointit.com

En este sentido, no hay más que observar nuestros hábitos de navegación para comprobar que conectarse a través de una IP de la que no somos titulares es más frecuente de lo que en principio pueda parecer. La práctica totalidad de las viviendas cuenta con una sola línea telefónica y, consecuentemente, con un único titular. Sin embargo, como hemos visto, cada conexión constará realizada bajo la misma IP, con independencia de los miembros –y de sus correspondientes ordenadores, smartphones, tabletas, etc.– que conformen el núcleo familiar.

A esto hay que añadir la posibilidad de que un tercero tome el control de un equipo mediante un virus o se conecte en nuestra red inalámbrica tras averiguar su contraseña. La seguridad de los routers domésticos no es inviolable, y mucho menos si no se modifica su configuración por defecto antes de empezar a utilizarlos. De hecho, ni siquiera hace falta poseer conocimientos avanzados en informática: unos minutos de búsqueda en Google bastan para conseguir programas capaces de averiguar las contraseñas de fábrica de los principales ISPs. Piénsese también en todos los hoteles, cafeterías, aeropuertos, centros cívicos, universidades, parques, bibliotecas o incluso particulares que, por filosofía o desconocimiento, ponen su red WiFi a disposición de cualquier transeúnte que se encuentre dentro del radio de alcance.

En definitiva, resulta imposible determinar con el grado de certeza requerido por nuestro Derecho penal quién es el responsable de un delito si se cuenta únicamente con la dirección IP desde la que éste fue cometido. Pero, ¿se puede afirmar lo mismo en lo que a la responsabilidad civil respecta? Si bien los Juzgados y Tribunales españoles aún no se han pronunciado en este sentido, tanto nuestra doctrina como la jurisprudencia extranjera así lo entienden.

Por ejemplo, un Juez de Nueva York desestimó en mayo de 2012 la petición de K-Beech, Inc. –una productora de cine para adultos– por la que se requería la identificación de más de 250 titulares a través de cuyas líneas telefónicas se habían descargado ilícitamente algunas de las películas de la productora. Para el Juez, la presunción de que el titular de la línea era efectivamente el responsable de la descarga “es endeble, y se ha ido debilitando aún más con el paso del tiempo (…)”. En opinión del Magistrado, “que el usuario de una dirección IP haya llevado a cabo una acción informática particular (…) no es más probable que el hecho de que el que paga la factura del teléfono haya realizado efectivamente una llamada específica”.

En otro caso sobre descargas ilícitas, esta vez en Finlandia, la Corte determinó que la parte demandante había sido incapaz de probar que la titular de la conexión era efectivamente la persona que había compartido ilícitamente los archivos. Al parecer, durante un evento en casa de la demandada al que acudieron un centenar de personas, alguien descargó materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual desde el acceso a internet de la anfitriona aprovechando que la red inalámbrica estaba abierta al público.

Lo hasta ahora expuesto no significa que el titular de la línea sea virtualmente indemne frente a las reclamaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual, o de cualquier otro –derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen¬– que pudiera vulnerarse a través de la red, sino que cualquier pronunciamiento condenatorio deberá estar basado no sólo en su condición de titular de la línea, sino también en pruebas o indicios adicionales.

Un buen ejemplo de ello es la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que en el año 2010 condenó por una falta de injurias a un particular basándose en un conjunto de pruebas. En este caso, el condenado publicó a través de una dirección IP asignada a la línea de la que era titular un falso anuncio en una sección de contactos, incluyendo además una descripción física del injuriado –su antiguo jefe– y un número de teléfono móvil que era conocido por muy poca gente dada su reciente adquisición. La suma de todos estos indicios, esta vez sí, permitió inferir de manera razonable que el acusado era efectivamente el autor del delito, razón por la que fue finalmente condenado.

Es cierto que, a pesar de la falsa sensación de anonimato que en ocasiones pueda invadirnos, toda conducta realizada a través de internet deja un rastro que se puede seguir. Ahora bien, esto no significa que la identidad que se revela al final del camino –el titular de la línea– sea culpable del hecho dañoso en todo caso. Para una correcta atribución de la responsabilidad debe exigirse además la concurrencia de otras circunstancias que, en cada caso concreto, disipen las dudas razonables que la mera titularidad de la línea deja tras de sí.

También han comentado esta sentencia Verónica Alarcón y David Maeztu, entre otros.

Texto original inicialmente publicado en el Boletín de Propiedad Intelectual de CMS Albiñana y Suárez de Lezo.

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El caso “Megakini vs. Google” o la excesiva rigidez de nuestra Ley de Propiedad Intelectual

A principios del pasado mes de abril se publicó la sentencia del Tribunal supremo en el caso Megakini vs. Google, que desestima el recurso de casación interpuesto contra otra histórica sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2008.

La controversia se inició cuando el administrador de la página www.megakini.com demandó a Google por la reproducción parcial de fragmentos del site al presentar los resultados de búsqueda, la reproducción caché de la web y la provisión de enlaces a dichas copias caché.

Sir Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle, autor entre otras de las novelas de Sherlock Holmes.

El supuesto de hecho me recuerda un poco a un personaje de la novela de Sir Arthur Conan Doyle El sabueso de los Baskerville. Un sujeto que consume todo su tiempo y dinero en pleitos y pretensiones que, aunque amparadas por la letra de la ley, distan bastante de su espíritu. En este caso el demandante, en lugar de solicitar algo razonable como la eliminación de su página de los resultados de búsqueda y/o de la caché del gigante de Mountain View, pretendía el cierre del buscador, una indemnización por daños y perjuicios de 2.000 €, y la publicación íntegra del fallo en el diario La Vanguardia.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron estas pretensiones. La extraordinaria relevancia del caso se debe a la argumentación desarrollada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que convertía a la famosa “regla de los tres pasos” (art. 40 bis LPI) en un nuevo límite a los derechos exclusivos de autor, sustituyendo su habitual función como criterio interpretativo de dichos límites.

Esta interpretación, inspirada en el fair use del derecho americano, es mantenida por el Tribunal Supremo en los siguientes términos:

“Sin embargo no es menos cierto que el art. 40 bis LPI, como disposición común a todas las del capítulo primero del título III, en el que se encuadra el art. 31, tiene un valor interpretativo no solo y exclusivamente negativo (“Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse…”), sino también positivo, en cuanto enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites o, si se quiere, la necesidad de la licencia del autor como regla general (“perjuicio injustificado a los intereses legítimos” o “detrimento de la explotación normal de las obras”).

Esto permite que la denominada regla, prueba o test “de los tres pasos” contenida en el art. 40 bis pueda considerarse como manifestación especial en la LPI de la doctrina del ius usus inocui, del principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena (art. 7.1 CC), del principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho delimitado (…)”.

Sin embargo, el propio Tribunal es plenamente consciente de que la actividad de Google en este caso “requeriría en principio la autorización del autor de la página web”. También reconoce la especialidad de la propiedad intelectual en el sentido de que se trata de “un sistema de protección de derechos fundado en la necesidad de autorización del titular salvo que concurra alguna de las excepciones establecidas por la ley, siguiendo el método del catálogo o lista exhaustiva, es un sistema cerrado, en el sentido de no admitir más excepciones a la necesidad de autorización que las expresamente establecidas”. Es decir, que siguiendo la literalidad de la Ley de Propiedad Intelectual, para que la actividad de Google fuera lícita necesitaría contar con el permiso de todos los titulares de derechos de todas las páginas web que reprodujese (algo a todas luces absurdo).

Una vez abierta la caja de Pandora, hay opiniones para todos los gustos. Hay quien cree que referirse a la sentencia como “el fallo” es más acertado que nunca, mientras que otros recuerdan que la propiedad intelectual, aun siendo una propiedad especial, no deja de estar sujeta a esa función social en la que el Supremo funda su decisión. Un ejemplo de ello sería la caducidad de los derechos de explotación a los setenta años tras la muerte del autor.

Googlebot

La araneae google communis se alimenta principalmente de textos en HTML, CSS, javascript, ASP y PHP.

Personalmente, coincido con lo que escribía recientemente Andy Ramos en su blog: la decisión final es la acertada, pero se hubieran ahorrado muchos problemas si, en vez de estirar y retorcer el art. 40 bis como si de un chicle se tratase, el Supremo hubiera acudido a la doctrina de los actos propios.

Después de todo, cuando uno cuelga una web está admitiendo implícitamente que esta sea indexada y reproducida en copis caché por buscadores, ISPs… Y, si no se desea, evitarlo es tan fácil como editar el archivo robot.txt para que, al leerlo, las “arañas” de los buscadores pasen de largo. Todo ello sin entrar en la absurda pretensión de que el buscador cesara toda su actividad. Como bien se pone de manifiesto en la sentencia, “pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, como no sea fama, notoriedad o la propia indemnización pedida en la demanda”.

Consciente de la trascendencia de esta resolución, el Supremo reitera en más de uno de sus párrafos que no se trata de una unificación de su doctrina jurisprudencial:

“(…) el recurso de casación por interés casacional no está destinado a fijar o unificar doctrina jurisprudencial sin efectos sobre situaciones jurídicas particulares derivadas de sentencias determinadas (…) muy al contrario, la sentencia que se dicte por esta Sala, si llegara a considerar fundado el recurso, habrá de casar la resolución impugnada y resolver “sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiese producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de jurisprudencia” aunque sin afectar “a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada, que se hubieren invocado” (art. 487.3 LEC)”.

“En suma, los tribunales no resuelven polémicas doctrinales sino que se pronuncian sobre pretensiones concretas examinándolas conforme a las normas aplicables en la materia de que se trate”.

La desestimación del recurso no supone la creación judicial de una nueva excepción no contemplada en la ley ni legitimar las actividades de Google aquí enjuiciadas por la excepción del art. 31.1 LPI. (…) porque ni un sistema cerrado de excepciones tiene por qué llegar al extremo de prever hipótesis absurdas ni la interpretación de la LPI puede desligarse de su finalidad protectora de los derechos de autor ni, en fin, y por la misma razón, su interpretación puede favorecer pretensiones arbitrarias y dirigidas a perjudicar a otro sin beneficio propio”.

Como puede verse, este es otro caso en el que nuestra Ley de Propiedad Intelectual demuestra, una vez más, su excesiva rigidez. El Derecho está condenado a ir siempre por detrás de la realidad social, pero en materias como la propiedad intelectual, la propiedad industrial o las tecnologías de la información, esta diferencia es aún más pronunciada. En palabras del Supremo:

“(…) hoy puede decirse que a medida que crece el número de normas escritas mayor relevancia adquieren los principios, ya que, por un lado, se multiplican las posibilidades de antinomias y, por otro, siempre quedarán casos sin regular de una forma inequívoca”.

Por ello se hace necesario un especial esfuerzo del legislador para que las leyes sean capaces de acoger las consecuencias del avance tecnológico. Incluso aunque en el momento de su redacción estas fueran imposibles de imaginar siquiera, y empezando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual, actualmente en sus últimos meses de gestación.

Derecho de autor y originalidad (y III): ¿Qué opina el Tribunal Supremo?

Una ley no es más que papel impreso si luego no se aplica. Siempre se ha dicho que el Derecho va un poco por detrás de la realidad social. En el caso de la propiedad intelectual e industrial, a veces da la impresión de que dicho retraso es más pronunciado que en otras áreas de la práctica jurídica. Por ello el criterio de los Jueces y Tribunales se vuelve todavía más relevante si cabe. En esta entrada resumiremos brevemente qué entiende por originalidad el Tribunal Supremo español, mediante fragmentos de algunos casos paradigmáticos en los que las dudas sobre si una creación o no es original estaban, cuando menos, plenamente justificadas. Quiero hacer también dos advertencias: respetaré todo lo posible la redacción original, que en ocasiones resulta excesivamente farragosa, y en todos los casos las negritas son mías.

Caso “Enciclopedia de Zamora: STS de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992\1329).

Catedral de Zamora

Catedral de Zamora. Foto de Roland Nizet (Structurae)

El titular de los derechos de la obra “Enciclopedia de Zamora”, cuyo primer volumen corresponde a “El Románico en Zamora”, demandó a la Diputación de dicha provincia por la publicación de un álbum de cromos titulado “El Arte en la Provincia de Zamora”. En opinión del demandante, las imágenes del álbum y de los cromos infringían los derechos que ostentaba gracias a la enciclopedia.

El Juez de primera instancia estimó la demanda, siendo revocado el fallo en segunda instancia. El Tribunal Supremo dictaminó que, limitándose el parecido a la presencia de fotos y descripciones de monumentos (distintas entre sí), no había infracción:

“(…) ni por su título, ni por sus autores, ni en su contenido, coincide la obra del actor con la de la Diputación de Zamora, tampoco en su texto literario y si forzosamente, al tratar la misma materia coinciden algunos de los monumentos a los que se refieren una y otra obra, es lo cierto que nos encontramos ante dos obras distintas y perfectamente diferenciables la una de la otra, sin que se aprecie copia o plagio en la de los demandados respecto a la del autor (…)”.

“(…) si el sistema de edición utilizado es del común patrimonio de la sociedad porque es una forma amplísimamente practicada en todos los ámbitos del saber humano como instrumento de conocimiento y divulgación y si la materia a tratar es de una objetiva plasticidad como lo es el arte monumental y de una realidad sensitiva que sin embargo requiere para su descripción de una multiforme literatura producto en cada caso de la subjetiva apreciación del autor que lo describe, es patente que esa imaginación creativa y su traducción en palabras de la percepción sensitiva referida, no podrá nunca escapar de esos denominadores comunes como son el monumento en sí, el estilo a que corresponda y la terminología específica con que se denomina cada uno de los elementos físicos que lo componen y de ahí que si ambas producciones en confrontación tienen puntos comunes de exposición no puede argüirse que sean copia o plagio la producción artística de los demandados de la del actor; y no es de despreciar la idea de que en estas hipótesis, la excesiva o estricta apreciación de lo que supone copia de lo producido por otro, llevaría consigo un valladar que yugularía el acicate imaginativo que proyecta su diversidad en un enfoque y óptica distinta respecto de un mismo monumento u obra de arte, que obviamente es un objeto que escapa de la órbita patrimonial particular ya que están comprendidos dentro del acervo moral y sensitivo de la comunidad y de la de aquéllos, los particulares, tienen pleno derecho a traducir a través de sus sentencias, el efecto espiritual que les procura su contemplación que sólo puede expresarse por medio de la palabra oral o escrita.”

Caso “Cuadernos Rubio”: STS de 7 de junio de 1995 (RJ 1995\4628)

Cuadernos de caligrafía RubioLos titulares de los derechos de los conocidos cuadernillos de caligrafía “Rubio” demandaron a los editores de otros cuadernillos similares (“Sis-Set”), al entender que estaban plagiando su obra original.

El Juez de primera instancia estimó parcialmente la demanda, y la Audiencia Provincial amplió las peticiones estimadas. Según el Supremo, siendo los cuadernillos una obra original, en casos de este tipo basta con que haya diferencias mínimas para evitar el plagio:

La sentencia de primera instancia delimitó, con todo acierto, el posible alcance de la producción, limitándola a lo que formalmente pudiera considerarse original en cada caso de realización material de un cuaderno, para consignar que en el caso presente, la originalidad particular era tan mínima que la correlativa perspectiva de plagio quedaba enormemente limitada, pues basta «la variación de ejemplos, dibujos, colores o diseño» para que resulte una obra distinta basada en iguales ideas pedagógicas (…)“.

En el caso presente, aparte de que el contenido pedagógico o científico de los simples cuadernos impresos sea tan mínimo como carente de originalidad, la diferencia global entre los cuadernos del actor y de los demandados es radical, tanto en lo que se refiere a sus denominaciones, como a sus demás aspectos de presentación gráfica, limitándose las imputaciones del actor a coincidencias aisladas en elementos de «contenido» que no están amparados por la legislación sobre propiedad intelectual, mientras que falta toda alegación de coincidencia formal en un solo dibujo, en una sola frase literal, etc., es decir, una sola coincidencia en la forma concreta utilizada para la exteriorización o la visualización de las ideas, sean éstas o no comunes o vulgares (…)“.

Caso “Natural Mampara de Baño”: STS de 30 de enero de 1996 (RJ 1996\540)

Mampara de ducha

Fuente: Decorablog

Los fabricantes de una mampara de baños demandan a otra empresa que fabricaba la misma mampara, y adjuntaba una copia literal del manual de instrucciones para su montaje. La demandada reconvino, alegando la nulidad del modelo industrial.

La Audiencia Provincial determinó que el modelo era nulo por pertenecer al dominio público, criterio que compartió el Supremo. Sin embargo, a pesar de las alegaciones de la empresa reconvenida, el manual se consideró original en el sentido exigido por la Ley de Propiedad Intelectual:

(…) Sostiene, en este sentido, la parte recurrida que no tiene amparo la pretensión de la recurrente porque un folleto conteniendo instrucciones para el montaje de una mampara no es una obra ni artística, ni literaria ni científica, debiendo señalar que el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual indica como autor de la obra a la persona natural y no jurídica, salvo las excepciones previstas en la Ley (no aplicables al caso) que crea una obra literaria, artística o científica. Es decir, la recurrente, que es una persona jurídica, no tiene la calidad de autor con arreglo a la Ley y carece de legitimación para ejercitar acciones por tal concepto.

Asimismo, mantiene que el apartado 1.a) del artículo 10 no se refiere al folleto en cuestión, sino a una auténtica creación literaria, pues en el presente caso el folleto está íntimamente unido al producto fabricado, que es quien tendría protección legal, ya que es evidente que su titular está habilitado para desarrollar el objeto protegido en todas las facetas en que ha de desenvolverse, de ahí que no pueda dividirse la continencia de la causa, dando una protección distinta, por un lado, al objeto fabricado y, por otro al folleto explicativo de montaje. Por ello es inaplicable al presente caso el artículo 17 invocado de contrario.

Pero la verdad es que cualquiera que sea el valor literario del folleto, entendido como calidad noble del arte de la expresión por medio de la palabra, lo que la Ley protege es la creación original de una composición del lenguaje escrito de modo que en el caso tal característica se da, y, por ello, procede acoger el motivo pues, aunque el autor no conste, ya que el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual corresponde a la persona jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor (artículo 6.º.2), mientras éste no revela su identidad y ningún dato expresa que la empresa haya actuado torcidamente respecto de los derechos en cuestión“.

Caso “Anuncios por palabras de La Vanguardia”: STS de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002\6744)

Anuncios clasificadosUna revista titulada “Sol” (Setmanal d’oportunitats laborals), se dedicaba a publicar ofertas de empleo aparecidas en otros medios de comunicación, entre ellos La Vanguardia. Al principio hacía constar la fuente de procedencia; más tarde empleó una fórmula genérica (“prensa diaria”), omitiendo por último cualquier referencia a la fuente de procedencia de los anuncios.

La Vanguardia demandó a la editorial de la revista, obteniendo una sentencia favorable en primera instancia. La demandada apeló, y la Audiencia revocó la sentencia anterior. El Supremo, por último, entendió como el Juez de primera instancia que sí había infracción de los derechos de propiedad intelectual:

(…) Ante todo hay que proclamar que la persona jurídica recurrente en casación es la editora y propietaria de una obra colectiva de publicación y que desde luego ostenta la titularidad de los derechos de explotación de la misma. Abarcando dichos derechos sobre la totalidad de tal obra colectiva, así como sobre aspectos parciales de la misma, que en el presente caso abarcarán la sección de ofertas laborales. Todo ello se infiere, aparte de ser reconocido en la sentencia recurrida, de una interpretación lógica del artículo 8 de la Ley 22/1987, puesto que dicha obra colectiva cuyo aspecto parcial es el de las ofertas laborales, supone una actuación de medios personales y materiales, dirigida a un fin concreto de edición y divulgación, que necesita una actividad coordinadora ineludible, sin que puedan separarse los derechos de dicha obra colectiva en favor de sus realizadores concretos.

(…) Pues no se puede aceptar que con un enfoque hermenéutico de la normativa de la propiedad intelectual, dichos anuncios de ofertas laborales recogidos de una publicación por otra, ya sea «per se» o como integrantes de un «totum», deban quedar sin el amparo lógico de toda propiedad intelectual, por no tener tal naturaleza.

Y ello no es asumible, desde el instante mismo que dichos anuncios conocidos con la denominación de «ofertas de empleo o trabajo», suponen lisa y llanamente una actividad creativa con cargas de originalidad, que no puede encasillarse en cláusulas de estilo o usos tipográficos.

No hay que olvidar en ese aspecto, que un ofrecimiento de un puesto de trabajo, con la carga socio-económica que supone, precisa una actividad intelectual de cierto calado para hacer atractiva la oferta y con el fin de obtener un éxito que redundaría a favor, tanto del oferente como del futuro solicitante, así como del medio en el que se plasma la misma, que tiene, por ello, el derecho a ser protegido en su afán creador.

Estos ejemplos demuestran que cumplir con la originalidad que exige la LPI no es tan difícil como pudiera parecer en un principio. Los anuncios por palabras tienen la limitación de ser lo más breves y descriptivos que sea posible. Los manuales con instrucciones de montaje, si desean cumplir esa función, han de ser claros y no dejar lugar a la creación en el sentido de “ficción”. Si tanto los primeros como los segundos se consideran creaciones originales, casi con toda seguridad ese relato que todos tenemos pendiente de poner por escrito será también original y, por tanto, protegido por la propiedad intelectual. Ahora bien, no olvidéis que la propiedad intelectual sólo os garantiza defensa en caso de que alguien utilice vuestra obra sin autorización; si además queréis vivir de vuestras creaciones me temo que, además de originales, habrán de tener un mínimo de calidad. En este sentido, el mercado no perdona.

En Propiedad Intelectual Hoy: Derecho de autor y originalidad (I) y Derecho de autor y originalidad (II)