Derecho de autor y originalidad (y III): ¿Qué opina el Tribunal Supremo?

Una ley no es más que papel impreso si luego no se aplica. Siempre se ha dicho que el Derecho va un poco por detrás de la realidad social. En el caso de la propiedad intelectual e industrial, a veces da la impresión de que dicho retraso es más pronunciado que en otras áreas de la práctica jurídica. Por ello el criterio de los Jueces y Tribunales se vuelve todavía más relevante si cabe. En esta entrada resumiremos brevemente qué entiende por originalidad el Tribunal Supremo español, mediante fragmentos de algunos casos paradigmáticos en los que las dudas sobre si una creación o no es original estaban, cuando menos, plenamente justificadas. Quiero hacer también dos advertencias: respetaré todo lo posible la redacción original, que en ocasiones resulta excesivamente farragosa, y en todos los casos las negritas son mías.

Caso “Enciclopedia de Zamora: STS de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992\1329).

Catedral de Zamora

Catedral de Zamora. Foto de Roland Nizet (Structurae)

El titular de los derechos de la obra “Enciclopedia de Zamora”, cuyo primer volumen corresponde a “El Románico en Zamora”, demandó a la Diputación de dicha provincia por la publicación de un álbum de cromos titulado “El Arte en la Provincia de Zamora”. En opinión del demandante, las imágenes del álbum y de los cromos infringían los derechos que ostentaba gracias a la enciclopedia.

El Juez de primera instancia estimó la demanda, siendo revocado el fallo en segunda instancia. El Tribunal Supremo dictaminó que, limitándose el parecido a la presencia de fotos y descripciones de monumentos (distintas entre sí), no había infracción:

“(…) ni por su título, ni por sus autores, ni en su contenido, coincide la obra del actor con la de la Diputación de Zamora, tampoco en su texto literario y si forzosamente, al tratar la misma materia coinciden algunos de los monumentos a los que se refieren una y otra obra, es lo cierto que nos encontramos ante dos obras distintas y perfectamente diferenciables la una de la otra, sin que se aprecie copia o plagio en la de los demandados respecto a la del autor (…)”.

“(…) si el sistema de edición utilizado es del común patrimonio de la sociedad porque es una forma amplísimamente practicada en todos los ámbitos del saber humano como instrumento de conocimiento y divulgación y si la materia a tratar es de una objetiva plasticidad como lo es el arte monumental y de una realidad sensitiva que sin embargo requiere para su descripción de una multiforme literatura producto en cada caso de la subjetiva apreciación del autor que lo describe, es patente que esa imaginación creativa y su traducción en palabras de la percepción sensitiva referida, no podrá nunca escapar de esos denominadores comunes como son el monumento en sí, el estilo a que corresponda y la terminología específica con que se denomina cada uno de los elementos físicos que lo componen y de ahí que si ambas producciones en confrontación tienen puntos comunes de exposición no puede argüirse que sean copia o plagio la producción artística de los demandados de la del actor; y no es de despreciar la idea de que en estas hipótesis, la excesiva o estricta apreciación de lo que supone copia de lo producido por otro, llevaría consigo un valladar que yugularía el acicate imaginativo que proyecta su diversidad en un enfoque y óptica distinta respecto de un mismo monumento u obra de arte, que obviamente es un objeto que escapa de la órbita patrimonial particular ya que están comprendidos dentro del acervo moral y sensitivo de la comunidad y de la de aquéllos, los particulares, tienen pleno derecho a traducir a través de sus sentencias, el efecto espiritual que les procura su contemplación que sólo puede expresarse por medio de la palabra oral o escrita.”

Caso “Cuadernos Rubio”: STS de 7 de junio de 1995 (RJ 1995\4628)

Cuadernos de caligrafía RubioLos titulares de los derechos de los conocidos cuadernillos de caligrafía “Rubio” demandaron a los editores de otros cuadernillos similares (“Sis-Set”), al entender que estaban plagiando su obra original.

El Juez de primera instancia estimó parcialmente la demanda, y la Audiencia Provincial amplió las peticiones estimadas. Según el Supremo, siendo los cuadernillos una obra original, en casos de este tipo basta con que haya diferencias mínimas para evitar el plagio:

La sentencia de primera instancia delimitó, con todo acierto, el posible alcance de la producción, limitándola a lo que formalmente pudiera considerarse original en cada caso de realización material de un cuaderno, para consignar que en el caso presente, la originalidad particular era tan mínima que la correlativa perspectiva de plagio quedaba enormemente limitada, pues basta «la variación de ejemplos, dibujos, colores o diseño» para que resulte una obra distinta basada en iguales ideas pedagógicas (…)“.

En el caso presente, aparte de que el contenido pedagógico o científico de los simples cuadernos impresos sea tan mínimo como carente de originalidad, la diferencia global entre los cuadernos del actor y de los demandados es radical, tanto en lo que se refiere a sus denominaciones, como a sus demás aspectos de presentación gráfica, limitándose las imputaciones del actor a coincidencias aisladas en elementos de «contenido» que no están amparados por la legislación sobre propiedad intelectual, mientras que falta toda alegación de coincidencia formal en un solo dibujo, en una sola frase literal, etc., es decir, una sola coincidencia en la forma concreta utilizada para la exteriorización o la visualización de las ideas, sean éstas o no comunes o vulgares (…)“.

Caso “Natural Mampara de Baño”: STS de 30 de enero de 1996 (RJ 1996\540)

Mampara de ducha

Fuente: Decorablog

Los fabricantes de una mampara de baños demandan a otra empresa que fabricaba la misma mampara, y adjuntaba una copia literal del manual de instrucciones para su montaje. La demandada reconvino, alegando la nulidad del modelo industrial.

La Audiencia Provincial determinó que el modelo era nulo por pertenecer al dominio público, criterio que compartió el Supremo. Sin embargo, a pesar de las alegaciones de la empresa reconvenida, el manual se consideró original en el sentido exigido por la Ley de Propiedad Intelectual:

(…) Sostiene, en este sentido, la parte recurrida que no tiene amparo la pretensión de la recurrente porque un folleto conteniendo instrucciones para el montaje de una mampara no es una obra ni artística, ni literaria ni científica, debiendo señalar que el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual indica como autor de la obra a la persona natural y no jurídica, salvo las excepciones previstas en la Ley (no aplicables al caso) que crea una obra literaria, artística o científica. Es decir, la recurrente, que es una persona jurídica, no tiene la calidad de autor con arreglo a la Ley y carece de legitimación para ejercitar acciones por tal concepto.

Asimismo, mantiene que el apartado 1.a) del artículo 10 no se refiere al folleto en cuestión, sino a una auténtica creación literaria, pues en el presente caso el folleto está íntimamente unido al producto fabricado, que es quien tendría protección legal, ya que es evidente que su titular está habilitado para desarrollar el objeto protegido en todas las facetas en que ha de desenvolverse, de ahí que no pueda dividirse la continencia de la causa, dando una protección distinta, por un lado, al objeto fabricado y, por otro al folleto explicativo de montaje. Por ello es inaplicable al presente caso el artículo 17 invocado de contrario.

Pero la verdad es que cualquiera que sea el valor literario del folleto, entendido como calidad noble del arte de la expresión por medio de la palabra, lo que la Ley protege es la creación original de una composición del lenguaje escrito de modo que en el caso tal característica se da, y, por ello, procede acoger el motivo pues, aunque el autor no conste, ya que el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual corresponde a la persona jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor (artículo 6.º.2), mientras éste no revela su identidad y ningún dato expresa que la empresa haya actuado torcidamente respecto de los derechos en cuestión“.

Caso “Anuncios por palabras de La Vanguardia”: STS de 13 de mayo de 2002 (RJ 2002\6744)

Anuncios clasificadosUna revista titulada “Sol” (Setmanal d’oportunitats laborals), se dedicaba a publicar ofertas de empleo aparecidas en otros medios de comunicación, entre ellos La Vanguardia. Al principio hacía constar la fuente de procedencia; más tarde empleó una fórmula genérica (“prensa diaria”), omitiendo por último cualquier referencia a la fuente de procedencia de los anuncios.

La Vanguardia demandó a la editorial de la revista, obteniendo una sentencia favorable en primera instancia. La demandada apeló, y la Audiencia revocó la sentencia anterior. El Supremo, por último, entendió como el Juez de primera instancia que sí había infracción de los derechos de propiedad intelectual:

(…) Ante todo hay que proclamar que la persona jurídica recurrente en casación es la editora y propietaria de una obra colectiva de publicación y que desde luego ostenta la titularidad de los derechos de explotación de la misma. Abarcando dichos derechos sobre la totalidad de tal obra colectiva, así como sobre aspectos parciales de la misma, que en el presente caso abarcarán la sección de ofertas laborales. Todo ello se infiere, aparte de ser reconocido en la sentencia recurrida, de una interpretación lógica del artículo 8 de la Ley 22/1987, puesto que dicha obra colectiva cuyo aspecto parcial es el de las ofertas laborales, supone una actuación de medios personales y materiales, dirigida a un fin concreto de edición y divulgación, que necesita una actividad coordinadora ineludible, sin que puedan separarse los derechos de dicha obra colectiva en favor de sus realizadores concretos.

(…) Pues no se puede aceptar que con un enfoque hermenéutico de la normativa de la propiedad intelectual, dichos anuncios de ofertas laborales recogidos de una publicación por otra, ya sea «per se» o como integrantes de un «totum», deban quedar sin el amparo lógico de toda propiedad intelectual, por no tener tal naturaleza.

Y ello no es asumible, desde el instante mismo que dichos anuncios conocidos con la denominación de «ofertas de empleo o trabajo», suponen lisa y llanamente una actividad creativa con cargas de originalidad, que no puede encasillarse en cláusulas de estilo o usos tipográficos.

No hay que olvidar en ese aspecto, que un ofrecimiento de un puesto de trabajo, con la carga socio-económica que supone, precisa una actividad intelectual de cierto calado para hacer atractiva la oferta y con el fin de obtener un éxito que redundaría a favor, tanto del oferente como del futuro solicitante, así como del medio en el que se plasma la misma, que tiene, por ello, el derecho a ser protegido en su afán creador.

Estos ejemplos demuestran que cumplir con la originalidad que exige la LPI no es tan difícil como pudiera parecer en un principio. Los anuncios por palabras tienen la limitación de ser lo más breves y descriptivos que sea posible. Los manuales con instrucciones de montaje, si desean cumplir esa función, han de ser claros y no dejar lugar a la creación en el sentido de “ficción”. Si tanto los primeros como los segundos se consideran creaciones originales, casi con toda seguridad ese relato que todos tenemos pendiente de poner por escrito será también original y, por tanto, protegido por la propiedad intelectual. Ahora bien, no olvidéis que la propiedad intelectual sólo os garantiza defensa en caso de que alguien utilice vuestra obra sin autorización; si además queréis vivir de vuestras creaciones me temo que, además de originales, habrán de tener un mínimo de calidad. En este sentido, el mercado no perdona.

En Propiedad Intelectual Hoy: Derecho de autor y originalidad (I) y Derecho de autor y originalidad (II)

Anuncios

Derecho de autor y originalidad (II):

En la última entrada intentábamos definir qué es la originalidad, y cómo ésta debe suponer mayor o menor novedad dependiendo del tipo de obra. Ahora bien, el concepto legal de originalidad no va más allá de lo que en su momento definimos: expresión de la subjetividad del autor y (en menor medida) novedad objetiva. Nada más. La LPI no protegerá determinadas obras que no cumplen estos requisitos, por mucho que sintamos la tentación de incluirlas bajo el manto protector del derecho de autor. Entonces, ¿qué no supone originalidad?

La originalidad no depende, en primer lugar, de la altura creativa. El derecho de autor no exige que una obra sea “buena” o “de calidad” para protegerla. Da igual que la obra sea una basura, mientras sea original. La calidad artística ya se recompensará a través del reconocimiento y del éxito (o no), pero eso no le importa a la propiedad intelectual. Para la LPI, un cuadro de Antonio López y otro que pueda pintar yo cualquier día de estos son igual de valiosos. Es cierto que no pagará la misma indemnización quien plagie a Antonio López que quien me plagiase a mí. Pero esa diferencia existe porque el daño reputacional sería mucho menor en mi caso, no porque mi obra sea menos obra en cuanto a “obra” que la del afamado pintor y escultor manchego.

Madrid desde Torres Blancas Antonio López

"Madrid desde Torres Blancas", de Antonio López (1936 - presente).

Mi ciudad Julia Peña

"Mi ciudad", de Julia Peña (2005 - presente).

La originalidad tampoco depende del tiempo y esfuerzo que haya dedicado el autor. Una obra creada con rotuladores Carioca en 5 minutos tendrá la misma protección que un óleo sobre lienzo en el que se hayan invertido meses de trabajo. Lo que al otro lado del charco llaman “sweat of the brow” (sudor de la frente), no influye a la hora de decidir si una obra es o no protegible por derecho de autor.

En relación con esto último hay que decir que el derecho de autor no protege los meros datos, al carecer de originalidad, por mucho tiempo y dinero que se haya invertido en su recopilación. Existe una protección para las bases de datos originales, de la que hablaremos en otra ocasión. Un ejemplo claro sobre meros datos es el de Feist vs. Rural, que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de los años noventa. Feist Publications, Inc., copió información de una guía telefónica elaborada por Rural Telephone Service Co., para después incluirla en su propia guía. A Rural, comprensiblemente, no le hizo demasiada gracia, y demandó a Feist por infracción de sus derechos de autor. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que dictó sentencia el 27 de marzo de 1991 dictaminando que los datos de la guía telefónica no son suficientemente originales como para que se les aplicase el derecho de autor.

El último teorema de Fermat en la Aritmética de Diofanato

Edición de 1670 de la Arithmetica de Diofanto, que incluye el comentario de Fermat conocido como "Último teorema" .

Por la misma falta de originalidad, el derecho de autor tampoco se extiende a las ideas (por muy originales que puedan ser), modelos de negocio, métodos, teorías, fórmulas, algoritmos matemáticos, letras, palabras, notas musicales, etc. Y no, no importa absolutamente nada el dinero y esfuerzo invertidos, o el valor intelectual que tenga el descubrimiento (piénsese, por ejemplo, en el último teorema de Fermat). Se protege la expresión concreta y original de dichas ideas, teorías, métodos… Es decir, la LPI protegerá como obra literaria el artículo científico que desarrolla y explica el nuevo descubrimiento. Pero si un tercero “sigue las instrucciones” de dicho texto y lleva a cabo el procedimiento descrito, el autor no podrá recurrir al derecho de autor para evitarlo. Podrá impedirlo acudiendo al derecho de patentes si la invención cumple los requisitos, o manteniendo el descubrimiento bajo secreto industrial, pero sólo podrá demandar por infracción de sus derechos de propiedad intelectual en caso de que alguien plagie su artículo.

Continuando con los métodos, tampoco se protegen los estilos creativos. Los herederos de Braque o de Picasso no tienen derechos sobre el cubismo, y lo mismo sucede con el fauvismo, el impresionismo, el puntillismo y el resto de “-ismos”. Sois completamente libres de hacer un retrato pop art de vuestra mascota, y de explotarlo comercialmente sin pagar royalties a los titulares de los derechos de Andy Warhol. Eso sí, luego no esperéis que os conozcan por vuestro nombre…

Por último, quedan fuera del aspecto de protección las obras que de algún modo forman patrimonio de una sociedad. Pensad por ejemplo en tallas, edificios y monumentos de toda clase, pero también en la cultura tradicional y el folklore: trajes tradicionales, versos, canciones, acertijos, enigmas, cuentos, leyendas…

Son obras que forman parte del dominio público. Imaginemos, por un momento, que sí estuviesen sujetas a derecho de autor. Los problemas surgen inmediatamente, y son imposibles de solucionar: ¿Quién es el autor, para respetar su derechos morales de paternidad e integridad de la obra? ¿Quién va a hacer de titular de los derechos para otorgar las autorizaciones y cobrar el importe que se fije? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual intentó aprobar un tratado regulador del folklore, haciendo un gran esfuerzo por dejar al margen las cuestiones políticas y discutir la parte técnica, pero presentaba estas y otras dificultades que impidieron su firma. Al final imperó el sentido común y se decidió que el folklore sería de titularidad colectiva. Sigue habiendo preocupación, sin embargo, por evitar los expolios y la desaparición de culturas minoritarias. Por lo demás cualquiera puede coger un estribillo tradicional de, por ejemplo, Camerún, e incluirlo en una de sus canciones:

En Propiedad Intelectual Hoy: Derecho de autor y originalidad (I) y Derecho de autor y originalidad (y III): ¿Qué opina el Tribunal Supremo?

La Historia, ¿siempre se repite?

El 10 de abril de 1710 entró en vigor la que es generalmente considerada como la primera ley en regular el copyright o derecho de autor: el Estatuto de la Reina Ana . El título completo podría traducirse como “Ley para el estímulo del aprendizaje, mediante la concesión de los ejemplares de libros impresos  a los autores o compradores de tales copias, durante el tiempo en la misma establecido“.

Por aquel entonces, la imprenta moderna llevaba inventada cerca de 300 años. Casi tres siglos en los que ya no hacían falta amanuenses para copiar los libros, con el consecuente ahorro en tiempo y dinero.  Entonces, ¿por qué esa necesidad de estímulo en la industria de la imprenta? Muy sencillo: desde mediados del siglo XVI existía un monopolio en favor del Stationers’ Company, el gremio de editores. La capacidad de negociación del autor era mínima, por no decir ninguna. Una vez el editor compraba el manuscrito, gozaba de un derecho de impresión sobre el mismo exclusivo y perpetuo. Al margen del precio del manuscrito, los autores no recibían regalía alguna, no podían publicar por sí mismos y tampoco podían entrar a formar parte del gremio.

El Estatuto trasladó el derecho exclusivo de reproducción en favor de los autores. Estos podían escoger con qué editorial querían publicar su obra; transcurridos 14 años, si el autor seguía con vida podía renovar por otros 14 años o cambiar de editor. Las obras publicadas con anterioridad al Estatuto recibieron un plazo único de protección de 21 años, a contar desde su entrada en vigor.

Desde entonces las condiciones de los autores han ido mejorando poco a poco. A día de hoy, la duración por defecto en caso de que no se haya establecido en el contrato es de 5 años. (Artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual).

A pesar de ello, transcurridos otros tres siglos, nos encontramos en un escenario parecido. En una esquina, un avance tecnológico revolucionario capaz de hacer llegar la cultura a todos los rincones del mundo en menos tiempo y con menores costes; en la otra, una industria monopolística que se dedica a quejarse y a blandir leyes obsoletas para intentar preservar sus privilegios. Pero esta vez, hay algo que es diferente. Hoy, un escritor ni siquiera necesita ejemplares en papel para que millones de personas lean su obra; un grupo de chavales puede conseguir con un ordenador y un par de micrófonos que las canciones grabadas en su garaje suenen casi tan bien como si hubieran grabado en un estudio profesional; cualquiera con una videocámara doméstica (incluso con un smartphone), puede grabar vídeo en alta definición y editarlo en su casa.

Llegados a este punto, es necesaria una nueva modificación de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, que hoy otorga artificialmente a los intermediarios tradicionales un poder que de hecho no tienen, y unos privilegios que ya no merecen. Hace falta un Derecho que sea, más que nunca, Derecho de autor.