Google vs AEDE: Un conflicto por resolver

Esta mañana han publicado en la edición digital de Cinco Días un artículo escrito conjuntamente por Blanca Cortés, Directora del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, y por mí. Reproduzco el texto a continuación:

A finales del año pasado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), principal entidad representante de la prensa de nuestro país, reclamó al Gobierno que aprovechara la inminente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (“LPI”) para incluir la llamada “tasa Google”.

Se trata de una suerte de canon a cuyo través los editores pretenden recibir una compensación por el uso que hacen los grandes buscadores de sus noticias, petición que va en línea con la realizada por asociaciones análogas de países como Francia o Alemania.

Así, los editores consideran que servicios como Google News ocasionan “un indudable perjuicio económico a la prensa” y basan estas afirmaciones en estudios como el de la consultora Telos, que revela que 8 de cada 10 noticias que circulan por la red tienen su origen en la prensa, mientras que se estima que el 80% de la publicidad que se invierte en internet va a parar a las arcas de los grandes buscadores.

Como es bien sabido, ésta no es la primera batalla que libran los editores en defensa de los beneficios generados por la propiedad intelectual de sus artículos y noticias. A diferencia de una novela, los textos periodísticos pueden estar sujetos a una protección inferior, dada la existencia de límites recogidos en nuestra LPI que pueden serles de aplicación. Aparte del límite relativo a las citas, análisis, comentarios y juicios críticos, que se aplica a todo tipo de obras, existe otro específico para los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social. En efecto, el art. 33 LPI permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente este tipo de obras siempre que: (i) no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos; (ii) el autor perciba la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.

El último conflicto, de hecho, surgió a raíz del denominado press-clipping, por el que algunas empresas reproducían fragmentos de las noticias para comercializar resúmenes de prensa. Los editores consiguieron finalmente una reforma legal en virtud de la cual las empresas de press-clipping quedaban obligadas a pagar una tasa compensatoria siempre y cuando su actividad tuviera fines comerciales (artículo 32.1 párrafo 2º LPI). Ante tales circunstancias, la AEDE pretende ahora extender este canon a servicios como Google News y otros agregadores sistemáticos de noticias, mientras que las páginas de empresas, blogs, etc. podrían seguir citando libremente sus contenidos.

Desde un punto de vista jurídico, no puede afirmarse que la AEDE esté falta de argumentos puesto que cualquier texto periodístico constituye en sí mismo una obra susceptible de protección y su reproducción, es decir, “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”, precisa de la autorización expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual.

En este escenario, Google ni siquiera reproduce las noticias en su totalidad, limitándose en su lugar a copiar el titular junto con un extracto de 3 líneas (los llamados snippets). De tal forma, si el lector desea leer más, el enlace le deriva directamente al portal del periódico emisor de la noticia, lo que cuenta como visitante del diario a efectos publicitarios, aunque no en la forma pretendida por la AEDE, pues el lector interesado accede directamente a la página de la noticia, sin pasar por la portada, lugar por el que los anunciantes pagan cantidades más elevadas. En la misma línea, el negocio de Google también tiene como base la publicidad, aunque Google News no muestra anuncios de ninguna clase.

Google lee la situación creada por el conflicto desde un ángulo bien diferente, aludiendo a su propia condición de buscador cuya actividad consiste, a fin de cuentas, en indexar la totalidad de la web y ofrecer los resultados de búsqueda más útiles para sus usuarios. En caso de que un periódico no desee ser indexado, no tiene más que editar unas líneas de su archivo robots.txt para que los buscadores pasen de largo o, en su lugar, se limiten a reproducir el titular. Si, por el contrario, desea quedarse, podrá aprovechar parte de las más de 100.000 visitas que Google provee a los periódicos de todo el mundo cada minuto.

La negativa de Google a resolver el conflicto parece, pues, una cuestión de principios. A los ojos del buscador, el enlace, que es el fundamento de la world wide web, es y debe seguir siendo libre, a lo que debe añadirse, a su juicio, la hipocresía de la industria editorial, que no solo deja abierta la puerta a sus contenidos, sino que emplea técnicas de SEO para aparecer lo más alto posible en los resultados de búsqueda.

Por lo demás, la globalización de la red y las agencias de noticias han otorgado al conflicto una dimensión internacional y aunque con los mismos agentes, las diferentes legislaciones lo han conducido a resultados dispares.

En Francia, Google ha alcanzado un acuerdo con los editores galos. Por un lado, el buscador dedicará un fondo de 60 millones de euros anuales al desarrollo de la presencia de los periódicos franceses en internet. Por otro, los periódicos se beneficiarán de condiciones especiales en el uso de Google Ads (la plataforma de publicidad de Google).

En Bélgica los diarios pertenecientes al grupo Copiepresse reclamaron esta tasa a los tribunales, fallando en Mayo de 2011 el Tribunal Supremo de Bruselas en favor de los periódicos; Google, por su lado, en lugar de pagar la tasa, optó por retirar los contenidos de los diarios demandantes de Google News y como represalia adicional retiró a los mismos periódicos de los resultados del buscador, aunque a día de hoy ya están todos de vuelta en el popular servicio de noticias.

En Alemania, el Gobierno de Angela Merkel ha aprobado recientemente un proyecto de ley similar al francés para que la prensa germana pueda participar de los beneficios que obtiene Google en el país. Dicho proyecto se encuentra a día de hoy en tramitación parlamentaria, aunque su aprobación dista de ser segura porque la izquierda es sumamente crítica con el texto.

Fuera de Europa, la Asociación de Periódicos de Brasil (ANJ por sus siglas en portugués), acordó con Google que los snippets reducirían su extensión de 3 a 1 sola línea. La estrategia no dio los resultados esperados por la prensa; por este motivo la ANJ decidió el año pasado retirar en bloque sus contenidos. Las noticias de 145 cabeceras (cerca del 90% de la circulación) ya no aparecen en Google News. Solo el tiempo dirá si la AEDE adopta una postura tan radical como la de sus asociaciones hermanas, pues es lógico que quiera seguir aprovechando el flujo constante de visitas que Google proporciona a sus asociados y que desee evitar que otras páginas que reproduzcan sus artículos (lícitamente o no) se dejen indexar y ocupen los primeros puestos de las listas de resultados.

Se desconoce si el Gobierno español atenderá esta petición, puesto que la redacción del anteproyecto de la reforma de la LPI se está realizando con gran discreción, lo cual añade al proceso un halo de misterio e incertidumbre que no permite aventurar conjeturas sobre su final.

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¿Sueñan los androides de gestión con aularios virtuales eléctricos?

Oficinas CEDRO Calle de Miguel Ángel

Oficinas de CEDRO, en la Calle Miguel Ángel (Madrid).

Actualización [11-04-2012]: Según informa ABC en su edición digital, CEDRO ha demandado también a la Universidad Autónoma de Barcelona. Según la entidad de gestión, la UAB sólo tendría que dedicar el 0,5% de su presupuesto a la adquisición de la licencia necesaria para el campus virtual.

Recientemente hemos sabido que CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos) ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo de la demanda parece ser la comunicación pública por parte de dicha universidad de obras protegidas por derecho de autor a través del campus virtual.

CEDRO es la entidad de gestión de derechos de autor del sector de los libros (“la SGAE de las fotocopias”, vamos). Tiene encomendada la gestión de los derechos sobre las obras de sus miembros (concesión de licencias, etc.) y, por imperativo legal, se encarga del reparto del dinero recaudado en concepto de compensación por copia privada (el famoso “canon”).

Al parecer los profesores de la Universidad Carlos III han colgado en el campus virtual artículos, libros… protegidos por derecho de autor sin contar con la licencia necesaria. Las universidades llevan años pagando licencias por las fotocopias, en función de las máquinas a disposición de los alumnos y del número de estos. Sin embargo, según CEDRO sólo tres de los setenta y cinco centros españoles cuentan con licencia para comunicar públicamente obras a través de sus respectivos portales web: IE Universidad, la Universidad Internacional de la Rioja y la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Hace varios años (desde 2005 si no recuerdo mal) que CEDRO intenta sin éxito llegar a un acuerdo con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), y esa es la verdadera razón que hay tras la demanda: “La cuestión no es tanto económica como llamar la atención y conseguir que se sienten a negociar”. En mi opinión, a la entidad de gestión no le quedaba otra salida por varios motivos.

Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III (Getafe). Foto por Miguel303xm.

En primer lugar, los aularios virtuales son un sistema comodísimo tanto para los profesores como para los alumnos: los primeros no tienen que ocuparse de hacer mandar al becario que haga fotocopias, y los segundos pueden acceder al material en cualquier momento y lugar. Además, gracias a las excesivas cantidades de dinero caídas de los cielos de las 17 consejerías de Educación para “fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las universidades”, raro es el centro que no ofrece un servicio de esta clase. El resultado no es otro que una pronunciada reducción del número de fotocopias realizadas, y de la consiguiente  recaudación de CEDRO por este concepto.

CEDRO considera que la mejor solución es otra “tarifa plana”, como la que se emplea para las fotocopias. En este caso, las universidades deberían pagar 5 € por alumno y curso, a cambio de que sus estudiantes puedan utilizar sin límites contenidos protegidos en el campus virtual. La recaudación total ascendería a la módica cantidad de 8 millones de euros por curso académico.

En segundo lugar, los profesores universitarios cuelgan sin ninguna clase de reparo no ya fragmentos, sino obras enteras escaneadas. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan con voluntad de causar un perjuicio económico: muchas veces las obras han sido escritas por colegas de profesión, cuando no por ellos mismos. Pero sí hay mucho desconocimiento, y la falsa creencia de que puede hacerse “porque no hay ánimo de lucro”, “porque el fin es educativo”, “porque a la intranet sólo pueden acceder los alumnos matriculados”… Y no es así.

En tercer lugar, peligra seriamente la mayoría del dinero que CEDRO venía recaudando en concepto de compensación por copia privada. La STJCE en el caso Padawan anula la aplicación indiscriminada del “canon” a empresas y profesionales. Considera el Tribunal que un sistema de compensación equitativa por copia privada sólo es compatible con la normativa comunitaria:

en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.

(…) Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“.

Fotocopias Universidad

Servicio de reprografía de una universidad cualquiera. Foto por J2daM.

El sistema que se implementó en España gravaba en función directamente proporcional a la capacidad de copia de la máquina. ¿Quién creéis que compra máquinas con mayor número de copias por minuto, los particulares o las empresas y profesionales? De momento parece que están salvando los muebles tras la última reforma aberración jurídica que carga la compensación por copia privada a los presupuestos generales del Estado. Hablaremos más a fondo sobre este despropósito en futuras entradas, al tratar el concepto de copia privada.

Por desgracia para CEDRO, la jugada no sólo era la única que le quedaba, sino que tiene sus riesgos. Es más que probable que se cuestione la justificación que hay tras las pretensiones recaudatorias de la entidad de gestión. En palabras de Javier de la Cueva, el abogado que ha asesorado a la CRUE estos meses, las universidades “ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación (…) y ahí entran los derechos de autor”.

CEDRO, al ser la única entidad de gestión de su sector, es la única competente para recaudar el “canon” generado por las copias privadas (es un derecho meramente remuneratorio de gestión colectiva obligatoria). El repertorio que controla a este fin se extiende a la práctica totalidad de las obras impresas (art. 4 de los estatutos de CEDRO). Sin embargo, según de la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores [los profesores universitarios] que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores. (…) No se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se pagan a Cedro”.

Aunque CEDRO defienda que en las universidades se copian libros de todo tipo en la misma proporción, no puedo estar de acuerdo. Tanto de mi experiencia personal, como de la de los docentes con los que he hablado, extraigo que la mayoría de las obras reproducidas en las universidades son artículos y manuales escritos, precisamente, por profesores de universidad.

Por último, CEDRO podría llegar a tener otro motivo de preocupación. Los criterios de reparto de lo recaudado por copia privada los fija la propia CEDRO, en función de un estudio estadístico también elaborado por ella. No sería la primera vez que una entidad de gestión recauda según sus propios criterios, proclama sin cesar su transparencia, supera las auditorías de cuentas solicitadas por el Ministerio de Cultura (art. 159 LPI), y luego pasa lo que pasa

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (y II)

En el último post quedó pendiente hablar de los llamados “derechos afines” o “derechos vecinos”, y de la relación entre la propiedad intelectual y otras propiedades inmateriales. Los derechos afines son aquellos que se otorgan a determinadas personas que, aunque no pueden equipararse al autor de una obra, han realizado algún tipo de esfuerzo merecedor de recompensa. Reciben ese calificativo por la estrecha relación que tienen no con la obra en sí, sino con su difusión. Aunque en un principio pueda parecer algo injusto (después de todo el mérito creativo es del autor), la gran inversión económica necesaria para lanzarlo al mercado no se realizaría si no fuese compensada de forma suficiente.

Estudio de música (The Cowshed)

Estos derechos están regulados en el Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho sui generis sobre bases de datos, a pesar de estar incluido en dicha sección, no es verdaderamente un “derecho de propiedad intelectual” (a pesar, por ejemplo, de que los artículos 428 y 429 del Código civil sean también aplicables a las bases de datos). Ciñéndonos al resto, estos son:

  • Derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus actuaciones (arts. 105-113 LPI)
  • Derechos de los productores de fonogramas, sobre los fonogramas que produzcan (arts. 114-119 LPI)
  • Derechos de los productores de grabaciones audiovisuales, sobre las grabaciones que produzcan (arts. 120-125 LPI)
  • Derechos de las entidades de radiodifusión, sobre las transmisiones que realicen y sobre sus grabaciones (arts. 126-127 LPI)
  • Derechos de los realizadores de meras fotografías, sobre las mismas. Las meras fotografías son imágenes carentes de originalidad suficiente para ser consideradas obra fotográfica (y su realizador, por tanto, autor), pero que necesitan de la protección que les otorga el art. 128 LPI.
  • Derechos de los divulgadores obras inéditas, sobre dichas obras, y aunque al momento de la divulgación ya hubieran transcurrido 70 años desde la muerte de su autor y, por tanto, estuvieran dentro del dominio público ( arts. 129.1 y 130 LPI)
  • Derechos de los editores sobre sus ediciones, siempre que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales (arts. 129.2 y 133 LPI)

Los derechos afines son originarios, es decir, nacen cuando tiene lugar el hecho generador (se interpreta una obra musical, se produce una grabación audiovisual, se realiza una mera fotografía…). Además, son independientes de los que sus titulares puedan adquirir por título derivativo de los autores. Por ejemplo, un productor de fonogramas tendrá en su mano los derechos que necesitó del autor para grabar el disco y, además, los que le da la LPI por el hecho de haberlo producido. Son derechos de exclusiva y la mayoría de ellos sólo tienen contenido económico (los artistas son los únicos a los que se les conceden algunas facultades morales sobre sus actuaciones).

Exceptuando, como siempre, los derechos de mera remuneración, los demás derechos afines pueden transmitirse libremente. A pesar de que la LPI no menciona expresamente todas las facultades inherentes a su explotación económica (principalmente reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), la mayoría de la doctrina entiende que están incluidas a través de la remisión que hace el art. 132 LPI (aplicación subsidiaria de las disposiciones del Libro I) al art. 17 del mismo texto legal:

Las disposiciones contenidas en la sección 2.ª del capítulo III del Título II (arts. 17 a 23, es decir, derechos de explotación) y en el capítulo II del Título III,(arts. 31 a 40 bis, límites a dichos derechos) ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en el presente Libro”.

Como no podía ser de otro modo la duración de estos derechos también es limitada, con el añadido de que el plazo de protección suele ser menor. Se abandona el cómputo del plazo a partir de la vida del autor (70 años a contar desde su fallecimiento), principalmente, por ser muy frecuente que los titulares de los derechos afines sean personas jurídicas (productoras, editoriales…). Contar 70 años a partir de la extinción de una sociedad podría significar que los derechos afines durasen más incluso que los de autor (cuando el hecho generador no se considera tan meritorio). Además, ¿quién estaría legitimado para reclamar esos derechos en nombre de un ente jurídico que ya no existe y del que nadie es heredero? La duración más frecuente, por tanto, es de 50 años que empiezan a contarse, dependiendo del caso, desde la existencia del objeto o desde su divulgación.

Los derechos de propiedad intelectual no sólo son compatibles y acumulables entre sí, sino que también lo son con los derechos otorgados por la propiedad industrial. La clave para la protección por parte del derecho de autor es la originalidad (en el sentido legal del término, del que hablaremos en futuras entradas). Si se da esta originalidad, además de los requisitos exigidos por los distintos derechos industriales, el objeto será protegido por ambas propiedades inmateriales. Veamos algunos ejemplos:

  • Patentes: el art. 4 de la Ley 11/1986 de Patentes las define como “invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial“. Los programas de ordenador se protegen a través del derecho de autor, como obras literarias. A pesar de que el mismo art. 4 LP no permite que “las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas” sean objeto de patente, el software que forme parte de una invención patentable podrá ser protegido, además de por derecho de autor, por la patente.
  • Modelos de utilidad: los modelos de utilidad son “invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación” (art. 143 LP). Si los los “utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos” son suficientemente originales, podrán ser protegidos como obras escultóricas.
  • Diseño industrial: el diseño industrial es “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación” (art. 1 LPJDI). La protección como obras escultóricas es especialmente relevante en el llamado arte aplicado, es decir, objetos más o menos cotidianos cuyo diseño les otorga un valor añadido (útil, estético o ambos). Las consecuencias distan de irrelevantes, ya que los meros diseños son protegidos durante 20 años, mientras que las obras, recordemos, cuentan con una protección de 70 años post mortem auctoris.
  • Marcas y nombres de dominio: El art. 10.2 LPI establece que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella“. Si al autor además se le concede el registro como marca o como nombre de dominio, podría darse el caso de que su protección industrial sobreviviese incluso a la protección otorgada por el derecho de autor. En principio, mientras se paguen las tasas correspondientes, el derecho de marca y el nombre de dominio pueden renovarse eternamente.
Museo de las artes y los oficios de Frankfurt
El Museo de Artes y Oficios de Frankfurt (Museum für Angewandte Kunst) alberga una de las mejores colecciones de arte aplicado de Europa

En Propiedad Intelectual Hoy: Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)