Autoría y personalidad: ¿quién puede ser autor?

La LPI otorga de manera originaria todos los derechos a la persona del autor. Ahora bien, ¿qué debemos entender por “autor”? La propia LPI recoge el concepto en su art. 5.1:

Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

La primera consideración que cabe hacer al respecto es que la condición de autor, a diferencia de lo que sucede con otros derechos inmateriales, depende del mero hecho de la creación (y no de la inscripción en un registro). Además, dicha condición es intransmisible (ya sea inter vivos o mortis causa), no entra en el dominio público y no es susceptible de prescripción. Puedes ceder los derechos sobre tu obra para que otro la explote económicamente, pero no puedes desprenderte de la autoría en sí misma.

Como ya vimos, los conceptos de obra, autoría y originalidad están íntimamente relacionados. Podríamos delimitar las características del autor como la persona natural, adulta, capaz e identificada que crea (motu proprio y ex novo) una obra original. Aunque caben supuestos de coautoría, y de autoría en colaboración (de los que hablaremos en futuras entradas), hay participaciones en la creación de la obra que, por su escasa entidad, no se recompensan con la condición de autor:

  • El inspirador de una idea que el autor aprovechó para materializar en una obra (hay que recordar que el derecho de autor no protege las ideas). Tampoco sería autora la persona cuya vivencia es aprovechada por un tercero (memorias, biografías…). Eso sí, si ese tercero se dedica a transcribir lo que se le dicta, será un mero ejecutante (la autoría corresponderá al narrador).
  • El comitente de una obra (el que la encarga), o aquel para quien el autor presta servicios remunerados (aunque hay una presunción de cesión de derechos en favor de este último en el art. 51 LPI, el empleador no se convierte en autor).
  • El coordinador de actividades artísticas ajenas (director de teatro, productor fonográfico, coordinador de una exposición…).
  • El jugador de un videojuego no es autor respecto de las imágenes que produce con su manipulación de la videoconsola. Esto es así porque su libertad creativa es aparente: en realidad, todo aquello que pueda hacer, los “bichos” que pueda matar o los objetos que pueda recoger ha sido previsto y limitado de antemano al escribir el código del juego.

Por otro lado, como hemos dicho, el autor ha de ser identificable. Este requisito no exige que se conozca al autor, sino que exista la posibilidad de llegarlo a conocer (piénsese en el Lazarillo de Tormes, cuya autoría no pudo determinarse hasta hace poco). En cambio, el folklore es un claro ejemplo en el que, aunque hay obra, no puede atribuirse la autoría al no poder identificarse al creador o creadores.

Asimismo, las notas de “adulta” y “capaz” no exigen que la persona haya alcanzado una edad determinada. El requisito es que haya existido una mínima consciencia, una intención de crear. Por ello los menores podrán ser considerados autores siempre que exista ese componente de intencionalidad. No se requiere “libertad” en el sentido de que cabe la creación por obligación (obras creadas por empleados, o por encargo).

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Pockets Warhol, simpático mono y reconocido pintor. Fuente: Daily Mail

El autor ha de ser “persona”, lo que excluye las “creaciones” generadas por elementos de la naturaleza (fósiles, erosión…), animales (por mucho éxito comercial que tenga su resultado) u ordenadores. En este último caso es necesario precisar que los programas de ordenador sí están protegidos por la propiedad intelectual. También lo están aquellas obras creadas por personas mediante un ordenador: el ratón es una herramienta tan válida como los pinceles. En cambio, si la “obra” está enteramente generada por ordenador, sin tener detrás una voluntad humana tomando decisiones creativas y ejerciendo el control, no se puede hablar de autoría (ni siquiera para otorgársela al autor del “programa creador”).

Sin embargo, la nota que más discusiones doctrinales ha generado es la de persona “natural”, en relación con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser consideradas como autoras.

La corriente mayoritaria, aunque no de manera abrumadora, considera que sólo las personas físicas pueden ser autoras. La otra corriente sostiene que el Derecho español no repudia expresamente la atribución de autoría a las personas jurídicas. Es más, el art. 5.2 LPI permite que las personas jurídicas sean titulares originarias de derechos de propiedad intelectual (el ejemplo más claro son los programas de ordenador, art. 97.1LPI).

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Nell McAndrew, la modelo en cuestión, posando como Lara Croft. Fuente: blogodisea.com

Además, hay resoluciones que parecen apoyar esta segunda tesis, como la recaída en el caso Lara Croft. En ella la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la revista Interviú por publicar un reportaje de una modelo desnuda caracterizada como la famosa arqueóloga. La clave del caso es que se concedió una indemnización a Core Design Ltd. por daños morales” (y sólo los autores pueden ser titulares del derecho moral a la integridad de la obra).

Personalmente, considero que detrás de las personas jurídicas han de estar necesariamente los actos de personas físicas, y sólo estas últimas tenemos capacidad para crear. En cualquier caso, se trata de un debate puramente académico y estéril en la práctica. A las empresas les importa bastante poco ser o no autoras si la LPI ya les otorga la titularidad originaria de los derechos. Además, las facultades morales se ven suplidas en numerosos casos a través de las acciones que conceden la Ley de Marcas o la Ley de Competencia Desleal.

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Derecho de autor y originalidad (II):

En la última entrada intentábamos definir qué es la originalidad, y cómo ésta debe suponer mayor o menor novedad dependiendo del tipo de obra. Ahora bien, el concepto legal de originalidad no va más allá de lo que en su momento definimos: expresión de la subjetividad del autor y (en menor medida) novedad objetiva. Nada más. La LPI no protegerá determinadas obras que no cumplen estos requisitos, por mucho que sintamos la tentación de incluirlas bajo el manto protector del derecho de autor. Entonces, ¿qué no supone originalidad?

La originalidad no depende, en primer lugar, de la altura creativa. El derecho de autor no exige que una obra sea “buena” o “de calidad” para protegerla. Da igual que la obra sea una basura, mientras sea original. La calidad artística ya se recompensará a través del reconocimiento y del éxito (o no), pero eso no le importa a la propiedad intelectual. Para la LPI, un cuadro de Antonio López y otro que pueda pintar yo cualquier día de estos son igual de valiosos. Es cierto que no pagará la misma indemnización quien plagie a Antonio López que quien me plagiase a mí. Pero esa diferencia existe porque el daño reputacional sería mucho menor en mi caso, no porque mi obra sea menos obra en cuanto a “obra” que la del afamado pintor y escultor manchego.

Madrid desde Torres Blancas Antonio López

"Madrid desde Torres Blancas", de Antonio López (1936 - presente).

Mi ciudad Julia Peña

"Mi ciudad", de Julia Peña (2005 - presente).

La originalidad tampoco depende del tiempo y esfuerzo que haya dedicado el autor. Una obra creada con rotuladores Carioca en 5 minutos tendrá la misma protección que un óleo sobre lienzo en el que se hayan invertido meses de trabajo. Lo que al otro lado del charco llaman “sweat of the brow” (sudor de la frente), no influye a la hora de decidir si una obra es o no protegible por derecho de autor.

En relación con esto último hay que decir que el derecho de autor no protege los meros datos, al carecer de originalidad, por mucho tiempo y dinero que se haya invertido en su recopilación. Existe una protección para las bases de datos originales, de la que hablaremos en otra ocasión. Un ejemplo claro sobre meros datos es el de Feist vs. Rural, que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de los años noventa. Feist Publications, Inc., copió información de una guía telefónica elaborada por Rural Telephone Service Co., para después incluirla en su propia guía. A Rural, comprensiblemente, no le hizo demasiada gracia, y demandó a Feist por infracción de sus derechos de autor. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que dictó sentencia el 27 de marzo de 1991 dictaminando que los datos de la guía telefónica no son suficientemente originales como para que se les aplicase el derecho de autor.

El último teorema de Fermat en la Aritmética de Diofanato

Edición de 1670 de la Arithmetica de Diofanto, que incluye el comentario de Fermat conocido como "Último teorema" .

Por la misma falta de originalidad, el derecho de autor tampoco se extiende a las ideas (por muy originales que puedan ser), modelos de negocio, métodos, teorías, fórmulas, algoritmos matemáticos, letras, palabras, notas musicales, etc. Y no, no importa absolutamente nada el dinero y esfuerzo invertidos, o el valor intelectual que tenga el descubrimiento (piénsese, por ejemplo, en el último teorema de Fermat). Se protege la expresión concreta y original de dichas ideas, teorías, métodos… Es decir, la LPI protegerá como obra literaria el artículo científico que desarrolla y explica el nuevo descubrimiento. Pero si un tercero “sigue las instrucciones” de dicho texto y lleva a cabo el procedimiento descrito, el autor no podrá recurrir al derecho de autor para evitarlo. Podrá impedirlo acudiendo al derecho de patentes si la invención cumple los requisitos, o manteniendo el descubrimiento bajo secreto industrial, pero sólo podrá demandar por infracción de sus derechos de propiedad intelectual en caso de que alguien plagie su artículo.

Continuando con los métodos, tampoco se protegen los estilos creativos. Los herederos de Braque o de Picasso no tienen derechos sobre el cubismo, y lo mismo sucede con el fauvismo, el impresionismo, el puntillismo y el resto de “-ismos”. Sois completamente libres de hacer un retrato pop art de vuestra mascota, y de explotarlo comercialmente sin pagar royalties a los titulares de los derechos de Andy Warhol. Eso sí, luego no esperéis que os conozcan por vuestro nombre…

Por último, quedan fuera del aspecto de protección las obras que de algún modo forman patrimonio de una sociedad. Pensad por ejemplo en tallas, edificios y monumentos de toda clase, pero también en la cultura tradicional y el folklore: trajes tradicionales, versos, canciones, acertijos, enigmas, cuentos, leyendas…

Son obras que forman parte del dominio público. Imaginemos, por un momento, que sí estuviesen sujetas a derecho de autor. Los problemas surgen inmediatamente, y son imposibles de solucionar: ¿Quién es el autor, para respetar su derechos morales de paternidad e integridad de la obra? ¿Quién va a hacer de titular de los derechos para otorgar las autorizaciones y cobrar el importe que se fije? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual intentó aprobar un tratado regulador del folklore, haciendo un gran esfuerzo por dejar al margen las cuestiones políticas y discutir la parte técnica, pero presentaba estas y otras dificultades que impidieron su firma. Al final imperó el sentido común y se decidió que el folklore sería de titularidad colectiva. Sigue habiendo preocupación, sin embargo, por evitar los expolios y la desaparición de culturas minoritarias. Por lo demás cualquiera puede coger un estribillo tradicional de, por ejemplo, Camerún, e incluirlo en una de sus canciones:

En Propiedad Intelectual Hoy: Derecho de autor y originalidad (I) y Derecho de autor y originalidad (y III): ¿Qué opina el Tribunal Supremo?

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)

La propiedad intelectual es un derecho de propiedad que recibe protección constitucional en la mayoría de los países. En el caso español, está definida por el artículo 33 de la Constitución, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, en lo no previsto por esta ley, por los artículos 428 y 429 del Código civil.

La función social de la propiedad (art. 33.2 CE) se traduce en este caso en el interés por parte de toda la sociedad en el acceso libre a la cultura. Ese interés choca con la esencia del derecho a la propiedad privada, que supone la libre disposición de los bienes a perpetuidad (o hasta que se transmita su propiedad). Hay que tener en cuenta también que sin una adecuada compensación por el disfrute del resultado, no habría incentivos para la creación cultural al margen del amor al arte (y, según mis últimas investigaciones, del amor al arte no se come).

Mecenas presentando las Artes Liberales al Emperador Augusto

"Mecenas presentando las Artes Liberales al Emperador Augusto", de Giovanni Battista Tiepolo (1745)

A esto hay que añadir otra especialidad intrínseca a los derechos de propiedad intelectual: el objeto sobre el que recae es inmaterial. Tradicionalmente se hace una distinción entre el llamado corpus misticum (la obra en sí misma), en contraposición con el corpus mechanicum (el vehículo o continente de la obra). Piénsese por ejemplo en la diferencia entre “la novela” y el objeto (el libro, las páginas de papel) que la contiene. Esta distinción se ha visto difuminada conforme los avances tecnológicos permiten disfrutar de las obras en formato digital, pero eso es algo de lo que hablaremos en otra ocasión.

La solución principal ofrecida por nuestra Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI o TRLPI) a estos problemas es la misma a la que se llegó en su primer desarrollo legallos llamados derechos económicos de propiedad intelectual tienen un plazo limitado. Una vez transcurrido el plazo, cualquiera puede acceder o comercializar la obra siempre que respete los llamados derechos morales, que no caducan. Estos son (art. 14 LPI):

  • Derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada, en qué forma y bajo qué nombre (el propio, un seudónimo, anónimamente…).
  • Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, y a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
  • Derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
  • Derecho a retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
  • Derecho a acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Por tanto, yo podría hoy imprimir y comercializar copias de “El Quijote” sin tener que pagar un sólo euro a los herederos de Miguel de Cervantes. Pero esos mismos herederos podrán demandarme si no indico que fue Cervantes el que escribió la obra, o si me da por cortar o reescribir las partes que no me gustan haciendo creer que el resultado es lo que en su día escribió el autor.

Los derechos patrimoniales, por su parte, se dividen en derechos exclusivos y derechos de mera remuneración. Los derechos exclusivos permiten autorizar o prohibir el uso de la obra, por lo que el titular de los mismos tiene garantizado el control de la misma. El titular originario es el autor de la obra (art. 1 LPI) que, como sucede con otros derechos patrimoniales, puede cederlos a otras personas mediante contratos o licencias, en exclusiva o no. Aunque la ley los denomina “derechos”, son en realidad facultades de un sólo derecho de autor. Se recogen en los artículos 17 a 23 LPI, y son principalmente los siguientes:

  • Derecho de reproducción (art. 18 LPI): derecho a fijar la obra de modo que pueda ser comunicada, o puedan obtenerse más copias de la misma (por ejemplo, hacer copias del último disco de Bon Jovi).
  • Derecho de distribución (art. 19 LPI): derecho a poner a disposición del público soportes tangibles con el original o copias de la obra. (poner a la venta dichas copias del disco).
  • Derecho de comunicación pública (art. 20 LPI): derecho a realizar cualquier acto por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (emitir una o más canciones del disco por la radio). En nuestro derecho, la “distribución” digital de obras por internet se considera comunicación pública (en su modalidad de puesta a disposición).
  • Derecho de transformación (art. 21 LPI): derecho a traducir, adaptar o modificar de cualquier forma la obra, de modo que se obtenga una segunda obra diferente de la anterior. En realidad el titular no puede prohibir la propia transformación por parte de un tercero, pero sí su explotación económica.

Los derechos de mera remuneración, por el contrario, no permiten que su titular autorice o prohíba el uso de la obra. Esa pérdida de control se compensa económicamente con una cantidad que varía en función del uso que hacen los terceros de su obra. Un ejemplo claro sería el derecho de compensación por copia privada, más conocido como el “canon digital”; también hablaremos en futuras entradas de su accidentada historia y de su reciente (y, en mi opinión, equivocada) asignación a cargo de los presupuestos generales del Estado. Las principales características de estos derechos es que son inalienables (no se pueden ceder a terceros) e irrenunciables. Algunos de ellos, además, son de gestión colectiva obligatoria. Esto quiere decir que el titular no puede reclamar su parte por sí mismo, sino que ha de hacerlo a través de una entidad de gestión (como la SGAE, por ejemplo). Los terceros que usen las obras deberán pagar a las entidades de gestión y éstas, descontando los gastos de gestión, repartirán el dinero entre sus socios, que son los que verdaderamente tienen derecho a él. Al menos, esa es la teoría.

En el próximo artículo se expondrán, también de forma breve y no exhaustiva, los llamados derechos conexos y la relación de la propiedad intelectual con otros derechos inmateriales.