El caso Rojadirecta, o cómo el que rompe (de momento) no paga

Hace más de año y medio, concretamente el 1 de febrero de 2011, nos desayunábamos con la noticia de que Estados Unidos había bloqueado en todo el mundo el acceso al dominio rojadirecta.org. Un día después, el secuestro se extendió a su “hermana” rojadirecta.com. Al introducir en nuestro navegador cualquiera de las dos direcciones, podía verse un aviso similar al que ilustró las crónicas del cierre de Megaupload.

El motivo de dicho bloqueo es que a través de dichos portales se enlazaba a otras páginas a través de las cuales se podían ver distintos eventos deportivos por streaming. Según la Fiscalía, la actividad de enlazar constituía un delito contra el copyright de los titulares de derechos de los partidos retransmitidos.

Puerto 80 Projects, S.L.U., titular de los sites objeto del bloqueo, intentó contactar repetidamente con la oficina del fiscal. Finalmente, en mayo de 2011, el Gobierno le ofreció la devolución de los dominios a cambio de que Puerto 80 introdujera medidas tecnológicas con el fin de que no se pudiera enlazar a ningún contenido de Estados Unidos desde cualquiera de sus páginas. Dejando aparte el nada despreciable coste de esa clase de medidas, está claro que las mismas impedirían otro tipo de conductas plenamente lícitas por parte de los usuarios. Motivo por el que Puerto 80 decidió plantar cara en los tribunales.

El fundamento del bloqueo consistía en que, aparentemente, el mero enlace a contenidos protegidos por el derecho de autor era constitutivo de delito. Ese fue el primer error de fondo de la Fiscalía, ya que un enlace es un mero dato fáctico, una indicación que le dice al ordenador “eso que buscas está en ese otro sitio”. Hay, sin embargo, quien asemeja el enlace a la comunicación pública, pero esa es otra discusión para otro día. El segundo error de base fue la falta de comprobación. Es decir, sabiendo que Rojadirecta enlazaba a otras páginas web, no se aportó ningún tipo de prueba que demostrara que los titulares de las páginas enlazadas, que eran las que efectivamente estaban emitiendo en streaming, eran los mismos que los de Rojadirecta.

No me hubiera extrañado que Puerto 80 hubiera ganado en los tribunales gracias, en su mayor parte, a estas faltas de diligencia. Sin embargo es el propio Gobierno de los Estados Unidos el que se ha echado atrás:

El Gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la Corte que, como resultado de cierta jurisprudencia reciente en la que se plantean cuestiones que afectan al escrito de acusación anteriormente referido, y a la luz de las circunstancias particulares del presente litigio, el Gobierno trata ahora de desistir de su petición de confiscación. La decisión de solicitar la desestimación del presente caso favorecerá la economía judicial y servirá a los intereses de la Justicia [traducción libre].

Entre esa jurisprudencia más reciente al respecto, cabe destacar el caso Flava Works vs. myVidster PI, que enfrentaba a una productora de pornografía gay (Flava Works) con un portal en el que los usuarios compartían y recomendaban enlaces a los vídeos en cuestión. En la sentencia, el Juez Posner no negaba que los usuarios se estaban “saltando la valla” para ver los vídeos sin pagar, pero argumentaba que mientras los usuarios no hicieran sus propias copias, no infringirían el copyright de la productora.

El Juzgado ya ha ordenado que se devuelvan los dominios “.com” y “.org” a Puerto 80, aunque a día de hoy ambos aún redirigen a rojadirecta.me. La titular de los portales ya ha iniciado acciones legales contra el Gobierno de Estados Unidos, y con razón. Para empezar, como explica con su habitual criterio Jorge Campanillas, dado que los servidores se encontraban fuera de su territorio, han ido contra los registries que otorgan los nombres de dominio.  Esto, en la práctica, supone dirigirse directamente al ICANN y, por ende, la jurisdicción sobre una gran parte de lo que hoy conocemos como “internet”.

logo ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)No voy a defender desde estas líneas que el ICANN no esté sometido a ninguna clase de control en esta Tierra, pero esta no es la primera ocasión en la que Estados Unidos se comporta como un abusón de patio de colegio imponiendo su legislación a todo el mundo. ¿De qué sirven nuestras leyes, procedimientos y garantías, si luego se hace la voluntad del estado que aloje a las empresas e instituciones que sustentan la red? Por ello espero que las pretensiones indemnizatorias de Puerto 80 se vean satisfechas. Al menos, en una parte lo suficientemente grande como para servir de advertencia. En caso contrario se daría la impresión de que un gobierno puede, cuando le venga en gana, cerrar cualquier web para todo el mundo durante más de año y medio, sin ningún tipo de consecuencia por las pérdidas económicas generadas.

Este caso dio que hablar en España, no sólo porque nos guste ver fútbol gratis (que también), sino también porque el Auto 364/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, referido entre otros a Rojadirecta, ya había considerado que el enlace a contenidos no es constitutivo de delito. Además, por aquel entonces estaba pendiente de aprobación la Ley Sinde-Wert, principalmente dirigida contra los sitios de enlaces. En este sentido,  recomiendo la lectura de un post de David Maeztu, acerca de la posibilidad de que el titular de los derechos se dirija contra un proveedor de servicios de la sociedad de la información (arts. 17 LSSI y 138 LPI).

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El caso “Megakini vs. Google” o la excesiva rigidez de nuestra Ley de Propiedad Intelectual

A principios del pasado mes de abril se publicó la sentencia del Tribunal supremo en el caso Megakini vs. Google, que desestima el recurso de casación interpuesto contra otra histórica sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2008.

La controversia se inició cuando el administrador de la página www.megakini.com demandó a Google por la reproducción parcial de fragmentos del site al presentar los resultados de búsqueda, la reproducción caché de la web y la provisión de enlaces a dichas copias caché.

Sir Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle, autor entre otras de las novelas de Sherlock Holmes.

El supuesto de hecho me recuerda un poco a un personaje de la novela de Sir Arthur Conan Doyle El sabueso de los Baskerville. Un sujeto que consume todo su tiempo y dinero en pleitos y pretensiones que, aunque amparadas por la letra de la ley, distan bastante de su espíritu. En este caso el demandante, en lugar de solicitar algo razonable como la eliminación de su página de los resultados de búsqueda y/o de la caché del gigante de Mountain View, pretendía el cierre del buscador, una indemnización por daños y perjuicios de 2.000 €, y la publicación íntegra del fallo en el diario La Vanguardia.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron estas pretensiones. La extraordinaria relevancia del caso se debe a la argumentación desarrollada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que convertía a la famosa “regla de los tres pasos” (art. 40 bis LPI) en un nuevo límite a los derechos exclusivos de autor, sustituyendo su habitual función como criterio interpretativo de dichos límites.

Esta interpretación, inspirada en el fair use del derecho americano, es mantenida por el Tribunal Supremo en los siguientes términos:

“Sin embargo no es menos cierto que el art. 40 bis LPI, como disposición común a todas las del capítulo primero del título III, en el que se encuadra el art. 31, tiene un valor interpretativo no solo y exclusivamente negativo (“Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse…”), sino también positivo, en cuanto enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites o, si se quiere, la necesidad de la licencia del autor como regla general (“perjuicio injustificado a los intereses legítimos” o “detrimento de la explotación normal de las obras”).

Esto permite que la denominada regla, prueba o test “de los tres pasos” contenida en el art. 40 bis pueda considerarse como manifestación especial en la LPI de la doctrina del ius usus inocui, del principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena (art. 7.1 CC), del principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho delimitado (…)”.

Sin embargo, el propio Tribunal es plenamente consciente de que la actividad de Google en este caso “requeriría en principio la autorización del autor de la página web”. También reconoce la especialidad de la propiedad intelectual en el sentido de que se trata de “un sistema de protección de derechos fundado en la necesidad de autorización del titular salvo que concurra alguna de las excepciones establecidas por la ley, siguiendo el método del catálogo o lista exhaustiva, es un sistema cerrado, en el sentido de no admitir más excepciones a la necesidad de autorización que las expresamente establecidas”. Es decir, que siguiendo la literalidad de la Ley de Propiedad Intelectual, para que la actividad de Google fuera lícita necesitaría contar con el permiso de todos los titulares de derechos de todas las páginas web que reprodujese (algo a todas luces absurdo).

Una vez abierta la caja de Pandora, hay opiniones para todos los gustos. Hay quien cree que referirse a la sentencia como “el fallo” es más acertado que nunca, mientras que otros recuerdan que la propiedad intelectual, aun siendo una propiedad especial, no deja de estar sujeta a esa función social en la que el Supremo funda su decisión. Un ejemplo de ello sería la caducidad de los derechos de explotación a los setenta años tras la muerte del autor.

Googlebot

La araneae google communis se alimenta principalmente de textos en HTML, CSS, javascript, ASP y PHP.

Personalmente, coincido con lo que escribía recientemente Andy Ramos en su blog: la decisión final es la acertada, pero se hubieran ahorrado muchos problemas si, en vez de estirar y retorcer el art. 40 bis como si de un chicle se tratase, el Supremo hubiera acudido a la doctrina de los actos propios.

Después de todo, cuando uno cuelga una web está admitiendo implícitamente que esta sea indexada y reproducida en copis caché por buscadores, ISPs… Y, si no se desea, evitarlo es tan fácil como editar el archivo robot.txt para que, al leerlo, las “arañas” de los buscadores pasen de largo. Todo ello sin entrar en la absurda pretensión de que el buscador cesara toda su actividad. Como bien se pone de manifiesto en la sentencia, “pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, como no sea fama, notoriedad o la propia indemnización pedida en la demanda”.

Consciente de la trascendencia de esta resolución, el Supremo reitera en más de uno de sus párrafos que no se trata de una unificación de su doctrina jurisprudencial:

“(…) el recurso de casación por interés casacional no está destinado a fijar o unificar doctrina jurisprudencial sin efectos sobre situaciones jurídicas particulares derivadas de sentencias determinadas (…) muy al contrario, la sentencia que se dicte por esta Sala, si llegara a considerar fundado el recurso, habrá de casar la resolución impugnada y resolver “sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiese producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de jurisprudencia” aunque sin afectar “a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada, que se hubieren invocado” (art. 487.3 LEC)”.

“En suma, los tribunales no resuelven polémicas doctrinales sino que se pronuncian sobre pretensiones concretas examinándolas conforme a las normas aplicables en la materia de que se trate”.

La desestimación del recurso no supone la creación judicial de una nueva excepción no contemplada en la ley ni legitimar las actividades de Google aquí enjuiciadas por la excepción del art. 31.1 LPI. (…) porque ni un sistema cerrado de excepciones tiene por qué llegar al extremo de prever hipótesis absurdas ni la interpretación de la LPI puede desligarse de su finalidad protectora de los derechos de autor ni, en fin, y por la misma razón, su interpretación puede favorecer pretensiones arbitrarias y dirigidas a perjudicar a otro sin beneficio propio”.

Como puede verse, este es otro caso en el que nuestra Ley de Propiedad Intelectual demuestra, una vez más, su excesiva rigidez. El Derecho está condenado a ir siempre por detrás de la realidad social, pero en materias como la propiedad intelectual, la propiedad industrial o las tecnologías de la información, esta diferencia es aún más pronunciada. En palabras del Supremo:

“(…) hoy puede decirse que a medida que crece el número de normas escritas mayor relevancia adquieren los principios, ya que, por un lado, se multiplican las posibilidades de antinomias y, por otro, siempre quedarán casos sin regular de una forma inequívoca”.

Por ello se hace necesario un especial esfuerzo del legislador para que las leyes sean capaces de acoger las consecuencias del avance tecnológico. Incluso aunque en el momento de su redacción estas fueran imposibles de imaginar siquiera, y empezando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual, actualmente en sus últimos meses de gestación.

¿Sueñan los androides de gestión con aularios virtuales eléctricos?

Oficinas CEDRO Calle de Miguel Ángel

Oficinas de CEDRO, en la Calle Miguel Ángel (Madrid).

Actualización [11-04-2012]: Según informa ABC en su edición digital, CEDRO ha demandado también a la Universidad Autónoma de Barcelona. Según la entidad de gestión, la UAB sólo tendría que dedicar el 0,5% de su presupuesto a la adquisición de la licencia necesaria para el campus virtual.

Recientemente hemos sabido que CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos) ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo de la demanda parece ser la comunicación pública por parte de dicha universidad de obras protegidas por derecho de autor a través del campus virtual.

CEDRO es la entidad de gestión de derechos de autor del sector de los libros (“la SGAE de las fotocopias”, vamos). Tiene encomendada la gestión de los derechos sobre las obras de sus miembros (concesión de licencias, etc.) y, por imperativo legal, se encarga del reparto del dinero recaudado en concepto de compensación por copia privada (el famoso “canon”).

Al parecer los profesores de la Universidad Carlos III han colgado en el campus virtual artículos, libros… protegidos por derecho de autor sin contar con la licencia necesaria. Las universidades llevan años pagando licencias por las fotocopias, en función de las máquinas a disposición de los alumnos y del número de estos. Sin embargo, según CEDRO sólo tres de los setenta y cinco centros españoles cuentan con licencia para comunicar públicamente obras a través de sus respectivos portales web: IE Universidad, la Universidad Internacional de la Rioja y la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Hace varios años (desde 2005 si no recuerdo mal) que CEDRO intenta sin éxito llegar a un acuerdo con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), y esa es la verdadera razón que hay tras la demanda: “La cuestión no es tanto económica como llamar la atención y conseguir que se sienten a negociar”. En mi opinión, a la entidad de gestión no le quedaba otra salida por varios motivos.

Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III (Getafe). Foto por Miguel303xm.

En primer lugar, los aularios virtuales son un sistema comodísimo tanto para los profesores como para los alumnos: los primeros no tienen que ocuparse de hacer mandar al becario que haga fotocopias, y los segundos pueden acceder al material en cualquier momento y lugar. Además, gracias a las excesivas cantidades de dinero caídas de los cielos de las 17 consejerías de Educación para “fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las universidades”, raro es el centro que no ofrece un servicio de esta clase. El resultado no es otro que una pronunciada reducción del número de fotocopias realizadas, y de la consiguiente  recaudación de CEDRO por este concepto.

CEDRO considera que la mejor solución es otra “tarifa plana”, como la que se emplea para las fotocopias. En este caso, las universidades deberían pagar 5 € por alumno y curso, a cambio de que sus estudiantes puedan utilizar sin límites contenidos protegidos en el campus virtual. La recaudación total ascendería a la módica cantidad de 8 millones de euros por curso académico.

En segundo lugar, los profesores universitarios cuelgan sin ninguna clase de reparo no ya fragmentos, sino obras enteras escaneadas. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan con voluntad de causar un perjuicio económico: muchas veces las obras han sido escritas por colegas de profesión, cuando no por ellos mismos. Pero sí hay mucho desconocimiento, y la falsa creencia de que puede hacerse “porque no hay ánimo de lucro”, “porque el fin es educativo”, “porque a la intranet sólo pueden acceder los alumnos matriculados”… Y no es así.

En tercer lugar, peligra seriamente la mayoría del dinero que CEDRO venía recaudando en concepto de compensación por copia privada. La STJCE en el caso Padawan anula la aplicación indiscriminada del “canon” a empresas y profesionales. Considera el Tribunal que un sistema de compensación equitativa por copia privada sólo es compatible con la normativa comunitaria:

en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.

(…) Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“.

Fotocopias Universidad

Servicio de reprografía de una universidad cualquiera. Foto por J2daM.

El sistema que se implementó en España gravaba en función directamente proporcional a la capacidad de copia de la máquina. ¿Quién creéis que compra máquinas con mayor número de copias por minuto, los particulares o las empresas y profesionales? De momento parece que están salvando los muebles tras la última reforma aberración jurídica que carga la compensación por copia privada a los presupuestos generales del Estado. Hablaremos más a fondo sobre este despropósito en futuras entradas, al tratar el concepto de copia privada.

Por desgracia para CEDRO, la jugada no sólo era la única que le quedaba, sino que tiene sus riesgos. Es más que probable que se cuestione la justificación que hay tras las pretensiones recaudatorias de la entidad de gestión. En palabras de Javier de la Cueva, el abogado que ha asesorado a la CRUE estos meses, las universidades “ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación (…) y ahí entran los derechos de autor”.

CEDRO, al ser la única entidad de gestión de su sector, es la única competente para recaudar el “canon” generado por las copias privadas (es un derecho meramente remuneratorio de gestión colectiva obligatoria). El repertorio que controla a este fin se extiende a la práctica totalidad de las obras impresas (art. 4 de los estatutos de CEDRO). Sin embargo, según de la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores [los profesores universitarios] que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores. (…) No se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se pagan a Cedro”.

Aunque CEDRO defienda que en las universidades se copian libros de todo tipo en la misma proporción, no puedo estar de acuerdo. Tanto de mi experiencia personal, como de la de los docentes con los que he hablado, extraigo que la mayoría de las obras reproducidas en las universidades son artículos y manuales escritos, precisamente, por profesores de universidad.

Por último, CEDRO podría llegar a tener otro motivo de preocupación. Los criterios de reparto de lo recaudado por copia privada los fija la propia CEDRO, en función de un estudio estadístico también elaborado por ella. No sería la primera vez que una entidad de gestión recauda según sus propios criterios, proclama sin cesar su transparencia, supera las auditorías de cuentas solicitadas por el Ministerio de Cultura (art. 159 LPI), y luego pasa lo que pasa

Autoría y personalidad: ¿quién puede ser autor?

La LPI otorga de manera originaria todos los derechos a la persona del autor. Ahora bien, ¿qué debemos entender por “autor”? La propia LPI recoge el concepto en su art. 5.1:

Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

La primera consideración que cabe hacer al respecto es que la condición de autor, a diferencia de lo que sucede con otros derechos inmateriales, depende del mero hecho de la creación (y no de la inscripción en un registro). Además, dicha condición es intransmisible (ya sea inter vivos o mortis causa), no entra en el dominio público y no es susceptible de prescripción. Puedes ceder los derechos sobre tu obra para que otro la explote económicamente, pero no puedes desprenderte de la autoría en sí misma.

Como ya vimos, los conceptos de obra, autoría y originalidad están íntimamente relacionados. Podríamos delimitar las características del autor como la persona natural, adulta, capaz e identificada que crea (motu proprio y ex novo) una obra original. Aunque caben supuestos de coautoría, y de autoría en colaboración (de los que hablaremos en futuras entradas), hay participaciones en la creación de la obra que, por su escasa entidad, no se recompensan con la condición de autor:

  • El inspirador de una idea que el autor aprovechó para materializar en una obra (hay que recordar que el derecho de autor no protege las ideas). Tampoco sería autora la persona cuya vivencia es aprovechada por un tercero (memorias, biografías…). Eso sí, si ese tercero se dedica a transcribir lo que se le dicta, será un mero ejecutante (la autoría corresponderá al narrador).
  • El comitente de una obra (el que la encarga), o aquel para quien el autor presta servicios remunerados (aunque hay una presunción de cesión de derechos en favor de este último en el art. 51 LPI, el empleador no se convierte en autor).
  • El coordinador de actividades artísticas ajenas (director de teatro, productor fonográfico, coordinador de una exposición…).
  • El jugador de un videojuego no es autor respecto de las imágenes que produce con su manipulación de la videoconsola. Esto es así porque su libertad creativa es aparente: en realidad, todo aquello que pueda hacer, los “bichos” que pueda matar o los objetos que pueda recoger ha sido previsto y limitado de antemano al escribir el código del juego.

Por otro lado, como hemos dicho, el autor ha de ser identificable. Este requisito no exige que se conozca al autor, sino que exista la posibilidad de llegarlo a conocer (piénsese en el Lazarillo de Tormes, cuya autoría no pudo determinarse hasta hace poco). En cambio, el folklore es un claro ejemplo en el que, aunque hay obra, no puede atribuirse la autoría al no poder identificarse al creador o creadores.

Asimismo, las notas de “adulta” y “capaz” no exigen que la persona haya alcanzado una edad determinada. El requisito es que haya existido una mínima consciencia, una intención de crear. Por ello los menores podrán ser considerados autores siempre que exista ese componente de intencionalidad. No se requiere “libertad” en el sentido de que cabe la creación por obligación (obras creadas por empleados, o por encargo).

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Pockets Warhol, simpático mono y reconocido pintor. Fuente: Daily Mail

El autor ha de ser “persona”, lo que excluye las “creaciones” generadas por elementos de la naturaleza (fósiles, erosión…), animales (por mucho éxito comercial que tenga su resultado) u ordenadores. En este último caso es necesario precisar que los programas de ordenador sí están protegidos por la propiedad intelectual. También lo están aquellas obras creadas por personas mediante un ordenador: el ratón es una herramienta tan válida como los pinceles. En cambio, si la “obra” está enteramente generada por ordenador, sin tener detrás una voluntad humana tomando decisiones creativas y ejerciendo el control, no se puede hablar de autoría (ni siquiera para otorgársela al autor del “programa creador”).

Sin embargo, la nota que más discusiones doctrinales ha generado es la de persona “natural”, en relación con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser consideradas como autoras.

La corriente mayoritaria, aunque no de manera abrumadora, considera que sólo las personas físicas pueden ser autoras. La otra corriente sostiene que el Derecho español no repudia expresamente la atribución de autoría a las personas jurídicas. Es más, el art. 5.2 LPI permite que las personas jurídicas sean titulares originarias de derechos de propiedad intelectual (el ejemplo más claro son los programas de ordenador, art. 97.1LPI).

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Nell McAndrew, la modelo en cuestión, posando como Lara Croft. Fuente: blogodisea.com

Además, hay resoluciones que parecen apoyar esta segunda tesis, como la recaída en el caso Lara Croft. En ella la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la revista Interviú por publicar un reportaje de una modelo desnuda caracterizada como la famosa arqueóloga. La clave del caso es que se concedió una indemnización a Core Design Ltd. por daños morales” (y sólo los autores pueden ser titulares del derecho moral a la integridad de la obra).

Personalmente, considero que detrás de las personas jurídicas han de estar necesariamente los actos de personas físicas, y sólo estas últimas tenemos capacidad para crear. En cualquier caso, se trata de un debate puramente académico y estéril en la práctica. A las empresas les importa bastante poco ser o no autoras si la LPI ya les otorga la titularidad originaria de los derechos. Además, las facultades morales se ven suplidas en numerosos casos a través de las acciones que conceden la Ley de Marcas o la Ley de Competencia Desleal.

Obras protegidas por la propiedad intelectual (II)

Tras la pausa para el café, continuamos con la lista abierta de tipos de obra protegidos por la propiedad intelectual (art. 10 LPI).

c. Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

Teatro de la Ópera de Viena

Teatro de la ópera de Viena. Foto por Daniel Yeow.

Esta clase engloba, entre otros: el teatro, las marionetas, la ópera, las coreografías, las pantomimas… En ocasiones puede dudarse sobre si cabe calificar a alguien como intérprete o como autor, sobre todo en casos de improvisación (Compañía L’Om Imprebis), o cuando las indicaciones del autor del libreto son muy sucintas.

En este sentido cabe destacar que, al contrario de lo que sucede en la obra audiovisual, el director de teatro no tiene la condición de autor. Se duda también sobre la condición de autor del director de escena, ya que algunas adaptaciones son, sin duda, originales en el sentido de la LPI. Las obras escénicas pueden además incluir otro tipo de obras protegidas que reciben protección por sí mismas (decoración, vestuario…). Otros casos dudosos en cuanto a su originalidad creativa podrían ser el fútbol, los toros, la gimnasia artística, el patinaje sobre hielo… Aunque hay otros supuestos en que no cabe la más mínima duda, como sucede con el Circo del Sol. Tal y como decíamos en otra ocasión, las expresiones culturales del folklore tradicional pertenecen a la comunidad y no son susceptibles de apropiación a través de la propiedad intelectual.

d. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

Logo_León_Metro_Goldwyn_MayerSegún el art. 86 LPI, las obras audiovisuales son “creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras“.

Teniendo en cuenta la variedad de aportaciones creativas, se considera como autores de la misma al director, al guionista y al compositor de la banda sonora.

e. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

Mickey Mouse Aprendiz de Brujo

Mickey Mouse, el Aprendiz de Brujo. Foto por Loren Javier.

En las obras plásticas, la expresión de la subjetividad del autor se produce mediante una combinación de formas y colores: pintura, dibujo, grabado, escultura, arquitectura, tapices, jardinería, interiores, cómic, elementos plásticos en videojuegos… En estos casos, muchas veces la originalidad viene determinada por el material empleado (esculturas hechas con botones, con excrementos…). Otras veces, la originalidad está en la ejecución (piénsese en dos pintores inspirándose en el mismo paisaje, pero dando lugar a dos pinturas distintas). Y en otras, lo original es la propia concepción (un simpático ratón con forma y comportamiento humanos).

En la propiedad intelectual, hay una división esencial entre lo que es la obra (corpus mysticum) y el soporte que la contiene y permite su disfrute (corpus mechanicum). Los derechos patrimoniales sobre la obra existen al margen del soporte, por lo que alguien que adquiere un cuadro o una escultura no tiene, por la mera compra, derecho a explotar la obra (art. 56 LPI). Aunque haya adquirido el único ejemplar existente de dicha obra. A pesar de ello, el adquirente sí tiene “derecho de exposición”: podrá exponer públicamente la obra, salvo que el autor haya excluido expresamente este derecho de la compraventa. En futuras entradas hablaremos sobre otro importante derecho que afecta a las obras plásticas, el conocido como droit de suite (derecho de persecución, antiguo art. 24 LPI derogado por la Ley 3/2008). Por último, entran dentro de esta clase las obras de arte aplicado, siempre que sean suficientemente originales y con independencia de que también sean protegibles a través de la propiedad industrial.

f. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

Bloque de Apartamentos

Un bloque de apartamentos como cualquier otro. Foto por SveterCZE.

Tanto sobre los proyectos, planos y maquetas, como sobre los gráficos y mapas, hay poco que decir. Como también vimos, los requisitos de originalidad son bastante relajados. También hay otra causa, y es que su objetivo principal no es expresar la subjetividad de su autor. Puede que algún arquitecto se me eche las manos a la cabeza, pero todos estamos de acuerdo en que, al igual que no se puede proteger del mismo modo la Sagrada Familia que el bloque de apartamentos de la esquina, lo mismo ha de suceder con sus planos y maquetas. En mi opinión, la libertad creadora del arquitecto está intrínsecamente sometida a la utilidad práctica del resultado. Pero es algo que no impide que sus obras se protejan si alcanzan originalidad suficiente.

La fotografía es un caso distinto, en el que el debate está lejos de cerrarse. Tanto la jurisprudencia como la doctrina están de acuerdo en que hay una distinción fundamental entre la mera fotografía y la obra fotográfica. Sobre los criterios de ambas para establecer si hay originalidad o no hablaremos más adelante. De momento, baste decir que contrariamente a lo que se pudiera llegar a pensar la originalidad no depende del valor económico de la imagen capturada, y que en aquellos casos en que se fotografíe a otras personas habrá que tener en cuenta el derecho al honor y a la propia imagen de los retratados.

i. Los programas de ordenador.

Nuevo logo de Windows 8

El nuevo logo de Microsoft para Windows 8

Los programas de ordenador se protegen como obras literarias, aunque hay numerosas voces discordantes que lo consideran una mera innovación tecnológica. En cualquier caso, según el art. 96 LPI, se entiende por programa de ordenador “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación“. La protección se extiende también a la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso. También hay que tener en cuenta que las personas jurídicas pueden ser titulares originarias de los derechos (art. 97 LPI). Es uno de los argumentos que se esgrimen en el eterno debate sobre si la creación es o no algo exclusivo de las personas físicas.

En mayor o menor relación con los programas de ordenador encontramos las obras multimedia y las páginas web. Las obras multimedia combinan vídeo, sonido, imágenes estáticas… gracias a un programa de ordenador. Las páginas web son documentos situado en una red informática, a los que se accede mediante enlaces de hipertexto (de ahí el “http://” que podéis encontrar en la barra URL de vuestro navegador).

En ambos casos no hay que confundir estas obras con los elementos que incorporan (ficheros, gráficos, fotografías, imágenes, vídeos, música…), que en muchas ocasiones son susceptibles de protección independiente. De las páginas web se protege:

  • El código fuente, como programa de ordenador.
  • El diseño de la página (presentación visual), siempre que sea original. Y no, el hecho de escoger una plantilla de 1and1 o similares no te da derechos sobre su diseño.
  • Los elementos independientes incorporados a cada página. El titular de la página, si no es autor de los mismos, necesita contar con el derecho de comunicación pública para incluirlos en su web.

En Propiedad Intelectual Hoy: Obras protegidas por la propiedad intelectual (I)

¿Es el titular de la línea responsable de las descargas efectuadas a través de ella?

Pareja discutiendo

"Cariño, te lo puedo explicar. Te aseguro que se han confundido de persona con esta demanda...".

Hoy hemos conocido que Liberty Media, una productora de cine para adultos, ha demandado a más de 50 ciudadanos de Massachusetts. ¿El motivo? Haber descargado y compartido a través del protocolo para el intercambio de archivos BitTorrent una película de porno gay. La “prueba” fundamental de la productora es el rastreo de las direcciones IP que han realizado las descargas. En opinión de Liberty Media, los titulares de las líneas telefónicas han de responder por las pérdidas, incluso cuando no hayan cometido efectivamente el acto ilícito (la traducción y las negritas son mías):

Los demandados no protegieron adecuadamente sus accesos a internet, ya fueran a través de un ordenador físicamente conectado a un router o accesible a varios equipos a través de una red inalámbrica. (…) La negligencia de los demandados permitió que otros copiasen y compartiesen ilícitamente la película del demandante, causándole un daño patrimonial e infringiendo sus derechos exclusivos sobre la película“.

Sobre las consecuencias jurídicas del uso de programas P2P hablaremos más adelante. De momento expondré “a vista de pájaro” los aspectos más relevantes en relación con esta noticia (si hay algún informático en la sala, que me perdone por la excesiva simplificación). La inmensa mayoría de los programas de intercambio de archivos permiten ver, de manera sencilla y sin necesidad  de demasiados conocimientos técnicos,  las direcciones IP de los ordenadores que están descargando un archivo determinado. La dirección IP es una especie de matrícula que identifica a un ordenador conectado a internet; esta dirección puede ser fija, o cambiar pasado un determinado intervalo de tiempo (IP dinámica).

La mayoría de las redes domésticas asignan direcciones IP dinámicas de manera aleatoria (de ahí que se reinicie reiniciase el router para ver más de 72 minutos seguidos en Megavideo). Sin embargo, vuestros proveedores de servicio (Telefónica, Jazztel, ONO…) pueden identificar al titular de la línea si, además de la IP (que cambia pasado un tiempo), conocen el día y la hora de dicha conexión. En ese caso, no hay confusión posible. Así como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, dos ordenadores no pueden “circular” a la vez por internet con la misma “matrícula”.

Hasta aquí bien, pero deducir de lo expuesto que el titular de la línea tiene que responder del hecho de que se efectúen descargas a través de su conexión a internet es totalmente desproporcionado. De hecho, sin forzar demasiado los supuestos que entran dentro de lo razonable, que el titular de la línea sea el que efectivamente se descarga los archivos no tiene por qué ser ni siquiera lo más probable.

Pongamos como primer ejemplo una familia compuesta por matrimonio y dos hijos en edad universitaria, que vive en un bloque de apartamentos. Lo más normal será que contraten una sola línea de ADSL, repartida a los distintos ordenadores a través de conexiones ethernet (o, como le diría a mi madre, “el cable ese que es como el del teléfono pero más gordo“) y conexiones inalámbricas. En ese caso, las descargas podrían ser realizadas por cualquier miembro de la familia. Además no es arriesgado suponer que los hijos sepan más sobre cómo funcionan “las cosas esas de internet” que sus padres. Resultado: las probabilidades de que sea el titular el que descarga son, como máximo, del 25%.

wifi_gratisPensemos a continuación en las redes inalámbricas abiertas al público: espacios de la vía pública, hoteles, cafeterías, aeropuertos, centros cívicos, universidades, bibliotecas o incluso particulares que, por filosofía o desconocimiento, ponen su red a disposición de cualquiera que esté dentro del radio de alcance. ¿Vamos a considerar al Ayuntamiento responsable de lo que cualquiera pueda hacer a través de la red pública de la ciudad?

Por último, la seguridad de los routers domésticos no es inviolable, y menos si nadie modifica la configuración por defecto. De hecho, ni siquiera hace falta que se trate de un hacker de amplios conocimientos y mayor experiencia. Vuestros propios vecinos tienen a su disposición un programa que calcula las contraseñas por defecto de las redes inalámbricas de dos de los mayores proveedores de internet. Tienen incluso un vídeo que guía a través del proceso de descifrado paso a paso. ¡Ah! Si alguno de vosotros todavía tiene su red inalámbrica con cifrado WEP, que sepa que es como ofrecer barra libre de internet a todo el que pase por allí.

Lo más “curioso” (por usar un eufemismo) es que estos motivos fueron aducidos por la Recording Industry Association of America (también productores, en este caso de discos), cuando se supo que desde sus ordenadores se habían descargado archivos protegidos por derecho de autor, como las cinco primeras temporadas de la serie “Dexter”. Es más, decidieron tomarnos por tontos alegando que las direcciones IP infractoras eran “parecidas” a las suyas. Casi hubiera preferido que se limitaran al argumento de “ha sido otro a través de mi red” (que también argumentaron y, reitero, no me parece descabellado), aunque en ese caso hubieran tenido que dar bastantes más explicaciones que cualquiera de nosotros sobre sus sistemas de seguridad. Como no podía ser de otro modo, rápidamente fueron puestos en evidencia por TorrentFreak. Vosotros, queridos lectores, también podéis satisfacer vuestra curiosidad por saber hasta qué punto han quedado registradas vuestras descargas a través del protocolo BitTorrent. Para ello sólo tenéis que entrar en la web de YouHaveDownloaded.

A título personal, creo que la dirección IP, por sí sola, no constituye nexo causal suficiente para hacer a nadie responsable del ilícito civil que supone descargar archivos bajo derecho de autor. Ahora bien, no hay que olvidar que la industria del entretenimiento lleva años defendiendo que la mera IP es prueba de culpabilidad suficiente. Pero (¡oh, sorpresa!), cuando les toca a ellos va y resulta que, como si de un patio de colegio se tratase, “no se vale”. Si quieren recuperar el respeto del público (que, a fin de cuentas, somos los que les damos de comer), comportarse con un mínimo de seriedad y olvidarse de dobles raseros sería todo un comienzo. Aquí o todos, o ninguno.

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (y II)

En el último post quedó pendiente hablar de los llamados “derechos afines” o “derechos vecinos”, y de la relación entre la propiedad intelectual y otras propiedades inmateriales. Los derechos afines son aquellos que se otorgan a determinadas personas que, aunque no pueden equipararse al autor de una obra, han realizado algún tipo de esfuerzo merecedor de recompensa. Reciben ese calificativo por la estrecha relación que tienen no con la obra en sí, sino con su difusión. Aunque en un principio pueda parecer algo injusto (después de todo el mérito creativo es del autor), la gran inversión económica necesaria para lanzarlo al mercado no se realizaría si no fuese compensada de forma suficiente.

Estudio de música (The Cowshed)

Estos derechos están regulados en el Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho sui generis sobre bases de datos, a pesar de estar incluido en dicha sección, no es verdaderamente un “derecho de propiedad intelectual” (a pesar, por ejemplo, de que los artículos 428 y 429 del Código civil sean también aplicables a las bases de datos). Ciñéndonos al resto, estos son:

  • Derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus actuaciones (arts. 105-113 LPI)
  • Derechos de los productores de fonogramas, sobre los fonogramas que produzcan (arts. 114-119 LPI)
  • Derechos de los productores de grabaciones audiovisuales, sobre las grabaciones que produzcan (arts. 120-125 LPI)
  • Derechos de las entidades de radiodifusión, sobre las transmisiones que realicen y sobre sus grabaciones (arts. 126-127 LPI)
  • Derechos de los realizadores de meras fotografías, sobre las mismas. Las meras fotografías son imágenes carentes de originalidad suficiente para ser consideradas obra fotográfica (y su realizador, por tanto, autor), pero que necesitan de la protección que les otorga el art. 128 LPI.
  • Derechos de los divulgadores obras inéditas, sobre dichas obras, y aunque al momento de la divulgación ya hubieran transcurrido 70 años desde la muerte de su autor y, por tanto, estuvieran dentro del dominio público ( arts. 129.1 y 130 LPI)
  • Derechos de los editores sobre sus ediciones, siempre que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales (arts. 129.2 y 133 LPI)

Los derechos afines son originarios, es decir, nacen cuando tiene lugar el hecho generador (se interpreta una obra musical, se produce una grabación audiovisual, se realiza una mera fotografía…). Además, son independientes de los que sus titulares puedan adquirir por título derivativo de los autores. Por ejemplo, un productor de fonogramas tendrá en su mano los derechos que necesitó del autor para grabar el disco y, además, los que le da la LPI por el hecho de haberlo producido. Son derechos de exclusiva y la mayoría de ellos sólo tienen contenido económico (los artistas son los únicos a los que se les conceden algunas facultades morales sobre sus actuaciones).

Exceptuando, como siempre, los derechos de mera remuneración, los demás derechos afines pueden transmitirse libremente. A pesar de que la LPI no menciona expresamente todas las facultades inherentes a su explotación económica (principalmente reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), la mayoría de la doctrina entiende que están incluidas a través de la remisión que hace el art. 132 LPI (aplicación subsidiaria de las disposiciones del Libro I) al art. 17 del mismo texto legal:

Las disposiciones contenidas en la sección 2.ª del capítulo III del Título II (arts. 17 a 23, es decir, derechos de explotación) y en el capítulo II del Título III,(arts. 31 a 40 bis, límites a dichos derechos) ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en el presente Libro”.

Como no podía ser de otro modo la duración de estos derechos también es limitada, con el añadido de que el plazo de protección suele ser menor. Se abandona el cómputo del plazo a partir de la vida del autor (70 años a contar desde su fallecimiento), principalmente, por ser muy frecuente que los titulares de los derechos afines sean personas jurídicas (productoras, editoriales…). Contar 70 años a partir de la extinción de una sociedad podría significar que los derechos afines durasen más incluso que los de autor (cuando el hecho generador no se considera tan meritorio). Además, ¿quién estaría legitimado para reclamar esos derechos en nombre de un ente jurídico que ya no existe y del que nadie es heredero? La duración más frecuente, por tanto, es de 50 años que empiezan a contarse, dependiendo del caso, desde la existencia del objeto o desde su divulgación.

Los derechos de propiedad intelectual no sólo son compatibles y acumulables entre sí, sino que también lo son con los derechos otorgados por la propiedad industrial. La clave para la protección por parte del derecho de autor es la originalidad (en el sentido legal del término, del que hablaremos en futuras entradas). Si se da esta originalidad, además de los requisitos exigidos por los distintos derechos industriales, el objeto será protegido por ambas propiedades inmateriales. Veamos algunos ejemplos:

  • Patentes: el art. 4 de la Ley 11/1986 de Patentes las define como “invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial“. Los programas de ordenador se protegen a través del derecho de autor, como obras literarias. A pesar de que el mismo art. 4 LP no permite que “las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas” sean objeto de patente, el software que forme parte de una invención patentable podrá ser protegido, además de por derecho de autor, por la patente.
  • Modelos de utilidad: los modelos de utilidad son “invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación” (art. 143 LP). Si los los “utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos” son suficientemente originales, podrán ser protegidos como obras escultóricas.
  • Diseño industrial: el diseño industrial es “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación” (art. 1 LPJDI). La protección como obras escultóricas es especialmente relevante en el llamado arte aplicado, es decir, objetos más o menos cotidianos cuyo diseño les otorga un valor añadido (útil, estético o ambos). Las consecuencias distan de irrelevantes, ya que los meros diseños son protegidos durante 20 años, mientras que las obras, recordemos, cuentan con una protección de 70 años post mortem auctoris.
  • Marcas y nombres de dominio: El art. 10.2 LPI establece que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella“. Si al autor además se le concede el registro como marca o como nombre de dominio, podría darse el caso de que su protección industrial sobreviviese incluso a la protección otorgada por el derecho de autor. En principio, mientras se paguen las tasas correspondientes, el derecho de marca y el nombre de dominio pueden renovarse eternamente.
Museo de las artes y los oficios de Frankfurt
El Museo de Artes y Oficios de Frankfurt (Museum für Angewandte Kunst) alberga una de las mejores colecciones de arte aplicado de Europa

En Propiedad Intelectual Hoy: Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)