Google vs AEDE: Un conflicto por resolver

Esta mañana han publicado en la edición digital de Cinco Días un artículo escrito conjuntamente por Blanca Cortés, Directora del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, y por mí. Reproduzco el texto a continuación:

A finales del año pasado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), principal entidad representante de la prensa de nuestro país, reclamó al Gobierno que aprovechara la inminente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (“LPI”) para incluir la llamada “tasa Google”.

Se trata de una suerte de canon a cuyo través los editores pretenden recibir una compensación por el uso que hacen los grandes buscadores de sus noticias, petición que va en línea con la realizada por asociaciones análogas de países como Francia o Alemania.

Así, los editores consideran que servicios como Google News ocasionan “un indudable perjuicio económico a la prensa” y basan estas afirmaciones en estudios como el de la consultora Telos, que revela que 8 de cada 10 noticias que circulan por la red tienen su origen en la prensa, mientras que se estima que el 80% de la publicidad que se invierte en internet va a parar a las arcas de los grandes buscadores.

Como es bien sabido, ésta no es la primera batalla que libran los editores en defensa de los beneficios generados por la propiedad intelectual de sus artículos y noticias. A diferencia de una novela, los textos periodísticos pueden estar sujetos a una protección inferior, dada la existencia de límites recogidos en nuestra LPI que pueden serles de aplicación. Aparte del límite relativo a las citas, análisis, comentarios y juicios críticos, que se aplica a todo tipo de obras, existe otro específico para los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social. En efecto, el art. 33 LPI permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente este tipo de obras siempre que: (i) no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos; (ii) el autor perciba la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.

El último conflicto, de hecho, surgió a raíz del denominado press-clipping, por el que algunas empresas reproducían fragmentos de las noticias para comercializar resúmenes de prensa. Los editores consiguieron finalmente una reforma legal en virtud de la cual las empresas de press-clipping quedaban obligadas a pagar una tasa compensatoria siempre y cuando su actividad tuviera fines comerciales (artículo 32.1 párrafo 2º LPI). Ante tales circunstancias, la AEDE pretende ahora extender este canon a servicios como Google News y otros agregadores sistemáticos de noticias, mientras que las páginas de empresas, blogs, etc. podrían seguir citando libremente sus contenidos.

Desde un punto de vista jurídico, no puede afirmarse que la AEDE esté falta de argumentos puesto que cualquier texto periodístico constituye en sí mismo una obra susceptible de protección y su reproducción, es decir, “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”, precisa de la autorización expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual.

En este escenario, Google ni siquiera reproduce las noticias en su totalidad, limitándose en su lugar a copiar el titular junto con un extracto de 3 líneas (los llamados snippets). De tal forma, si el lector desea leer más, el enlace le deriva directamente al portal del periódico emisor de la noticia, lo que cuenta como visitante del diario a efectos publicitarios, aunque no en la forma pretendida por la AEDE, pues el lector interesado accede directamente a la página de la noticia, sin pasar por la portada, lugar por el que los anunciantes pagan cantidades más elevadas. En la misma línea, el negocio de Google también tiene como base la publicidad, aunque Google News no muestra anuncios de ninguna clase.

Google lee la situación creada por el conflicto desde un ángulo bien diferente, aludiendo a su propia condición de buscador cuya actividad consiste, a fin de cuentas, en indexar la totalidad de la web y ofrecer los resultados de búsqueda más útiles para sus usuarios. En caso de que un periódico no desee ser indexado, no tiene más que editar unas líneas de su archivo robots.txt para que los buscadores pasen de largo o, en su lugar, se limiten a reproducir el titular. Si, por el contrario, desea quedarse, podrá aprovechar parte de las más de 100.000 visitas que Google provee a los periódicos de todo el mundo cada minuto.

La negativa de Google a resolver el conflicto parece, pues, una cuestión de principios. A los ojos del buscador, el enlace, que es el fundamento de la world wide web, es y debe seguir siendo libre, a lo que debe añadirse, a su juicio, la hipocresía de la industria editorial, que no solo deja abierta la puerta a sus contenidos, sino que emplea técnicas de SEO para aparecer lo más alto posible en los resultados de búsqueda.

Por lo demás, la globalización de la red y las agencias de noticias han otorgado al conflicto una dimensión internacional y aunque con los mismos agentes, las diferentes legislaciones lo han conducido a resultados dispares.

En Francia, Google ha alcanzado un acuerdo con los editores galos. Por un lado, el buscador dedicará un fondo de 60 millones de euros anuales al desarrollo de la presencia de los periódicos franceses en internet. Por otro, los periódicos se beneficiarán de condiciones especiales en el uso de Google Ads (la plataforma de publicidad de Google).

En Bélgica los diarios pertenecientes al grupo Copiepresse reclamaron esta tasa a los tribunales, fallando en Mayo de 2011 el Tribunal Supremo de Bruselas en favor de los periódicos; Google, por su lado, en lugar de pagar la tasa, optó por retirar los contenidos de los diarios demandantes de Google News y como represalia adicional retiró a los mismos periódicos de los resultados del buscador, aunque a día de hoy ya están todos de vuelta en el popular servicio de noticias.

En Alemania, el Gobierno de Angela Merkel ha aprobado recientemente un proyecto de ley similar al francés para que la prensa germana pueda participar de los beneficios que obtiene Google en el país. Dicho proyecto se encuentra a día de hoy en tramitación parlamentaria, aunque su aprobación dista de ser segura porque la izquierda es sumamente crítica con el texto.

Fuera de Europa, la Asociación de Periódicos de Brasil (ANJ por sus siglas en portugués), acordó con Google que los snippets reducirían su extensión de 3 a 1 sola línea. La estrategia no dio los resultados esperados por la prensa; por este motivo la ANJ decidió el año pasado retirar en bloque sus contenidos. Las noticias de 145 cabeceras (cerca del 90% de la circulación) ya no aparecen en Google News. Solo el tiempo dirá si la AEDE adopta una postura tan radical como la de sus asociaciones hermanas, pues es lógico que quiera seguir aprovechando el flujo constante de visitas que Google proporciona a sus asociados y que desee evitar que otras páginas que reproduzcan sus artículos (lícitamente o no) se dejen indexar y ocupen los primeros puestos de las listas de resultados.

Se desconoce si el Gobierno español atenderá esta petición, puesto que la redacción del anteproyecto de la reforma de la LPI se está realizando con gran discreción, lo cual añade al proceso un halo de misterio e incertidumbre que no permite aventurar conjeturas sobre su final.

Anuncios

La compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado es algo “transitorio”.

Carlos Guervós

Fuente: Nacionred

A mediados de mes tuvo lugar en Madrid el II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual. Una de las intervenciones más esperadas fue la de Carlos  Guervós, Subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Guervós fue el encargado de explicar desde el punto de vista del Ministerio el profundo cambio que ha sufrido en España la configuración de la compensación equitativa por copia privada (en adelante, e indistintamente, “canon”). Comento a continuación las principales ideas de la ponencia.

El Ministerio lleva “analizando y reflexionando” sobre el canon desde que se conoció la sentencia del caso Padawan, a finales de octubre de 2010. En opinión del MECD, dicha sentencia exige una armonización urgente de la regulación al respecto. Año y medio de reflexión para llegar a la conclusión de que es mejor que nos lo den todo regulado desde Europa; en fin…

Se sustituye “transitoriamente” el sistema antiguo por uno similar al que hay en Noruega desde 2005. El procedimiento de pago se establecerá por Real Decreto, en función del perjuicio efectivamente causado. El nuevo sistema, por tanto:

  • “Mantiene la legalidad”: sólo faltaba; no se puede eliminar el canon y mantener la excepción por copia privada…
  • “Debería conllevar una disminución de los precios” de los dispositivos y soportes de copia. Yo, sin embargo, no veo que los precios hayan bajado mucho…
  • “Elimina los gastos de recaudación”: puestos a buscar ventajas, esta es una que siempre suena bien (y más en tiempos de crisis económica).
  •  Tan sólo aumenta las cantidades a pagar por las Administraciones Públicas, que “ya abonaban una parte de esa recaudación”. Desgraciadamente, desde el Ministerio parecen olvidar que el 99,99% de lo que venían abonando, lo hacían de manera no conforme con la Directiva 2001/29. Los dispositivos y soportes “no se han puesto a disposición de usuarios privados”, y “están manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas”.

Con este nuevo sistema se espera que se deje de cuestionar el sistema anterior de compensación equitativa por copia privada, tanto por los ciudadanos como por parte de los Tribunales. Sí, yo también creí que lo había oído mal, pero por lo visto el que los Jueces apliquen la ley con independencia y cuestionen la legislación que emana del Gobierno, es un problema a resolver…

Guervós concluyó diciendo que se busca un control administrativo eficaz, transparencia máxima, y que “se está trabajando” en la cuestión. Tras su intervención se dio paso al turno de preguntas y debate. Resumo a continuación las más relevantes:

¿Cuándo se va a tener la primera versión del nuevo Real Decreto? ¿Quién va a pagar este impuesto? ¿Los productores de equipos y dispositivos, el público general…?

Aún habrá que esperar un poco, los tiempos de elaboración de las normas son los que son. No se trata de un nuevo impuesto, es un pago que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado. El nuevo sistema mantiene el límite y la obligación de compensar, pero hace que el Estado sustituya a los antiguos deudores de la obligación (fabricantes e importadores).

¿Qué va a pasar con las cantidades relativas a las copias realizadas durante estos meses, teniendo en cuenta que a fecha de hoy los titulares de derechos no están cobrando?

Tras la entrada en vigor del Real Decreto–Ley no se han dejado de efectuar copias privadas, y ese daño causado a los titulares se va a compensar.

 Se pretende que este nuevo sistema sea transitorio, pero ¿cómo de transitorio? ¿Cuánto se estima que va a durar?

Lo más deseable sería una solución armonizada. También es posible que este sistema transitorio no sea tan malo… Estamos mirando a Bruselas, y mientras los Estados miembros sólo podemos poner parches.

La supresión de la copia privada, ¿suprime el art. 25 LPI al completo, o sólo el sistema de determinación de la compensación?

El Real Decreto-ley 20/2011 no suprime el art. 25 LPI, que sólo queda derogado en la medida en que sea contrario al mismo.

 ¿Qué significa que para calcular la compensación se tomará como base el daño causado, cuando la primera debería ser equivalente al segundo?

Significa no compensar daños mínimos, que la compensación sea adecuada, distinguir entre copia analógica y digital, tener en cuenta las eventuales medidas tecnológicas de protección…

¿Se han realizado ya estudios para estimar el perjuicio efectivamente causado? ¿Hay datos sobre la bajada efectiva de precios de los soportes?

Se está esperando a ver cuál es el tamaño exacto de la hucha para calcular el perjuicio [vamos, que el perjuicio efectivamente causado no depende de la cantidad de copias privadas, sino de cuánto dinero hay disponible]. En cuanto al precio final de los dispositivos y soportes, desde el Ministerio se entiende que han de bajar, pero no se ha comprobado expresamente.

Conclusiones:

Este sistema a la noruega es un mal parche que intenta arreglar la tremenda chapuza que se hizo en su día. Se vio en el canon una oportunidad para compensar las pérdidas por piratería y se gravaron los dispositivos y soportes de manera indiscriminada. Tal y como nos confirmó el TJUE, eso es algo contrario a la Directiva 2001/29.

Bucky el Tejón Universidad de WisconsinEstablecer el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado desnaturaliza una obligación esencialmente civil, acercándola peligrosamente al ámbito de las obligaciones tributarias.

En los próximos meses se realizará un estudio para determinar el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos, pero no antes de saber de cuánto dinero se dispone. Desde aquí sugiero que se lo encarguen a la Universidad de Wisconsin, que cuenta con una amplia experiencia en esta clase de investigaciones serias y rigurosas.

Finalmente, tengo curiosidad por saber qué pasaría si se vuelve a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. De momento los titulares recibirán menos dinero, los fabricantes e importadores aún están intranquilos, y la doctrina es tremendamente crítica (con razón). Se trata, en definitiva, de un cambio que ni despeja las principales dudas ni ha dejado a nadie contento.

Crónica del II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual

El pasado viernes 18 de mayo tuvo lugar en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual. El evento está organizado conjuntamente por dicho Ministerio y por el Master en Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, y tuvo como tema “La compensación equitativa por copia privada en España y en la Unión Europea. Nueva regulación y perspectivas de armonización”.

Fuente: MAPI

Fuente: MAPI

El congreso fue inaugurado por el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz, que centró su exposición en la nueva configuración de la compensación equitativa por copia privada (en adelante “canon”).

Se trata de un sistema inspirado en el Noruego, que persigue compensar a los titulares de derechos en función del perjuicio efectivamente causado por los usuarios (un carácter equitativo que, a ojos del TJUE, no podía afirmarse del antiguo sistema de compensación). La principal novedad es que dicho canon se abonará a los titulares de derechos con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que no deja de plantear nuevas dudas sobre el carácter efectivamente equitativo de la compensación.

Fuente: UAM

Fuente: UAM

A continuación tomó la palabra Fernándo Molina Fernández (decano de la Facultad de Derecho de la UAM), para augurar una futura homogeneización de los sistemas de compensación equitativa por copia privada.

En su opinión, el acercamiento entre las distintas legislaciones es una cuestión de tiempo, de forma análoga a lo sucedido en las últimas décadas respecto del Derecho penal (su especialidad): hoy en día los tipos delictivos, las penas asociadas, las circunstancias eximentes y agravantes… son muy parecidos en la mayoría de países de nuestro entorno.

Pilar Cámara Águila (Universidad Autónoma de Madrid)  expuso con claridad cómo la primera regulación de la compensación equitativa por copia privada ha sido dinamitada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, que resolvía la cuestión prejudicial planteada en el caso Padawan (SAP Barcelona 89/2011). Terminó su exposición criticando tanto el cariz tributario que cobra el canon  tras el Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, como la utilización precisamente de un procedimiento de urgencia en principio reservado para una serie de casos excepcionales.

De izda. a dcha.: Pilar Cámara, Rodrigo Bercovitz y Carlos Guervós. Fuente: MAPI.

De izda. a dcha.: Pilar Cámara, Rodrigo Bercovitz y Carlos Guervós. Fuente: MAPI.

Carlos  Guervós (Subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), expuso con un mayor grado de detalle el nuevo régimen del canon mediante previsión en los presupuestos generales del Estado. Las ventajas y consecuencias del nuevo sistema ocuparon la ponencia que más interés generó, como más tarde se demostraría en el turno de preguntas. No era para menos, teniendo en cuenta las cantidades que se han estado manejado en dicho concepto los últimos años. La intención del Gobierno, sin embargo, es que esta actual configuración “a la noruega” sea algo transitorio, a la espera de una eventual armonización y de la nueva Ley de Propiedad Intelectual (actualmente en fase de preparación).

Antoine Latreille (Universidad Paris-Sud 11) explicó el régimen de compensación por copia privada en Francia. Allí la consideración de una copia como privada requiere, además de ser destinada al uso privado del copista, que la fuente sea lícita (a diferencia del “acceso legal” que exige nuestro art. 31.2 LPI). El canon es configurado por una comisión especial que establece la cuantía, quién debe pagarla (los fabricantes de dispositivos y soportes de copia, que luego la repercuten al consumidor) y realiza una encuesta para calcularla. Dicha comisión tiene la particularidad de representar no sólo a los titulares de derechos, sino también a los fabricantes de equipos y dispositivos de copia, y a los consumidores. Una participación de todos los sectores involucrados que en España ha brillado tradicionalmente por su ausencia.

Silke von Lewinski (Instituto Max Planck) habló de la compensación equitativa por copia privada en Alemania. La legislación alemana tiene en cuenta que muchos dispositivos y soportes tienen usos distintos a la copia, y por ello la cuantía se calcula en función de la capacidad de copia de los mismos. También tuvo tiempo para comentar las repercusiones del caso Padawan en su ordenamiento jurídico.

De izda. a dcha.: Silke von Lewinski, Antoine Latreille, Ignacio Garrote y Paul Torremans. Fuente: MAPI.

De izda. a dcha.: Silke von Lewinski, Antoine Latreille, Ignacio Garrote y Paul Torremans. Fuente: MAPI.

Paul Torremans (Universidad de Nottingham) describió la excepción por copia privada que se está gestando en el Reino Unido. Al ser un ordenamiento basado en el common law, no posee el sistema de excepciones propio del Derecho continental. Al parecer se pretende aprobar una nueva “excepción” para dotar de licitud a la reproducción privada que tiene lugar, por ejemplo, cuando el usuario compra y digitaliza un CD para escucharlo en su reproductor mp3.

Estirando un poco los conceptos, la correspondiente compensación exigida por el Convenio de Berna se pagaría de forma indirecta incluyéndolo en el P.V.P. Sin embargo, en opinión de Torremans, la exigencia de que cada usuario haya comprado previamente el CD dejaría fuera del ámbito de la excepción a la mayoría de las reproducciones que tienen lugar en el ámbito doméstico (y que, por tanto, continuarían siendo ilícitas). La modificación legislativa, por tanto, tendrá un ámbito objetivo de aplicación considerablemente reducido.

Antoon Quaedvlieg (Universidad de Nimega) analizó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de compensación equitativa por copia privada. Intentó determinar qué ha de entenderse por daño, y si ha de incluirse en él las copias realizadas desde fuentes ilícitas.

María Martín Prat. Fuente: MAPI

María Martín Prat. Fuente: MAPI

María Martín Prat (Unidad de Derecho de Autor de la Dirección de Mercado Interior de la Comisión Europea), se remontó a los años 90 para explicar las dificultades presentes a la hora de armonizar los distintos ordenamientos. En su opinión, la aparición de los formatos digitales, las plataformas de distribución de contenidos en streaming y el almacenamiento en la nube, dota de un nuevo contenido al derecho de copia más cercano al derecho de acceso.

Por último, Frank Gotzen (Universidad de Lovaina) explicó algunas de las posibles alternativas al sistema de compensación equitativa en el entorno digital.  En la misma línea anteriormente mantenida por el profesor Molina, Gotzen incidió en la necesidad de una mayor armonización entre los ordenamientos de los Estados miembros que contemplan en sus respectivas legislaciones la excepción por copia privada.

El Profesor Ignacio Garrote (Universidad Autónoma de Madrid), como Director del Congreso, fue el encargado de exponer las conclusiones, emplazando a los asistentes a la próxima edición.

Bercovitz Camara Latreille Gotzen Garrote Torremans von Lewinsky Quaedvlieg

De izda. a dcha.: Bercovitz, Cámara, Latreille, Gotzen, Garrote, Torremans, von Lewinsky y Quaedvlieg. Fuente: MAPI.

Cuesta resumir en alrededor de mil palabras todo lo acaecido en un evento de estas características (próximamente dedicaré una entrada enteramente a la ponencia y preguntas de Carlos Guervós). Es un privilegio poder escuchar a tantos expertos de tan reconocido prestigio, algo que no habría sido posible sin el enorme trabajo llevado a cabo por la Dirección del Master en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid (encontraréis más fotografías del evento en su página oficial de Facebook). En principio, la III edición tendrá lugar a finales del curso académico 2012/2013. Si podéis asistir, no dejéis escapar la ocasión.

Fuentes: MAPI y blog Derecho y Cultura.

¿Sueñan los androides de gestión con aularios virtuales eléctricos?

Oficinas CEDRO Calle de Miguel Ángel

Oficinas de CEDRO, en la Calle Miguel Ángel (Madrid).

Actualización [11-04-2012]: Según informa ABC en su edición digital, CEDRO ha demandado también a la Universidad Autónoma de Barcelona. Según la entidad de gestión, la UAB sólo tendría que dedicar el 0,5% de su presupuesto a la adquisición de la licencia necesaria para el campus virtual.

Recientemente hemos sabido que CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos) ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo de la demanda parece ser la comunicación pública por parte de dicha universidad de obras protegidas por derecho de autor a través del campus virtual.

CEDRO es la entidad de gestión de derechos de autor del sector de los libros (“la SGAE de las fotocopias”, vamos). Tiene encomendada la gestión de los derechos sobre las obras de sus miembros (concesión de licencias, etc.) y, por imperativo legal, se encarga del reparto del dinero recaudado en concepto de compensación por copia privada (el famoso “canon”).

Al parecer los profesores de la Universidad Carlos III han colgado en el campus virtual artículos, libros… protegidos por derecho de autor sin contar con la licencia necesaria. Las universidades llevan años pagando licencias por las fotocopias, en función de las máquinas a disposición de los alumnos y del número de estos. Sin embargo, según CEDRO sólo tres de los setenta y cinco centros españoles cuentan con licencia para comunicar públicamente obras a través de sus respectivos portales web: IE Universidad, la Universidad Internacional de la Rioja y la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Hace varios años (desde 2005 si no recuerdo mal) que CEDRO intenta sin éxito llegar a un acuerdo con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), y esa es la verdadera razón que hay tras la demanda: “La cuestión no es tanto económica como llamar la atención y conseguir que se sienten a negociar”. En mi opinión, a la entidad de gestión no le quedaba otra salida por varios motivos.

Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III (Getafe). Foto por Miguel303xm.

En primer lugar, los aularios virtuales son un sistema comodísimo tanto para los profesores como para los alumnos: los primeros no tienen que ocuparse de hacer mandar al becario que haga fotocopias, y los segundos pueden acceder al material en cualquier momento y lugar. Además, gracias a las excesivas cantidades de dinero caídas de los cielos de las 17 consejerías de Educación para “fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las universidades”, raro es el centro que no ofrece un servicio de esta clase. El resultado no es otro que una pronunciada reducción del número de fotocopias realizadas, y de la consiguiente  recaudación de CEDRO por este concepto.

CEDRO considera que la mejor solución es otra “tarifa plana”, como la que se emplea para las fotocopias. En este caso, las universidades deberían pagar 5 € por alumno y curso, a cambio de que sus estudiantes puedan utilizar sin límites contenidos protegidos en el campus virtual. La recaudación total ascendería a la módica cantidad de 8 millones de euros por curso académico.

En segundo lugar, los profesores universitarios cuelgan sin ninguna clase de reparo no ya fragmentos, sino obras enteras escaneadas. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan con voluntad de causar un perjuicio económico: muchas veces las obras han sido escritas por colegas de profesión, cuando no por ellos mismos. Pero sí hay mucho desconocimiento, y la falsa creencia de que puede hacerse “porque no hay ánimo de lucro”, “porque el fin es educativo”, “porque a la intranet sólo pueden acceder los alumnos matriculados”… Y no es así.

En tercer lugar, peligra seriamente la mayoría del dinero que CEDRO venía recaudando en concepto de compensación por copia privada. La STJCE en el caso Padawan anula la aplicación indiscriminada del “canon” a empresas y profesionales. Considera el Tribunal que un sistema de compensación equitativa por copia privada sólo es compatible con la normativa comunitaria:

en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.

(…) Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“.

Fotocopias Universidad

Servicio de reprografía de una universidad cualquiera. Foto por J2daM.

El sistema que se implementó en España gravaba en función directamente proporcional a la capacidad de copia de la máquina. ¿Quién creéis que compra máquinas con mayor número de copias por minuto, los particulares o las empresas y profesionales? De momento parece que están salvando los muebles tras la última reforma aberración jurídica que carga la compensación por copia privada a los presupuestos generales del Estado. Hablaremos más a fondo sobre este despropósito en futuras entradas, al tratar el concepto de copia privada.

Por desgracia para CEDRO, la jugada no sólo era la única que le quedaba, sino que tiene sus riesgos. Es más que probable que se cuestione la justificación que hay tras las pretensiones recaudatorias de la entidad de gestión. En palabras de Javier de la Cueva, el abogado que ha asesorado a la CRUE estos meses, las universidades “ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación (…) y ahí entran los derechos de autor”.

CEDRO, al ser la única entidad de gestión de su sector, es la única competente para recaudar el “canon” generado por las copias privadas (es un derecho meramente remuneratorio de gestión colectiva obligatoria). El repertorio que controla a este fin se extiende a la práctica totalidad de las obras impresas (art. 4 de los estatutos de CEDRO). Sin embargo, según de la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores [los profesores universitarios] que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores. (…) No se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se pagan a Cedro”.

Aunque CEDRO defienda que en las universidades se copian libros de todo tipo en la misma proporción, no puedo estar de acuerdo. Tanto de mi experiencia personal, como de la de los docentes con los que he hablado, extraigo que la mayoría de las obras reproducidas en las universidades son artículos y manuales escritos, precisamente, por profesores de universidad.

Por último, CEDRO podría llegar a tener otro motivo de preocupación. Los criterios de reparto de lo recaudado por copia privada los fija la propia CEDRO, en función de un estudio estadístico también elaborado por ella. No sería la primera vez que una entidad de gestión recauda según sus propios criterios, proclama sin cesar su transparencia, supera las auditorías de cuentas solicitadas por el Ministerio de Cultura (art. 159 LPI), y luego pasa lo que pasa

Breve introducción a los derechos de propiedad intelectual (I)

La propiedad intelectual es un derecho de propiedad que recibe protección constitucional en la mayoría de los países. En el caso español, está definida por el artículo 33 de la Constitución, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, en lo no previsto por esta ley, por los artículos 428 y 429 del Código civil.

La función social de la propiedad (art. 33.2 CE) se traduce en este caso en el interés por parte de toda la sociedad en el acceso libre a la cultura. Ese interés choca con la esencia del derecho a la propiedad privada, que supone la libre disposición de los bienes a perpetuidad (o hasta que se transmita su propiedad). Hay que tener en cuenta también que sin una adecuada compensación por el disfrute del resultado, no habría incentivos para la creación cultural al margen del amor al arte (y, según mis últimas investigaciones, del amor al arte no se come).

Mecenas presentando las Artes Liberales al Emperador Augusto

"Mecenas presentando las Artes Liberales al Emperador Augusto", de Giovanni Battista Tiepolo (1745)

A esto hay que añadir otra especialidad intrínseca a los derechos de propiedad intelectual: el objeto sobre el que recae es inmaterial. Tradicionalmente se hace una distinción entre el llamado corpus misticum (la obra en sí misma), en contraposición con el corpus mechanicum (el vehículo o continente de la obra). Piénsese por ejemplo en la diferencia entre “la novela” y el objeto (el libro, las páginas de papel) que la contiene. Esta distinción se ha visto difuminada conforme los avances tecnológicos permiten disfrutar de las obras en formato digital, pero eso es algo de lo que hablaremos en otra ocasión.

La solución principal ofrecida por nuestra Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI o TRLPI) a estos problemas es la misma a la que se llegó en su primer desarrollo legallos llamados derechos económicos de propiedad intelectual tienen un plazo limitado. Una vez transcurrido el plazo, cualquiera puede acceder o comercializar la obra siempre que respete los llamados derechos morales, que no caducan. Estos son (art. 14 LPI):

  • Derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada, en qué forma y bajo qué nombre (el propio, un seudónimo, anónimamente…).
  • Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, y a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
  • Derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
  • Derecho a retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
  • Derecho a acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Por tanto, yo podría hoy imprimir y comercializar copias de “El Quijote” sin tener que pagar un sólo euro a los herederos de Miguel de Cervantes. Pero esos mismos herederos podrán demandarme si no indico que fue Cervantes el que escribió la obra, o si me da por cortar o reescribir las partes que no me gustan haciendo creer que el resultado es lo que en su día escribió el autor.

Los derechos patrimoniales, por su parte, se dividen en derechos exclusivos y derechos de mera remuneración. Los derechos exclusivos permiten autorizar o prohibir el uso de la obra, por lo que el titular de los mismos tiene garantizado el control de la misma. El titular originario es el autor de la obra (art. 1 LPI) que, como sucede con otros derechos patrimoniales, puede cederlos a otras personas mediante contratos o licencias, en exclusiva o no. Aunque la ley los denomina “derechos”, son en realidad facultades de un sólo derecho de autor. Se recogen en los artículos 17 a 23 LPI, y son principalmente los siguientes:

  • Derecho de reproducción (art. 18 LPI): derecho a fijar la obra de modo que pueda ser comunicada, o puedan obtenerse más copias de la misma (por ejemplo, hacer copias del último disco de Bon Jovi).
  • Derecho de distribución (art. 19 LPI): derecho a poner a disposición del público soportes tangibles con el original o copias de la obra. (poner a la venta dichas copias del disco).
  • Derecho de comunicación pública (art. 20 LPI): derecho a realizar cualquier acto por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (emitir una o más canciones del disco por la radio). En nuestro derecho, la “distribución” digital de obras por internet se considera comunicación pública (en su modalidad de puesta a disposición).
  • Derecho de transformación (art. 21 LPI): derecho a traducir, adaptar o modificar de cualquier forma la obra, de modo que se obtenga una segunda obra diferente de la anterior. En realidad el titular no puede prohibir la propia transformación por parte de un tercero, pero sí su explotación económica.

Los derechos de mera remuneración, por el contrario, no permiten que su titular autorice o prohíba el uso de la obra. Esa pérdida de control se compensa económicamente con una cantidad que varía en función del uso que hacen los terceros de su obra. Un ejemplo claro sería el derecho de compensación por copia privada, más conocido como el “canon digital”; también hablaremos en futuras entradas de su accidentada historia y de su reciente (y, en mi opinión, equivocada) asignación a cargo de los presupuestos generales del Estado. Las principales características de estos derechos es que son inalienables (no se pueden ceder a terceros) e irrenunciables. Algunos de ellos, además, son de gestión colectiva obligatoria. Esto quiere decir que el titular no puede reclamar su parte por sí mismo, sino que ha de hacerlo a través de una entidad de gestión (como la SGAE, por ejemplo). Los terceros que usen las obras deberán pagar a las entidades de gestión y éstas, descontando los gastos de gestión, repartirán el dinero entre sus socios, que son los que verdaderamente tienen derecho a él. Al menos, esa es la teoría.

En el próximo artículo se expondrán, también de forma breve y no exhaustiva, los llamados derechos conexos y la relación de la propiedad intelectual con otros derechos inmateriales.