¿Te gustan las pistolitas?

Un Juzgado de Alicante condenó el pasado febrero a la productora del actor y director Santiago Segura, Amiguetes Enterprises S.L. (“Amiguetes”), por la comercialización de unas camisetas que imitaban un diseño comunitario registrado. Las camisetas, vestidas por varios de los actores durante los actos de promoción de la película Torrente 4: Lethal Crisis, se entregaban como obsequio por la compra de una botella de Coca Cola en los restaurantes de la cadena Telepizza. La demanda de Diablito Vibes, S.L. (“Diablito”), titular del registro comunitario, se extendía también a estas dos compañías y a la empresa que fabricó las prendas.

En el caso que se analiza, las camisetas llevaban estampada en su parte frontal inferior la silueta de una pistola inclinada con el cañón truncado, de forma que al introducirla por dentro del pantalón se generaba la impresión de que el que la vestía llevaba un arma encima.

Comparativa Camisetas Diablito Torrente 4 Lethal Crisis

Fuentes: OAMI y El País

La actora consideraba que Amiguetes había infringido su derecho exclusivo a la reproducción de su diseño, aprovechándose indebidamente del esfuerzo e inversión llevados a cabo para su creación. La productora, por su parte, argumentaba con razonamientos propios de la propiedad industrial como la existencia de diferencias sustanciales entre las prendas en conflicto, pues su camiseta incluía el logo de la película, se distribuía en un color distinto, las pistolas serigrafiadas eran diferentes y aparecían reproducidas en sentidos opuestos, diluyendo así cualquier riesgo de confusión.

La clave de la cuestión, por tanto, consistía en determinar si los diseños de las pistolas de las camisetas ostentaban suficientes similitudes, pues no hay que olvidar que el Reglamento 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios (“RDMC”) no protege al titular sólo frente a quien infringe su derecho mediante reproducciones exactas. En efecto, el art. 10 RDMC establece que “la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta”, y que “al determinar la protección se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo”.

A estos efectos, el usuario informado es un baremo empleado para uniformar y objetivizar en la medida de lo posible algo tan complejo y variable como las impresiones humanas, que por subjetivas pueden derivar en resultados bien diferentes. Se trata de una ficción similar a la del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz del derecho de marcas y consumidores y usuarios. Existe al respecto una definición jurisprudencial que ofrece de forma nítida las características que el usuario informado debe cumplir, estableciendo que “sin ser un diseñador ni un experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos”. Asimismo, el usuario informado “presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidas por la estructura base”.

En este caso, el Juzgador consideró que, a ojos de este usuario informado, la camiseta promocional y el diseño registrado producían una misma impresión general, considerando irrelevantes las diferencias existentes al tratarse del “mismo tipo de arma automática, que reproduce los contornos clásicos de la misma y recoge además unas formas esféricas en la culata (…) y un color más oscuro de la misma, que son característicos”.

Como es sabido, una vez declarada la infracción del diseño comunitario, ésta genera responsabilidad tanto objetiva como subjetiva. La responsabilidad objetiva afecta a Caytco, S.L. (“Caytco”) en su condición de fabricante de las camisetas y a Amiguetes como primera comercializadora del diseño infractor. Ambas empresas, según el art. 54 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (“LPJDI”), están obligadas a indemnizar en todo caso con, al menos, el 1% de la cifra de negocios generada con los productos que incorporen el diseño protegido. El hecho de que se imputara la responsabilidad de la primera comercialización a Amiguetes puede resultar extraña ante los ojos del lego en Derecho, teniendo en cuenta que la empresa que llevaba a cabo la entrega promocional de las camisetas era Telepizza, con la necesaria colaboración de Coca Cola.

Tal extremo se resuelve por el Juzgador estableciendo que la primera comercialización no siempre equivale a la primera venta al público del objeto que incluye ilícitamente el diseño comunitario registrado. Lo relevante, como pone de manifiesto el Magistrado, es “realizar la primera actividad en la organización de los esfuerzos para satisfacer al consumidor y no que se asuma la función de vincular a productores y consumidores”. Y Amiguetes, al licenciar el diseño infractor, comenzó la sucesión de esfuerzos que concluyó con la entrega de las camisetas a los clientes de Telepizza.

Por lo demás, la LPJDI también castiga a quienes realicen “cualquier otro acto de explotación no autorizado del diseño”, aunque para que ello ocurra exige que los responsables (i) hubieran sido advertidos fehacientemente acerca de la existencia del diseño y requeridos para cesar en su conducta o (ii) que hubieran actuado con culpa o negligencia. Si bien tanto Telepizza como Coca Cola fueron requeridas para que cesaran en la explotación no autorizada del diseño, dicho requerimiento se produjo con posterioridad al fin de la campaña promocional, lo que fue considerado por el Juzgador como una falta de diligencia de la actora con la correspondiente exoneración a Telepizza y Coca Cola.

Tampoco se apreció que ambas empresas alimentarias hubieran cometido actos de competencia desleal. Así, a pesar de comercializar éstas un producto infractor de un derecho de exclusiva, no pudo acreditarse que con tal conducta se buscara –ni se consiguiera– participar del prestigio de la actora. Y esto es así porque, a ojos del Magistrado, los clientes de la promoción acudieron atraídos por la popularidad tanto de Santiago Segura como de las películas de la saga Torrente, más que por la inclusión del diseño comunitario registrado.

Una vez establecidas las responsabilidades, no quedaba sino establecer la cuantía de las indemnizaciones. Tanto Amiguetes como Caytco fueron condenadas solidariamente al pago de 10.000 € en concepto de daño moral, al pago de los gastos extrajudiciales ocasionados a la actora y a la publicación del fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional. Cada una, además, fue condenada a indemnizar por los respectivos beneficios ilícitamente obtenidos. Dichos enriquecimientos se dividen en beneficios directos para Caytco –los 20.000 € que recibió de Telepizza por la cesión del diseño infractor–, e indirectos para Amiguetes –el incremento de los ingresos de taquilla que produjo la campaña publicitaria en la que se emplearon las camisetas–.

Para el cálculo de estos últimos, el Juzgador parte de certeras presunciones: (i) toda promoción publicitaria que sea correcta y no denigre la imagen del producto mejora las ventas; (ii) este incremento en las ventas nunca podrá saberse de forma precisa; (iii) la cuarta entrega de la saga Torrente ya era muy conocida en España sin necesidad de la promoción mediante la que tuvo lugar la infracción; y (iv) en ningún caso puede atribuirse todo el éxito de una película a una campaña publicitaria. Es decir, a pesar del hecho de que la campaña indudablemente ayudó al éxito de la última entrega de Torrente, sería absurdo fijar los beneficios de la infracción en el importe neto de los beneficios de explotación de la película. Por otra parte, dado que el beneficio resultante del uso no autorizado del diseño registrado es de naturaleza indirecta, tampoco puede aplicarse el mencionado criterio del 1% de la cifra total del negocio (art. 55.5 LPJDI).

Ante tales circunstancias, finalmente el Juez optó por aplicar este porcentaje del 1% sobre la cifra del beneficio neto de la comercialización de la película hasta la fecha de la sentencia. Aunque la cuantía definitiva será determinada en fase de ejecución de sentencia, todo apunta a que la cantidad a pagar por Amiguetes será considerable. Según datos de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales,Torrente 4: Lethal Crisis recaudó en taquilla más de 19 millones de euros, a cuyos beneficios se sumarán los obtenidos a través de las posteriores ventanas de explotación: pay per view, alquiler y venta en DVD y Blu-Ray, emisiones televisivas en abierto, etc.

Texto original inicialmente publicado en el cuarto número del Boletín de Propiedad Intelectual de CMS Albiñana y Suárez de Lezo.

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El Consejo Europeo llega a un acuerdo para la creación de una patente común

El pasado 19 de noviembre los países miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo definitivo sobre la patente única europea. Este acuerdo augura tanto una notable reducción de los costes actuales, como un aumento de la seguridad jurídica al establecer un tribunal unificado y especializado.

Hasta la fecha, la mal llamada “patente europea” no es más que una ficción jurídica por la que al solicitante le basta con tramitar un único expediente ante la Oficina Europea de Patentes. En caso de que la eventual patente le sea otorgada, de modo semejante al de la luz solar al atravesar un prisma de cristal, ésta se divide en un haz de patentes nacionales, una para cada uno de los Estados solicitados. Para la validez de la patente, además, la mayoría de los Estados requieren una traducción completa de la misma a sus respectivas lenguas oficiales.

Fuente: legalgrind.com

Fuente: legalgrind.com

Al ser la patente un derecho territorial, los inconvenientes de este sistema no tardaron en hacer aparición. Los procedimientos en materia de patentes difieren de un país a otro al igual que los plazos, la velocidad con la que actúan los respectivos tribunales, los requisitos para la adopción de medidas cautelares o el importe de las costas.

La fragmentación de jurisdicciones también fomentaba el forum shopping (elección del foro en función de la jurisdicción en la que es más probable obtener una resolución favorable, o una indemnización de daños y perjuicios mayor), y en muchos casos obligaba a demandar en más de un país, a menudo obteniendo fallos contradictorios entre sí dependiendo del territorio.

Es por ello que el acuerdo adoptado prevé un tribunal único y especializado en la materia (Tribunal de Patentes Unificadas), con competencia exclusiva para los litigios sobre infracciones y validez, tanto de las nuevas patentes unitarias como de las actuales patentes “europeas”.

Dicho Tribunal estará compuesto por un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia estará a su vez formado por una división central con sede en París y dos secciones especializadas: una en Londres –patentes farmacéuticas y químicas– y la otra en Múnich –patentes de ingeniería mecánica–.

El reciente acuerdo añade estas nuevas competencias a las que hoy tiene la Oficina Europea de Patentes. Dicho organismo será el encargado de otorgar las nuevas patentes unitarias manteniendo el procedimiento, los criterios y las reglas de patentabilidad establecidas en 1973 por el Convenio de Múnich sobre la Patente Europea. Las diferencias entre ambos tipos de patentes vendrán después de la concesión. En ese momento, el solicitante podrá optar entre:

(i) una patente “europea” con protección individual en cada uno de los Estados solicitados,
(ii) una patente común con protección única para todos los Estados participantes en este acuerdo, o
(iii) una combinación de ambas patentes, para obtener protección en los 27 Estados de la UE.

Debe manifestare, en todo caso, que el presente acuerdo no incluye a todos los Estados miembros, pues España e Italia no forman parte del proyecto por considerarlo discriminatorio para sus idiomas –en un principio las patentes sólo estarán disponibles en inglés, francés y/o alemán–, aunque Italia sí se suma al acuerdo sobre la jurisdicción única.

Mapa de hispanohablantes en el Mundo

Hablantes de español en el Mundo. Fuente: Wikimedia Commons.

Así, es notorio que el eje franco-alemán, que en su día se opuso a la propuesta de Reglamento por no estar de acuerdo con el empleo del inglés como único idioma del procedimiento, bloquee ahora las idénticas pretensiones de dos de sus principales socios europeos. Más aún teniendo en cuenta que Francia y Alemania consiguieron, además de la admisión de sus lenguas, albergar sedes del nuevo Tribunal. Ambas naciones se escudan ahora en que la proporción de patentes españolas es escasa o, lo que es lo mismo, que la inversión pública o privada en investigación y desarrollo es insuficiente, para ignorar tanto los intereses de España dentro de la Unión como los de los más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo.

El perjuicio para España es evidente. Por un lado, al no exigirse el depósito de una copia de la patente objeto de registro en español, nuestras empresas se verán obligadas a costear constantes traducciones para no caer en el ostracismo tecnológico. Por otro, en caso de litigio dependerían en exceso de los abogados situados en cualquiera de los países cuyas lenguas sí son aceptadas. Y, por si no fuera suficiente, las PYMES serán presa fácil de las amenazas relativas al alto coste de los litigios en materia de infracción de patentes.

Ahora bien, es probable que los daños provocados por quedarse fuera sean todavía mayores. Alemania y Francia tienen razón: en España se inventa y se patenta poco (y, vistas las partidas para I+D de los últimos presupuestos generales, no parece que la tendencia vaya a cambiar en el futuro más inmediato). Además, hace tiempo que los trabajadores españoles del sector hablan inglés con fluidez. Si 22 de nuestros socios han sacrificado sus lenguas en favor de la patente común, no veo por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo.

La tramitación del acuerdo sobre la patente de los 25 continuará con su adopción en una conferencia diplomática, y su posterior ratificación por parte de los parlamentos nacionales. La Comisión Europea pretende tener todos los instrumentos de ratificación concluidos antes de noviembre de 2013, a fin de emitir la primera patente común en abril de 2014.

Nespresso vs. Marcilla: La Guerra del Café se extiende a España

Ayer por la noche conocimos que Nespresso ha iniciado acciones legales en España contra Marcilla (grupo Sara Lee) por “infringir la propiedad industrial de la marca y por actos de competencia desleal”. Los que han estado al tanto de la actualidad durante los últimos meses no se habrán visto sorprendidos por la noticia; de hecho, en los últimos (¿dos?) años Nespresso ya ha demandado por lo mismo a Sara Lee en países como Bélgica, Holanda o Francia.

Cafetera Nespresso Citiz

Nespresso® CitiZ&milk

¿Cuál es el origen de la controversia? Como todos sabéis los productos Nespresso son, por un lado, unas cápsulas individuales de café molido y, por otro, unas máquinas específicas capaces de elaborar la infusión a partir del contenido de dichas cápsulas. La gama de máquinas cuenta con multitud de modelos para el mercado doméstico, así como otras especiales para cafeterías, oficinas, hoteles…

En general, todas las impresiones que he recogido sobre el funcionamiento de las máquinas y la calidad de la bebida resultante son excelentes. Ahora bien, todos los usuarios me comentaban los mismos dos inconvenientes: el elevado precio de las cápsulas y la dificultad para adquirir nuevos recambios (sólo en tiendas oficiales Nespresso, por internet o por teléfono).

Cápsulas Marcilla compatibles con NespressoY aquí es donde entró Marcilla. Si la memoria no me falla, en mayo de 2011 lanzó en España unas cápsulas compatibles a través de las principales cadenas de supermercados (Hipercor, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, AhorraMas…), en uno de los cuales adquirí la caja que veis en la foto.

El precio de las cápsulas de Marcilla es menor que el de las cápsulas originales (alrededor de un 25% menos) pero, sobre todo, eliminan la dependencia de los canales oficiales de distribución de Nespresso. Razones por las que Marcilla vendió en España más de 65 millones de cápsulas antes de fin de año, y por la que hoy se pueden encontrar en el supermercado al menos otras dos marcas que venden cápsulas compatibles con Nespresso.

Pasemos ahora a las afirmaciones de Nespresso en la demanda: “infracción de propiedad industrial de la marca” y “competencia desleal”. Dividiré la primera en tres eventuales infracciones: marcas, patentes y diseño industrial. Por partes:

Marcas:

No parece que haya infracción en este sentido: el nombre de la marca es distinto y la presentación y el envase son completamente distintos (de hecho, cada cápsula de Marcilla viene envuelta en un sobrecito de aluminio). En definitiva, y aunque estuvieran en la misma estantería del supermercado, no veo ningún tipo de dificultad para el consumidor a la hora de “distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” (art. 4 Ley de Marcas).

Me cuesta creer que alguien pueda confundir uno de estos productos con el otro...

Además, el art. 37 de la misma ley impide al titular de la marca “prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial“; entre ellas, el uso necesario “para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios“.

Patentes:

Según los folletos que podéis encontrar en cualquier tienda oficial de Nespresso:

En 1986, Nespresso revoluciona el universo del espresso con la invención de un sistema que permite reproducir fácilmente un espresso tantas veces como se quiera (…)“.

La primera reivindicación o "capa más externa de la cebolla".

En España, las patentes tienen una duración improrrogable de 20 años (art. 49 Ley de Patentes). No sé a qué “sistema” se refiere, pero si lo que afirma Nespresso es cierto, hace años que dejó de estar protegido.

El texto de una patente está compuesto por una descripción de la invención para la que se solicita la patente, una o varias reivindicaciones, y dibujos o figuras en caso de que fuesen necesarios para ilustrar la invención.

La protección, sin embargo, sólo alcanza a la reivindicación. Para obtener la mayor protección posible, ésta se redacta “a capas”: reivindicas una descripción general, y luego se especifica más y más. Cuanto antes “se pare” el examinador, mayor amplitud tendrá tu derecho.

En mi opinión, Marcilla tampoco infringe la patente de las cápsulas. Como veis, la reivindicación especifica el uso de un material del grupo al que pertenece el aluminio para la “copita con forma de tronco de cono” y ambas capas de “composite”.

Además, queda claro que se reivindica un envase completamente hermético e impenetrable hasta su uso. En cambio, la cápsula de Marcilla está fabricada enteramente en plástico, y cuenta con unas pequeñas perforaciones en ambos extremos. Por tanto, no parece que la filial de Sara Lee infrinja esta patente de Nespresso relativa a las cápsulas.

Diseño industrial:

El art. 1 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial define el diseño como “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación“. En mi opinión, tampoco hay infracción del diseño industrial. Al igual que sucedía con las cajas, las diferencias entre ambas cápsulas son más que evidentes:

Cápsula Nespresso vs. cápsula Marcilla frontal Cápsula Nespresso vs. cápsula Marcilla trasera

Competencia desleal:

Nespresso lleva a cabo un modelo de negocio conocido como “razor and blades“. Consiste en vender el bien principal a un precio muy bajo (o incluso gratis), y amortizarlo a través de la venta de accesorios, recambios o el servicio posterior. Son muchos los ejemplos que se pueden encontrar: las cuchillas de afeitar y los recambios, las videoconsolas y los juegos y accesorios, las impresoras y los cartuchos de tinta, las Blackberry y el BES/BIS…

Ahora bien, todo el que lleve a cabo un modelo de negocio de este tipo está obligado a soportar la competencia leal de otros fabricantes que lancen productos compatibles y no infractores de otros derechos. En la esquina inferior derecha de las cajas de Marcilla se puede leer la expresión “compatibles con las máquinas de café Nespresso®*“. El asterisco nos lleva al margen izquierdo, donde se puede leer: “Marca de una compañía no relacionada con Sara Lee Southern Europe, S.L.“.

Personalmente, no veo por ningún lado engaño, confusión, denigración, comparación, imitación, explotación de la reputación ajena… o cualquier otra conducta que pueda considerarse desleal.

Conclusiones:

Creo que Marcilla no tiene nada que temer. Desde luego tendrá que defenderse en los tribunales pero, con lo que he podido averiguar sobre el caso (la tienda de Nespresso de mi ciudad, un supermercado e internet), no creo que la demanda prospere. Lexmark intentó sin éxito algo parecido hace unos años (caso Lexmark Int’l vs. Static Control Components), y ahora los fabricantes de impresoras se limitan a enrevesar los diseños para retrasar todo lo posible la aparición de cartuchos de marca blanca. Al final, estamos con lo mismo de siempre: todos estamos encantados con que haya libre mercado, pero luego a nadie le gusta que le hagan la competencia.

Por último, ¿qué dice Nespresso sobre todo esto? Sobre la estrategia legal, evidentemente, no se habla. Y sobre las dosis de Marcilla, ningún comercial os dirá explícitamente que no sirven. Eso si, “no se garantiza que la máquina vaya a funcionar con cápsulas distintas a las originales de Nespresso“. De hecho, la garantía no cubre los desperfectos provocados por el uso de otras cápsulas.

Derecho de autor y originalidad (II):

En la última entrada intentábamos definir qué es la originalidad, y cómo ésta debe suponer mayor o menor novedad dependiendo del tipo de obra. Ahora bien, el concepto legal de originalidad no va más allá de lo que en su momento definimos: expresión de la subjetividad del autor y (en menor medida) novedad objetiva. Nada más. La LPI no protegerá determinadas obras que no cumplen estos requisitos, por mucho que sintamos la tentación de incluirlas bajo el manto protector del derecho de autor. Entonces, ¿qué no supone originalidad?

La originalidad no depende, en primer lugar, de la altura creativa. El derecho de autor no exige que una obra sea “buena” o “de calidad” para protegerla. Da igual que la obra sea una basura, mientras sea original. La calidad artística ya se recompensará a través del reconocimiento y del éxito (o no), pero eso no le importa a la propiedad intelectual. Para la LPI, un cuadro de Antonio López y otro que pueda pintar yo cualquier día de estos son igual de valiosos. Es cierto que no pagará la misma indemnización quien plagie a Antonio López que quien me plagiase a mí. Pero esa diferencia existe porque el daño reputacional sería mucho menor en mi caso, no porque mi obra sea menos obra en cuanto a “obra” que la del afamado pintor y escultor manchego.

Madrid desde Torres Blancas Antonio López

"Madrid desde Torres Blancas", de Antonio López (1936 - presente).

Mi ciudad Julia Peña

"Mi ciudad", de Julia Peña (2005 - presente).

La originalidad tampoco depende del tiempo y esfuerzo que haya dedicado el autor. Una obra creada con rotuladores Carioca en 5 minutos tendrá la misma protección que un óleo sobre lienzo en el que se hayan invertido meses de trabajo. Lo que al otro lado del charco llaman “sweat of the brow” (sudor de la frente), no influye a la hora de decidir si una obra es o no protegible por derecho de autor.

En relación con esto último hay que decir que el derecho de autor no protege los meros datos, al carecer de originalidad, por mucho tiempo y dinero que se haya invertido en su recopilación. Existe una protección para las bases de datos originales, de la que hablaremos en otra ocasión. Un ejemplo claro sobre meros datos es el de Feist vs. Rural, que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de los años noventa. Feist Publications, Inc., copió información de una guía telefónica elaborada por Rural Telephone Service Co., para después incluirla en su propia guía. A Rural, comprensiblemente, no le hizo demasiada gracia, y demandó a Feist por infracción de sus derechos de autor. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que dictó sentencia el 27 de marzo de 1991 dictaminando que los datos de la guía telefónica no son suficientemente originales como para que se les aplicase el derecho de autor.

El último teorema de Fermat en la Aritmética de Diofanato

Edición de 1670 de la Arithmetica de Diofanto, que incluye el comentario de Fermat conocido como "Último teorema" .

Por la misma falta de originalidad, el derecho de autor tampoco se extiende a las ideas (por muy originales que puedan ser), modelos de negocio, métodos, teorías, fórmulas, algoritmos matemáticos, letras, palabras, notas musicales, etc. Y no, no importa absolutamente nada el dinero y esfuerzo invertidos, o el valor intelectual que tenga el descubrimiento (piénsese, por ejemplo, en el último teorema de Fermat). Se protege la expresión concreta y original de dichas ideas, teorías, métodos… Es decir, la LPI protegerá como obra literaria el artículo científico que desarrolla y explica el nuevo descubrimiento. Pero si un tercero “sigue las instrucciones” de dicho texto y lleva a cabo el procedimiento descrito, el autor no podrá recurrir al derecho de autor para evitarlo. Podrá impedirlo acudiendo al derecho de patentes si la invención cumple los requisitos, o manteniendo el descubrimiento bajo secreto industrial, pero sólo podrá demandar por infracción de sus derechos de propiedad intelectual en caso de que alguien plagie su artículo.

Continuando con los métodos, tampoco se protegen los estilos creativos. Los herederos de Braque o de Picasso no tienen derechos sobre el cubismo, y lo mismo sucede con el fauvismo, el impresionismo, el puntillismo y el resto de “-ismos”. Sois completamente libres de hacer un retrato pop art de vuestra mascota, y de explotarlo comercialmente sin pagar royalties a los titulares de los derechos de Andy Warhol. Eso sí, luego no esperéis que os conozcan por vuestro nombre…

Por último, quedan fuera del aspecto de protección las obras que de algún modo forman patrimonio de una sociedad. Pensad por ejemplo en tallas, edificios y monumentos de toda clase, pero también en la cultura tradicional y el folklore: trajes tradicionales, versos, canciones, acertijos, enigmas, cuentos, leyendas…

Son obras que forman parte del dominio público. Imaginemos, por un momento, que sí estuviesen sujetas a derecho de autor. Los problemas surgen inmediatamente, y son imposibles de solucionar: ¿Quién es el autor, para respetar su derechos morales de paternidad e integridad de la obra? ¿Quién va a hacer de titular de los derechos para otorgar las autorizaciones y cobrar el importe que se fije? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual intentó aprobar un tratado regulador del folklore, haciendo un gran esfuerzo por dejar al margen las cuestiones políticas y discutir la parte técnica, pero presentaba estas y otras dificultades que impidieron su firma. Al final imperó el sentido común y se decidió que el folklore sería de titularidad colectiva. Sigue habiendo preocupación, sin embargo, por evitar los expolios y la desaparición de culturas minoritarias. Por lo demás cualquiera puede coger un estribillo tradicional de, por ejemplo, Camerún, e incluirlo en una de sus canciones:

En Propiedad Intelectual Hoy: Derecho de autor y originalidad (I) y Derecho de autor y originalidad (y III): ¿Qué opina el Tribunal Supremo?

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (y II)

En el último post quedó pendiente hablar de los llamados “derechos afines” o “derechos vecinos”, y de la relación entre la propiedad intelectual y otras propiedades inmateriales. Los derechos afines son aquellos que se otorgan a determinadas personas que, aunque no pueden equipararse al autor de una obra, han realizado algún tipo de esfuerzo merecedor de recompensa. Reciben ese calificativo por la estrecha relación que tienen no con la obra en sí, sino con su difusión. Aunque en un principio pueda parecer algo injusto (después de todo el mérito creativo es del autor), la gran inversión económica necesaria para lanzarlo al mercado no se realizaría si no fuese compensada de forma suficiente.

Estudio de música (The Cowshed)

Estos derechos están regulados en el Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho sui generis sobre bases de datos, a pesar de estar incluido en dicha sección, no es verdaderamente un “derecho de propiedad intelectual” (a pesar, por ejemplo, de que los artículos 428 y 429 del Código civil sean también aplicables a las bases de datos). Ciñéndonos al resto, estos son:

  • Derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus actuaciones (arts. 105-113 LPI)
  • Derechos de los productores de fonogramas, sobre los fonogramas que produzcan (arts. 114-119 LPI)
  • Derechos de los productores de grabaciones audiovisuales, sobre las grabaciones que produzcan (arts. 120-125 LPI)
  • Derechos de las entidades de radiodifusión, sobre las transmisiones que realicen y sobre sus grabaciones (arts. 126-127 LPI)
  • Derechos de los realizadores de meras fotografías, sobre las mismas. Las meras fotografías son imágenes carentes de originalidad suficiente para ser consideradas obra fotográfica (y su realizador, por tanto, autor), pero que necesitan de la protección que les otorga el art. 128 LPI.
  • Derechos de los divulgadores obras inéditas, sobre dichas obras, y aunque al momento de la divulgación ya hubieran transcurrido 70 años desde la muerte de su autor y, por tanto, estuvieran dentro del dominio público ( arts. 129.1 y 130 LPI)
  • Derechos de los editores sobre sus ediciones, siempre que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales (arts. 129.2 y 133 LPI)

Los derechos afines son originarios, es decir, nacen cuando tiene lugar el hecho generador (se interpreta una obra musical, se produce una grabación audiovisual, se realiza una mera fotografía…). Además, son independientes de los que sus titulares puedan adquirir por título derivativo de los autores. Por ejemplo, un productor de fonogramas tendrá en su mano los derechos que necesitó del autor para grabar el disco y, además, los que le da la LPI por el hecho de haberlo producido. Son derechos de exclusiva y la mayoría de ellos sólo tienen contenido económico (los artistas son los únicos a los que se les conceden algunas facultades morales sobre sus actuaciones).

Exceptuando, como siempre, los derechos de mera remuneración, los demás derechos afines pueden transmitirse libremente. A pesar de que la LPI no menciona expresamente todas las facultades inherentes a su explotación económica (principalmente reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), la mayoría de la doctrina entiende que están incluidas a través de la remisión que hace el art. 132 LPI (aplicación subsidiaria de las disposiciones del Libro I) al art. 17 del mismo texto legal:

Las disposiciones contenidas en la sección 2.ª del capítulo III del Título II (arts. 17 a 23, es decir, derechos de explotación) y en el capítulo II del Título III,(arts. 31 a 40 bis, límites a dichos derechos) ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en el presente Libro”.

Como no podía ser de otro modo la duración de estos derechos también es limitada, con el añadido de que el plazo de protección suele ser menor. Se abandona el cómputo del plazo a partir de la vida del autor (70 años a contar desde su fallecimiento), principalmente, por ser muy frecuente que los titulares de los derechos afines sean personas jurídicas (productoras, editoriales…). Contar 70 años a partir de la extinción de una sociedad podría significar que los derechos afines durasen más incluso que los de autor (cuando el hecho generador no se considera tan meritorio). Además, ¿quién estaría legitimado para reclamar esos derechos en nombre de un ente jurídico que ya no existe y del que nadie es heredero? La duración más frecuente, por tanto, es de 50 años que empiezan a contarse, dependiendo del caso, desde la existencia del objeto o desde su divulgación.

Los derechos de propiedad intelectual no sólo son compatibles y acumulables entre sí, sino que también lo son con los derechos otorgados por la propiedad industrial. La clave para la protección por parte del derecho de autor es la originalidad (en el sentido legal del término, del que hablaremos en futuras entradas). Si se da esta originalidad, además de los requisitos exigidos por los distintos derechos industriales, el objeto será protegido por ambas propiedades inmateriales. Veamos algunos ejemplos:

  • Patentes: el art. 4 de la Ley 11/1986 de Patentes las define como “invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial“. Los programas de ordenador se protegen a través del derecho de autor, como obras literarias. A pesar de que el mismo art. 4 LP no permite que “las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas” sean objeto de patente, el software que forme parte de una invención patentable podrá ser protegido, además de por derecho de autor, por la patente.
  • Modelos de utilidad: los modelos de utilidad son “invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación” (art. 143 LP). Si los los “utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos” son suficientemente originales, podrán ser protegidos como obras escultóricas.
  • Diseño industrial: el diseño industrial es “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación” (art. 1 LPJDI). La protección como obras escultóricas es especialmente relevante en el llamado arte aplicado, es decir, objetos más o menos cotidianos cuyo diseño les otorga un valor añadido (útil, estético o ambos). Las consecuencias distan de irrelevantes, ya que los meros diseños son protegidos durante 20 años, mientras que las obras, recordemos, cuentan con una protección de 70 años post mortem auctoris.
  • Marcas y nombres de dominio: El art. 10.2 LPI establece que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella“. Si al autor además se le concede el registro como marca o como nombre de dominio, podría darse el caso de que su protección industrial sobreviviese incluso a la protección otorgada por el derecho de autor. En principio, mientras se paguen las tasas correspondientes, el derecho de marca y el nombre de dominio pueden renovarse eternamente.
Museo de las artes y los oficios de Frankfurt
El Museo de Artes y Oficios de Frankfurt (Museum für Angewandte Kunst) alberga una de las mejores colecciones de arte aplicado de Europa

En Propiedad Intelectual Hoy: Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)