La compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado es algo “transitorio”.

Carlos Guervós

Fuente: Nacionred

A mediados de mes tuvo lugar en Madrid el II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual. Una de las intervenciones más esperadas fue la de Carlos  Guervós, Subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Guervós fue el encargado de explicar desde el punto de vista del Ministerio el profundo cambio que ha sufrido en España la configuración de la compensación equitativa por copia privada (en adelante, e indistintamente, “canon”). Comento a continuación las principales ideas de la ponencia.

El Ministerio lleva “analizando y reflexionando” sobre el canon desde que se conoció la sentencia del caso Padawan, a finales de octubre de 2010. En opinión del MECD, dicha sentencia exige una armonización urgente de la regulación al respecto. Año y medio de reflexión para llegar a la conclusión de que es mejor que nos lo den todo regulado desde Europa; en fin…

Se sustituye “transitoriamente” el sistema antiguo por uno similar al que hay en Noruega desde 2005. El procedimiento de pago se establecerá por Real Decreto, en función del perjuicio efectivamente causado. El nuevo sistema, por tanto:

  • “Mantiene la legalidad”: sólo faltaba; no se puede eliminar el canon y mantener la excepción por copia privada…
  • “Debería conllevar una disminución de los precios” de los dispositivos y soportes de copia. Yo, sin embargo, no veo que los precios hayan bajado mucho…
  • “Elimina los gastos de recaudación”: puestos a buscar ventajas, esta es una que siempre suena bien (y más en tiempos de crisis económica).
  •  Tan sólo aumenta las cantidades a pagar por las Administraciones Públicas, que “ya abonaban una parte de esa recaudación”. Desgraciadamente, desde el Ministerio parecen olvidar que el 99,99% de lo que venían abonando, lo hacían de manera no conforme con la Directiva 2001/29. Los dispositivos y soportes “no se han puesto a disposición de usuarios privados”, y “están manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas”.

Con este nuevo sistema se espera que se deje de cuestionar el sistema anterior de compensación equitativa por copia privada, tanto por los ciudadanos como por parte de los Tribunales. Sí, yo también creí que lo había oído mal, pero por lo visto el que los Jueces apliquen la ley con independencia y cuestionen la legislación que emana del Gobierno, es un problema a resolver…

Guervós concluyó diciendo que se busca un control administrativo eficaz, transparencia máxima, y que “se está trabajando” en la cuestión. Tras su intervención se dio paso al turno de preguntas y debate. Resumo a continuación las más relevantes:

¿Cuándo se va a tener la primera versión del nuevo Real Decreto? ¿Quién va a pagar este impuesto? ¿Los productores de equipos y dispositivos, el público general…?

Aún habrá que esperar un poco, los tiempos de elaboración de las normas son los que son. No se trata de un nuevo impuesto, es un pago que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado. El nuevo sistema mantiene el límite y la obligación de compensar, pero hace que el Estado sustituya a los antiguos deudores de la obligación (fabricantes e importadores).

¿Qué va a pasar con las cantidades relativas a las copias realizadas durante estos meses, teniendo en cuenta que a fecha de hoy los titulares de derechos no están cobrando?

Tras la entrada en vigor del Real Decreto–Ley no se han dejado de efectuar copias privadas, y ese daño causado a los titulares se va a compensar.

 Se pretende que este nuevo sistema sea transitorio, pero ¿cómo de transitorio? ¿Cuánto se estima que va a durar?

Lo más deseable sería una solución armonizada. También es posible que este sistema transitorio no sea tan malo… Estamos mirando a Bruselas, y mientras los Estados miembros sólo podemos poner parches.

La supresión de la copia privada, ¿suprime el art. 25 LPI al completo, o sólo el sistema de determinación de la compensación?

El Real Decreto-ley 20/2011 no suprime el art. 25 LPI, que sólo queda derogado en la medida en que sea contrario al mismo.

 ¿Qué significa que para calcular la compensación se tomará como base el daño causado, cuando la primera debería ser equivalente al segundo?

Significa no compensar daños mínimos, que la compensación sea adecuada, distinguir entre copia analógica y digital, tener en cuenta las eventuales medidas tecnológicas de protección…

¿Se han realizado ya estudios para estimar el perjuicio efectivamente causado? ¿Hay datos sobre la bajada efectiva de precios de los soportes?

Se está esperando a ver cuál es el tamaño exacto de la hucha para calcular el perjuicio [vamos, que el perjuicio efectivamente causado no depende de la cantidad de copias privadas, sino de cuánto dinero hay disponible]. En cuanto al precio final de los dispositivos y soportes, desde el Ministerio se entiende que han de bajar, pero no se ha comprobado expresamente.

Conclusiones:

Este sistema a la noruega es un mal parche que intenta arreglar la tremenda chapuza que se hizo en su día. Se vio en el canon una oportunidad para compensar las pérdidas por piratería y se gravaron los dispositivos y soportes de manera indiscriminada. Tal y como nos confirmó el TJUE, eso es algo contrario a la Directiva 2001/29.

Bucky el Tejón Universidad de WisconsinEstablecer el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado desnaturaliza una obligación esencialmente civil, acercándola peligrosamente al ámbito de las obligaciones tributarias.

En los próximos meses se realizará un estudio para determinar el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos, pero no antes de saber de cuánto dinero se dispone. Desde aquí sugiero que se lo encarguen a la Universidad de Wisconsin, que cuenta con una amplia experiencia en esta clase de investigaciones serias y rigurosas.

Finalmente, tengo curiosidad por saber qué pasaría si se vuelve a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. De momento los titulares recibirán menos dinero, los fabricantes e importadores aún están intranquilos, y la doctrina es tremendamente crítica (con razón). Se trata, en definitiva, de un cambio que ni despeja las principales dudas ni ha dejado a nadie contento.

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¿Sueñan los androides de gestión con aularios virtuales eléctricos?

Oficinas CEDRO Calle de Miguel Ángel

Oficinas de CEDRO, en la Calle Miguel Ángel (Madrid).

Actualización [11-04-2012]: Según informa ABC en su edición digital, CEDRO ha demandado también a la Universidad Autónoma de Barcelona. Según la entidad de gestión, la UAB sólo tendría que dedicar el 0,5% de su presupuesto a la adquisición de la licencia necesaria para el campus virtual.

Recientemente hemos sabido que CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos) ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo de la demanda parece ser la comunicación pública por parte de dicha universidad de obras protegidas por derecho de autor a través del campus virtual.

CEDRO es la entidad de gestión de derechos de autor del sector de los libros (“la SGAE de las fotocopias”, vamos). Tiene encomendada la gestión de los derechos sobre las obras de sus miembros (concesión de licencias, etc.) y, por imperativo legal, se encarga del reparto del dinero recaudado en concepto de compensación por copia privada (el famoso “canon”).

Al parecer los profesores de la Universidad Carlos III han colgado en el campus virtual artículos, libros… protegidos por derecho de autor sin contar con la licencia necesaria. Las universidades llevan años pagando licencias por las fotocopias, en función de las máquinas a disposición de los alumnos y del número de estos. Sin embargo, según CEDRO sólo tres de los setenta y cinco centros españoles cuentan con licencia para comunicar públicamente obras a través de sus respectivos portales web: IE Universidad, la Universidad Internacional de la Rioja y la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Hace varios años (desde 2005 si no recuerdo mal) que CEDRO intenta sin éxito llegar a un acuerdo con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), y esa es la verdadera razón que hay tras la demanda: “La cuestión no es tanto económica como llamar la atención y conseguir que se sienten a negociar”. En mi opinión, a la entidad de gestión no le quedaba otra salida por varios motivos.

Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III (Getafe). Foto por Miguel303xm.

En primer lugar, los aularios virtuales son un sistema comodísimo tanto para los profesores como para los alumnos: los primeros no tienen que ocuparse de hacer mandar al becario que haga fotocopias, y los segundos pueden acceder al material en cualquier momento y lugar. Además, gracias a las excesivas cantidades de dinero caídas de los cielos de las 17 consejerías de Educación para “fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las universidades”, raro es el centro que no ofrece un servicio de esta clase. El resultado no es otro que una pronunciada reducción del número de fotocopias realizadas, y de la consiguiente  recaudación de CEDRO por este concepto.

CEDRO considera que la mejor solución es otra “tarifa plana”, como la que se emplea para las fotocopias. En este caso, las universidades deberían pagar 5 € por alumno y curso, a cambio de que sus estudiantes puedan utilizar sin límites contenidos protegidos en el campus virtual. La recaudación total ascendería a la módica cantidad de 8 millones de euros por curso académico.

En segundo lugar, los profesores universitarios cuelgan sin ninguna clase de reparo no ya fragmentos, sino obras enteras escaneadas. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan con voluntad de causar un perjuicio económico: muchas veces las obras han sido escritas por colegas de profesión, cuando no por ellos mismos. Pero sí hay mucho desconocimiento, y la falsa creencia de que puede hacerse “porque no hay ánimo de lucro”, “porque el fin es educativo”, “porque a la intranet sólo pueden acceder los alumnos matriculados”… Y no es así.

En tercer lugar, peligra seriamente la mayoría del dinero que CEDRO venía recaudando en concepto de compensación por copia privada. La STJCE en el caso Padawan anula la aplicación indiscriminada del “canon” a empresas y profesionales. Considera el Tribunal que un sistema de compensación equitativa por copia privada sólo es compatible con la normativa comunitaria:

en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.

(…) Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“.

Fotocopias Universidad

Servicio de reprografía de una universidad cualquiera. Foto por J2daM.

El sistema que se implementó en España gravaba en función directamente proporcional a la capacidad de copia de la máquina. ¿Quién creéis que compra máquinas con mayor número de copias por minuto, los particulares o las empresas y profesionales? De momento parece que están salvando los muebles tras la última reforma aberración jurídica que carga la compensación por copia privada a los presupuestos generales del Estado. Hablaremos más a fondo sobre este despropósito en futuras entradas, al tratar el concepto de copia privada.

Por desgracia para CEDRO, la jugada no sólo era la única que le quedaba, sino que tiene sus riesgos. Es más que probable que se cuestione la justificación que hay tras las pretensiones recaudatorias de la entidad de gestión. En palabras de Javier de la Cueva, el abogado que ha asesorado a la CRUE estos meses, las universidades “ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación (…) y ahí entran los derechos de autor”.

CEDRO, al ser la única entidad de gestión de su sector, es la única competente para recaudar el “canon” generado por las copias privadas (es un derecho meramente remuneratorio de gestión colectiva obligatoria). El repertorio que controla a este fin se extiende a la práctica totalidad de las obras impresas (art. 4 de los estatutos de CEDRO). Sin embargo, según de la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores [los profesores universitarios] que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores. (…) No se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se pagan a Cedro”.

Aunque CEDRO defienda que en las universidades se copian libros de todo tipo en la misma proporción, no puedo estar de acuerdo. Tanto de mi experiencia personal, como de la de los docentes con los que he hablado, extraigo que la mayoría de las obras reproducidas en las universidades son artículos y manuales escritos, precisamente, por profesores de universidad.

Por último, CEDRO podría llegar a tener otro motivo de preocupación. Los criterios de reparto de lo recaudado por copia privada los fija la propia CEDRO, en función de un estudio estadístico también elaborado por ella. No sería la primera vez que una entidad de gestión recauda según sus propios criterios, proclama sin cesar su transparencia, supera las auditorías de cuentas solicitadas por el Ministerio de Cultura (art. 159 LPI), y luego pasa lo que pasa