¿Es el titular de la línea responsable de las descargas efectuadas a través de ella?

Pareja discutiendo

"Cariño, te lo puedo explicar. Te aseguro que se han confundido de persona con esta demanda...".

Hoy hemos conocido que Liberty Media, una productora de cine para adultos, ha demandado a más de 50 ciudadanos de Massachusetts. ¿El motivo? Haber descargado y compartido a través del protocolo para el intercambio de archivos BitTorrent una película de porno gay. La “prueba” fundamental de la productora es el rastreo de las direcciones IP que han realizado las descargas. En opinión de Liberty Media, los titulares de las líneas telefónicas han de responder por las pérdidas, incluso cuando no hayan cometido efectivamente el acto ilícito (la traducción y las negritas son mías):

Los demandados no protegieron adecuadamente sus accesos a internet, ya fueran a través de un ordenador físicamente conectado a un router o accesible a varios equipos a través de una red inalámbrica. (…) La negligencia de los demandados permitió que otros copiasen y compartiesen ilícitamente la película del demandante, causándole un daño patrimonial e infringiendo sus derechos exclusivos sobre la película“.

Sobre las consecuencias jurídicas del uso de programas P2P hablaremos más adelante. De momento expondré “a vista de pájaro” los aspectos más relevantes en relación con esta noticia (si hay algún informático en la sala, que me perdone por la excesiva simplificación). La inmensa mayoría de los programas de intercambio de archivos permiten ver, de manera sencilla y sin necesidad  de demasiados conocimientos técnicos,  las direcciones IP de los ordenadores que están descargando un archivo determinado. La dirección IP es una especie de matrícula que identifica a un ordenador conectado a internet; esta dirección puede ser fija, o cambiar pasado un determinado intervalo de tiempo (IP dinámica).

La mayoría de las redes domésticas asignan direcciones IP dinámicas de manera aleatoria (de ahí que se reinicie reiniciase el router para ver más de 72 minutos seguidos en Megavideo). Sin embargo, vuestros proveedores de servicio (Telefónica, Jazztel, ONO…) pueden identificar al titular de la línea si, además de la IP (que cambia pasado un tiempo), conocen el día y la hora de dicha conexión. En ese caso, no hay confusión posible. Así como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, dos ordenadores no pueden “circular” a la vez por internet con la misma “matrícula”.

Hasta aquí bien, pero deducir de lo expuesto que el titular de la línea tiene que responder del hecho de que se efectúen descargas a través de su conexión a internet es totalmente desproporcionado. De hecho, sin forzar demasiado los supuestos que entran dentro de lo razonable, que el titular de la línea sea el que efectivamente se descarga los archivos no tiene por qué ser ni siquiera lo más probable.

Pongamos como primer ejemplo una familia compuesta por matrimonio y dos hijos en edad universitaria, que vive en un bloque de apartamentos. Lo más normal será que contraten una sola línea de ADSL, repartida a los distintos ordenadores a través de conexiones ethernet (o, como le diría a mi madre, “el cable ese que es como el del teléfono pero más gordo“) y conexiones inalámbricas. En ese caso, las descargas podrían ser realizadas por cualquier miembro de la familia. Además no es arriesgado suponer que los hijos sepan más sobre cómo funcionan “las cosas esas de internet” que sus padres. Resultado: las probabilidades de que sea el titular el que descarga son, como máximo, del 25%.

wifi_gratisPensemos a continuación en las redes inalámbricas abiertas al público: espacios de la vía pública, hoteles, cafeterías, aeropuertos, centros cívicos, universidades, bibliotecas o incluso particulares que, por filosofía o desconocimiento, ponen su red a disposición de cualquiera que esté dentro del radio de alcance. ¿Vamos a considerar al Ayuntamiento responsable de lo que cualquiera pueda hacer a través de la red pública de la ciudad?

Por último, la seguridad de los routers domésticos no es inviolable, y menos si nadie modifica la configuración por defecto. De hecho, ni siquiera hace falta que se trate de un hacker de amplios conocimientos y mayor experiencia. Vuestros propios vecinos tienen a su disposición un programa que calcula las contraseñas por defecto de las redes inalámbricas de dos de los mayores proveedores de internet. Tienen incluso un vídeo que guía a través del proceso de descifrado paso a paso. ¡Ah! Si alguno de vosotros todavía tiene su red inalámbrica con cifrado WEP, que sepa que es como ofrecer barra libre de internet a todo el que pase por allí.

Lo más “curioso” (por usar un eufemismo) es que estos motivos fueron aducidos por la Recording Industry Association of America (también productores, en este caso de discos), cuando se supo que desde sus ordenadores se habían descargado archivos protegidos por derecho de autor, como las cinco primeras temporadas de la serie “Dexter”. Es más, decidieron tomarnos por tontos alegando que las direcciones IP infractoras eran “parecidas” a las suyas. Casi hubiera preferido que se limitaran al argumento de “ha sido otro a través de mi red” (que también argumentaron y, reitero, no me parece descabellado), aunque en ese caso hubieran tenido que dar bastantes más explicaciones que cualquiera de nosotros sobre sus sistemas de seguridad. Como no podía ser de otro modo, rápidamente fueron puestos en evidencia por TorrentFreak. Vosotros, queridos lectores, también podéis satisfacer vuestra curiosidad por saber hasta qué punto han quedado registradas vuestras descargas a través del protocolo BitTorrent. Para ello sólo tenéis que entrar en la web de YouHaveDownloaded.

A título personal, creo que la dirección IP, por sí sola, no constituye nexo causal suficiente para hacer a nadie responsable del ilícito civil que supone descargar archivos bajo derecho de autor. Ahora bien, no hay que olvidar que la industria del entretenimiento lleva años defendiendo que la mera IP es prueba de culpabilidad suficiente. Pero (¡oh, sorpresa!), cuando les toca a ellos va y resulta que, como si de un patio de colegio se tratase, “no se vale”. Si quieren recuperar el respeto del público (que, a fin de cuentas, somos los que les damos de comer), comportarse con un mínimo de seriedad y olvidarse de dobles raseros sería todo un comienzo. Aquí o todos, o ninguno.

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (y II)

En el último post quedó pendiente hablar de los llamados “derechos afines” o “derechos vecinos”, y de la relación entre la propiedad intelectual y otras propiedades inmateriales. Los derechos afines son aquellos que se otorgan a determinadas personas que, aunque no pueden equipararse al autor de una obra, han realizado algún tipo de esfuerzo merecedor de recompensa. Reciben ese calificativo por la estrecha relación que tienen no con la obra en sí, sino con su difusión. Aunque en un principio pueda parecer algo injusto (después de todo el mérito creativo es del autor), la gran inversión económica necesaria para lanzarlo al mercado no se realizaría si no fuese compensada de forma suficiente.

Estudio de música (The Cowshed)

Estos derechos están regulados en el Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho sui generis sobre bases de datos, a pesar de estar incluido en dicha sección, no es verdaderamente un “derecho de propiedad intelectual” (a pesar, por ejemplo, de que los artículos 428 y 429 del Código civil sean también aplicables a las bases de datos). Ciñéndonos al resto, estos son:

  • Derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus actuaciones (arts. 105-113 LPI)
  • Derechos de los productores de fonogramas, sobre los fonogramas que produzcan (arts. 114-119 LPI)
  • Derechos de los productores de grabaciones audiovisuales, sobre las grabaciones que produzcan (arts. 120-125 LPI)
  • Derechos de las entidades de radiodifusión, sobre las transmisiones que realicen y sobre sus grabaciones (arts. 126-127 LPI)
  • Derechos de los realizadores de meras fotografías, sobre las mismas. Las meras fotografías son imágenes carentes de originalidad suficiente para ser consideradas obra fotográfica (y su realizador, por tanto, autor), pero que necesitan de la protección que les otorga el art. 128 LPI.
  • Derechos de los divulgadores obras inéditas, sobre dichas obras, y aunque al momento de la divulgación ya hubieran transcurrido 70 años desde la muerte de su autor y, por tanto, estuvieran dentro del dominio público ( arts. 129.1 y 130 LPI)
  • Derechos de los editores sobre sus ediciones, siempre que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales (arts. 129.2 y 133 LPI)

Los derechos afines son originarios, es decir, nacen cuando tiene lugar el hecho generador (se interpreta una obra musical, se produce una grabación audiovisual, se realiza una mera fotografía…). Además, son independientes de los que sus titulares puedan adquirir por título derivativo de los autores. Por ejemplo, un productor de fonogramas tendrá en su mano los derechos que necesitó del autor para grabar el disco y, además, los que le da la LPI por el hecho de haberlo producido. Son derechos de exclusiva y la mayoría de ellos sólo tienen contenido económico (los artistas son los únicos a los que se les conceden algunas facultades morales sobre sus actuaciones).

Exceptuando, como siempre, los derechos de mera remuneración, los demás derechos afines pueden transmitirse libremente. A pesar de que la LPI no menciona expresamente todas las facultades inherentes a su explotación económica (principalmente reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), la mayoría de la doctrina entiende que están incluidas a través de la remisión que hace el art. 132 LPI (aplicación subsidiaria de las disposiciones del Libro I) al art. 17 del mismo texto legal:

Las disposiciones contenidas en la sección 2.ª del capítulo III del Título II (arts. 17 a 23, es decir, derechos de explotación) y en el capítulo II del Título III,(arts. 31 a 40 bis, límites a dichos derechos) ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en el presente Libro”.

Como no podía ser de otro modo la duración de estos derechos también es limitada, con el añadido de que el plazo de protección suele ser menor. Se abandona el cómputo del plazo a partir de la vida del autor (70 años a contar desde su fallecimiento), principalmente, por ser muy frecuente que los titulares de los derechos afines sean personas jurídicas (productoras, editoriales…). Contar 70 años a partir de la extinción de una sociedad podría significar que los derechos afines durasen más incluso que los de autor (cuando el hecho generador no se considera tan meritorio). Además, ¿quién estaría legitimado para reclamar esos derechos en nombre de un ente jurídico que ya no existe y del que nadie es heredero? La duración más frecuente, por tanto, es de 50 años que empiezan a contarse, dependiendo del caso, desde la existencia del objeto o desde su divulgación.

Los derechos de propiedad intelectual no sólo son compatibles y acumulables entre sí, sino que también lo son con los derechos otorgados por la propiedad industrial. La clave para la protección por parte del derecho de autor es la originalidad (en el sentido legal del término, del que hablaremos en futuras entradas). Si se da esta originalidad, además de los requisitos exigidos por los distintos derechos industriales, el objeto será protegido por ambas propiedades inmateriales. Veamos algunos ejemplos:

  • Patentes: el art. 4 de la Ley 11/1986 de Patentes las define como “invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial“. Los programas de ordenador se protegen a través del derecho de autor, como obras literarias. A pesar de que el mismo art. 4 LP no permite que “las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas” sean objeto de patente, el software que forme parte de una invención patentable podrá ser protegido, además de por derecho de autor, por la patente.
  • Modelos de utilidad: los modelos de utilidad son “invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación” (art. 143 LP). Si los los “utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos” son suficientemente originales, podrán ser protegidos como obras escultóricas.
  • Diseño industrial: el diseño industrial es “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación” (art. 1 LPJDI). La protección como obras escultóricas es especialmente relevante en el llamado arte aplicado, es decir, objetos más o menos cotidianos cuyo diseño les otorga un valor añadido (útil, estético o ambos). Las consecuencias distan de irrelevantes, ya que los meros diseños son protegidos durante 20 años, mientras que las obras, recordemos, cuentan con una protección de 70 años post mortem auctoris.
  • Marcas y nombres de dominio: El art. 10.2 LPI establece que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella“. Si al autor además se le concede el registro como marca o como nombre de dominio, podría darse el caso de que su protección industrial sobreviviese incluso a la protección otorgada por el derecho de autor. En principio, mientras se paguen las tasas correspondientes, el derecho de marca y el nombre de dominio pueden renovarse eternamente.
Museo de las artes y los oficios de Frankfurt
El Museo de Artes y Oficios de Frankfurt (Museum für Angewandte Kunst) alberga una de las mejores colecciones de arte aplicado de Europa

En Propiedad Intelectual Hoy: Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)

La propiedad intelectual es un derecho de propiedad que recibe protección constitucional en la mayoría de los países. En el caso español, está definida por el artículo 33 de la Constitución, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, en lo no previsto por esta ley, por los artículos 428 y 429 del Código civil.

La función social de la propiedad (art. 33.2 CE) se traduce en este caso en el interés por parte de toda la sociedad en el acceso libre a la cultura. Ese interés choca con la esencia del derecho a la propiedad privada, que supone la libre disposición de los bienes a perpetuidad (o hasta que se transmita su propiedad). Hay que tener en cuenta también que sin una adecuada compensación por el disfrute del resultado, no habría incentivos para la creación cultural al margen del amor al arte (y, según mis últimas investigaciones, del amor al arte no se come).

Mecenas presentando las Artes Liberales al Emperador Augusto

"Mecenas presentando las Artes Liberales al Emperador Augusto", de Giovanni Battista Tiepolo (1745)

A esto hay que añadir otra especialidad intrínseca a los derechos de propiedad intelectual: el objeto sobre el que recae es inmaterial. Tradicionalmente se hace una distinción entre el llamado corpus misticum (la obra en sí misma), en contraposición con el corpus mechanicum (el vehículo o continente de la obra). Piénsese por ejemplo en la diferencia entre “la novela” y el objeto (el libro, las páginas de papel) que la contiene. Esta distinción se ha visto difuminada conforme los avances tecnológicos permiten disfrutar de las obras en formato digital, pero eso es algo de lo que hablaremos en otra ocasión.

La solución principal ofrecida por nuestra Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI o TRLPI) a estos problemas es la misma a la que se llegó en su primer desarrollo legallos llamados derechos económicos de propiedad intelectual tienen un plazo limitado. Una vez transcurrido el plazo, cualquiera puede acceder o comercializar la obra siempre que respete los llamados derechos morales, que no caducan. Estos son (art. 14 LPI):

  • Derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada, en qué forma y bajo qué nombre (el propio, un seudónimo, anónimamente…).
  • Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, y a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
  • Derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
  • Derecho a retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
  • Derecho a acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Por tanto, yo podría hoy imprimir y comercializar copias de “El Quijote” sin tener que pagar un sólo euro a los herederos de Miguel de Cervantes. Pero esos mismos herederos podrán demandarme si no indico que fue Cervantes el que escribió la obra, o si me da por cortar o reescribir las partes que no me gustan haciendo creer que el resultado es lo que en su día escribió el autor.

Los derechos patrimoniales, por su parte, se dividen en derechos exclusivos y derechos de mera remuneración. Los derechos exclusivos permiten autorizar o prohibir el uso de la obra, por lo que el titular de los mismos tiene garantizado el control de la misma. El titular originario es el autor de la obra (art. 1 LPI) que, como sucede con otros derechos patrimoniales, puede cederlos a otras personas mediante contratos o licencias, en exclusiva o no. Aunque la ley los denomina “derechos”, son en realidad facultades de un sólo derecho de autor. Se recogen en los artículos 17 a 23 LPI, y son principalmente los siguientes:

  • Derecho de reproducción (art. 18 LPI): derecho a fijar la obra de modo que pueda ser comunicada, o puedan obtenerse más copias de la misma (por ejemplo, hacer copias del último disco de Bon Jovi).
  • Derecho de distribución (art. 19 LPI): derecho a poner a disposición del público soportes tangibles con el original o copias de la obra. (poner a la venta dichas copias del disco).
  • Derecho de comunicación pública (art. 20 LPI): derecho a realizar cualquier acto por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (emitir una o más canciones del disco por la radio). En nuestro derecho, la “distribución” digital de obras por internet se considera comunicación pública (en su modalidad de puesta a disposición).
  • Derecho de transformación (art. 21 LPI): derecho a traducir, adaptar o modificar de cualquier forma la obra, de modo que se obtenga una segunda obra diferente de la anterior. En realidad el titular no puede prohibir la propia transformación por parte de un tercero, pero sí su explotación económica.

Los derechos de mera remuneración, por el contrario, no permiten que su titular autorice o prohíba el uso de la obra. Esa pérdida de control se compensa económicamente con una cantidad que varía en función del uso que hacen los terceros de su obra. Un ejemplo claro sería el derecho de compensación por copia privada, más conocido como el “canon digital”; también hablaremos en futuras entradas de su accidentada historia y de su reciente (y, en mi opinión, equivocada) asignación a cargo de los presupuestos generales del Estado. Las principales características de estos derechos es que son inalienables (no se pueden ceder a terceros) e irrenunciables. Algunos de ellos, además, son de gestión colectiva obligatoria. Esto quiere decir que el titular no puede reclamar su parte por sí mismo, sino que ha de hacerlo a través de una entidad de gestión (como la SGAE, por ejemplo). Los terceros que usen las obras deberán pagar a las entidades de gestión y éstas, descontando los gastos de gestión, repartirán el dinero entre sus socios, que son los que verdaderamente tienen derecho a él. Al menos, esa es la teoría.

En el próximo artículo se expondrán, también de forma breve y no exhaustiva, los llamados derechos conexos y la relación de la propiedad intelectual con otros derechos inmateriales.