Crónica del II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual

El pasado viernes 18 de mayo tuvo lugar en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual. El evento está organizado conjuntamente por dicho Ministerio y por el Master en Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, y tuvo como tema “La compensación equitativa por copia privada en España y en la Unión Europea. Nueva regulación y perspectivas de armonización”.

Fuente: MAPI

Fuente: MAPI

El congreso fue inaugurado por el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz, que centró su exposición en la nueva configuración de la compensación equitativa por copia privada (en adelante “canon”).

Se trata de un sistema inspirado en el Noruego, que persigue compensar a los titulares de derechos en función del perjuicio efectivamente causado por los usuarios (un carácter equitativo que, a ojos del TJUE, no podía afirmarse del antiguo sistema de compensación). La principal novedad es que dicho canon se abonará a los titulares de derechos con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que no deja de plantear nuevas dudas sobre el carácter efectivamente equitativo de la compensación.

Fuente: UAM

Fuente: UAM

A continuación tomó la palabra Fernándo Molina Fernández (decano de la Facultad de Derecho de la UAM), para augurar una futura homogeneización de los sistemas de compensación equitativa por copia privada.

En su opinión, el acercamiento entre las distintas legislaciones es una cuestión de tiempo, de forma análoga a lo sucedido en las últimas décadas respecto del Derecho penal (su especialidad): hoy en día los tipos delictivos, las penas asociadas, las circunstancias eximentes y agravantes… son muy parecidos en la mayoría de países de nuestro entorno.

Pilar Cámara Águila (Universidad Autónoma de Madrid)  expuso con claridad cómo la primera regulación de la compensación equitativa por copia privada ha sido dinamitada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, que resolvía la cuestión prejudicial planteada en el caso Padawan (SAP Barcelona 89/2011). Terminó su exposición criticando tanto el cariz tributario que cobra el canon  tras el Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, como la utilización precisamente de un procedimiento de urgencia en principio reservado para una serie de casos excepcionales.

De izda. a dcha.: Pilar Cámara, Rodrigo Bercovitz y Carlos Guervós. Fuente: MAPI.

De izda. a dcha.: Pilar Cámara, Rodrigo Bercovitz y Carlos Guervós. Fuente: MAPI.

Carlos  Guervós (Subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), expuso con un mayor grado de detalle el nuevo régimen del canon mediante previsión en los presupuestos generales del Estado. Las ventajas y consecuencias del nuevo sistema ocuparon la ponencia que más interés generó, como más tarde se demostraría en el turno de preguntas. No era para menos, teniendo en cuenta las cantidades que se han estado manejado en dicho concepto los últimos años. La intención del Gobierno, sin embargo, es que esta actual configuración “a la noruega” sea algo transitorio, a la espera de una eventual armonización y de la nueva Ley de Propiedad Intelectual (actualmente en fase de preparación).

Antoine Latreille (Universidad Paris-Sud 11) explicó el régimen de compensación por copia privada en Francia. Allí la consideración de una copia como privada requiere, además de ser destinada al uso privado del copista, que la fuente sea lícita (a diferencia del “acceso legal” que exige nuestro art. 31.2 LPI). El canon es configurado por una comisión especial que establece la cuantía, quién debe pagarla (los fabricantes de dispositivos y soportes de copia, que luego la repercuten al consumidor) y realiza una encuesta para calcularla. Dicha comisión tiene la particularidad de representar no sólo a los titulares de derechos, sino también a los fabricantes de equipos y dispositivos de copia, y a los consumidores. Una participación de todos los sectores involucrados que en España ha brillado tradicionalmente por su ausencia.

Silke von Lewinski (Instituto Max Planck) habló de la compensación equitativa por copia privada en Alemania. La legislación alemana tiene en cuenta que muchos dispositivos y soportes tienen usos distintos a la copia, y por ello la cuantía se calcula en función de la capacidad de copia de los mismos. También tuvo tiempo para comentar las repercusiones del caso Padawan en su ordenamiento jurídico.

De izda. a dcha.: Silke von Lewinski, Antoine Latreille, Ignacio Garrote y Paul Torremans. Fuente: MAPI.

De izda. a dcha.: Silke von Lewinski, Antoine Latreille, Ignacio Garrote y Paul Torremans. Fuente: MAPI.

Paul Torremans (Universidad de Nottingham) describió la excepción por copia privada que se está gestando en el Reino Unido. Al ser un ordenamiento basado en el common law, no posee el sistema de excepciones propio del Derecho continental. Al parecer se pretende aprobar una nueva “excepción” para dotar de licitud a la reproducción privada que tiene lugar, por ejemplo, cuando el usuario compra y digitaliza un CD para escucharlo en su reproductor mp3.

Estirando un poco los conceptos, la correspondiente compensación exigida por el Convenio de Berna se pagaría de forma indirecta incluyéndolo en el P.V.P. Sin embargo, en opinión de Torremans, la exigencia de que cada usuario haya comprado previamente el CD dejaría fuera del ámbito de la excepción a la mayoría de las reproducciones que tienen lugar en el ámbito doméstico (y que, por tanto, continuarían siendo ilícitas). La modificación legislativa, por tanto, tendrá un ámbito objetivo de aplicación considerablemente reducido.

Antoon Quaedvlieg (Universidad de Nimega) analizó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de compensación equitativa por copia privada. Intentó determinar qué ha de entenderse por daño, y si ha de incluirse en él las copias realizadas desde fuentes ilícitas.

María Martín Prat. Fuente: MAPI

María Martín Prat. Fuente: MAPI

María Martín Prat (Unidad de Derecho de Autor de la Dirección de Mercado Interior de la Comisión Europea), se remontó a los años 90 para explicar las dificultades presentes a la hora de armonizar los distintos ordenamientos. En su opinión, la aparición de los formatos digitales, las plataformas de distribución de contenidos en streaming y el almacenamiento en la nube, dota de un nuevo contenido al derecho de copia más cercano al derecho de acceso.

Por último, Frank Gotzen (Universidad de Lovaina) explicó algunas de las posibles alternativas al sistema de compensación equitativa en el entorno digital.  En la misma línea anteriormente mantenida por el profesor Molina, Gotzen incidió en la necesidad de una mayor armonización entre los ordenamientos de los Estados miembros que contemplan en sus respectivas legislaciones la excepción por copia privada.

El Profesor Ignacio Garrote (Universidad Autónoma de Madrid), como Director del Congreso, fue el encargado de exponer las conclusiones, emplazando a los asistentes a la próxima edición.

Bercovitz Camara Latreille Gotzen Garrote Torremans von Lewinsky Quaedvlieg

De izda. a dcha.: Bercovitz, Cámara, Latreille, Gotzen, Garrote, Torremans, von Lewinsky y Quaedvlieg. Fuente: MAPI.

Cuesta resumir en alrededor de mil palabras todo lo acaecido en un evento de estas características (próximamente dedicaré una entrada enteramente a la ponencia y preguntas de Carlos Guervós). Es un privilegio poder escuchar a tantos expertos de tan reconocido prestigio, algo que no habría sido posible sin el enorme trabajo llevado a cabo por la Dirección del Master en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid (encontraréis más fotografías del evento en su página oficial de Facebook). En principio, la III edición tendrá lugar a finales del curso académico 2012/2013. Si podéis asistir, no dejéis escapar la ocasión.

Fuentes: MAPI y blog Derecho y Cultura.

¿Sueñan los androides de gestión con aularios virtuales eléctricos?

Oficinas CEDRO Calle de Miguel Ángel

Oficinas de CEDRO, en la Calle Miguel Ángel (Madrid).

Actualización [11-04-2012]: Según informa ABC en su edición digital, CEDRO ha demandado también a la Universidad Autónoma de Barcelona. Según la entidad de gestión, la UAB sólo tendría que dedicar el 0,5% de su presupuesto a la adquisición de la licencia necesaria para el campus virtual.

Recientemente hemos sabido que CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos) ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo de la demanda parece ser la comunicación pública por parte de dicha universidad de obras protegidas por derecho de autor a través del campus virtual.

CEDRO es la entidad de gestión de derechos de autor del sector de los libros (“la SGAE de las fotocopias”, vamos). Tiene encomendada la gestión de los derechos sobre las obras de sus miembros (concesión de licencias, etc.) y, por imperativo legal, se encarga del reparto del dinero recaudado en concepto de compensación por copia privada (el famoso “canon”).

Al parecer los profesores de la Universidad Carlos III han colgado en el campus virtual artículos, libros… protegidos por derecho de autor sin contar con la licencia necesaria. Las universidades llevan años pagando licencias por las fotocopias, en función de las máquinas a disposición de los alumnos y del número de estos. Sin embargo, según CEDRO sólo tres de los setenta y cinco centros españoles cuentan con licencia para comunicar públicamente obras a través de sus respectivos portales web: IE Universidad, la Universidad Internacional de la Rioja y la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Hace varios años (desde 2005 si no recuerdo mal) que CEDRO intenta sin éxito llegar a un acuerdo con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), y esa es la verdadera razón que hay tras la demanda: “La cuestión no es tanto económica como llamar la atención y conseguir que se sienten a negociar”. En mi opinión, a la entidad de gestión no le quedaba otra salida por varios motivos.

Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III (Getafe). Foto por Miguel303xm.

En primer lugar, los aularios virtuales son un sistema comodísimo tanto para los profesores como para los alumnos: los primeros no tienen que ocuparse de hacer mandar al becario que haga fotocopias, y los segundos pueden acceder al material en cualquier momento y lugar. Además, gracias a las excesivas cantidades de dinero caídas de los cielos de las 17 consejerías de Educación para “fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las universidades”, raro es el centro que no ofrece un servicio de esta clase. El resultado no es otro que una pronunciada reducción del número de fotocopias realizadas, y de la consiguiente  recaudación de CEDRO por este concepto.

CEDRO considera que la mejor solución es otra “tarifa plana”, como la que se emplea para las fotocopias. En este caso, las universidades deberían pagar 5 € por alumno y curso, a cambio de que sus estudiantes puedan utilizar sin límites contenidos protegidos en el campus virtual. La recaudación total ascendería a la módica cantidad de 8 millones de euros por curso académico.

En segundo lugar, los profesores universitarios cuelgan sin ninguna clase de reparo no ya fragmentos, sino obras enteras escaneadas. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan con voluntad de causar un perjuicio económico: muchas veces las obras han sido escritas por colegas de profesión, cuando no por ellos mismos. Pero sí hay mucho desconocimiento, y la falsa creencia de que puede hacerse “porque no hay ánimo de lucro”, “porque el fin es educativo”, “porque a la intranet sólo pueden acceder los alumnos matriculados”… Y no es así.

En tercer lugar, peligra seriamente la mayoría del dinero que CEDRO venía recaudando en concepto de compensación por copia privada. La STJCE en el caso Padawan anula la aplicación indiscriminada del “canon” a empresas y profesionales. Considera el Tribunal que un sistema de compensación equitativa por copia privada sólo es compatible con la normativa comunitaria:

en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.

(…) Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“.

Fotocopias Universidad

Servicio de reprografía de una universidad cualquiera. Foto por J2daM.

El sistema que se implementó en España gravaba en función directamente proporcional a la capacidad de copia de la máquina. ¿Quién creéis que compra máquinas con mayor número de copias por minuto, los particulares o las empresas y profesionales? De momento parece que están salvando los muebles tras la última reforma aberración jurídica que carga la compensación por copia privada a los presupuestos generales del Estado. Hablaremos más a fondo sobre este despropósito en futuras entradas, al tratar el concepto de copia privada.

Por desgracia para CEDRO, la jugada no sólo era la única que le quedaba, sino que tiene sus riesgos. Es más que probable que se cuestione la justificación que hay tras las pretensiones recaudatorias de la entidad de gestión. En palabras de Javier de la Cueva, el abogado que ha asesorado a la CRUE estos meses, las universidades “ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación (…) y ahí entran los derechos de autor”.

CEDRO, al ser la única entidad de gestión de su sector, es la única competente para recaudar el “canon” generado por las copias privadas (es un derecho meramente remuneratorio de gestión colectiva obligatoria). El repertorio que controla a este fin se extiende a la práctica totalidad de las obras impresas (art. 4 de los estatutos de CEDRO). Sin embargo, según de la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores [los profesores universitarios] que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores. (…) No se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se pagan a Cedro”.

Aunque CEDRO defienda que en las universidades se copian libros de todo tipo en la misma proporción, no puedo estar de acuerdo. Tanto de mi experiencia personal, como de la de los docentes con los que he hablado, extraigo que la mayoría de las obras reproducidas en las universidades son artículos y manuales escritos, precisamente, por profesores de universidad.

Por último, CEDRO podría llegar a tener otro motivo de preocupación. Los criterios de reparto de lo recaudado por copia privada los fija la propia CEDRO, en función de un estudio estadístico también elaborado por ella. No sería la primera vez que una entidad de gestión recauda según sus propios criterios, proclama sin cesar su transparencia, supera las auditorías de cuentas solicitadas por el Ministerio de Cultura (art. 159 LPI), y luego pasa lo que pasa

Autoría y personalidad: ¿quién puede ser autor?

La LPI otorga de manera originaria todos los derechos a la persona del autor. Ahora bien, ¿qué debemos entender por “autor”? La propia LPI recoge el concepto en su art. 5.1:

Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

La primera consideración que cabe hacer al respecto es que la condición de autor, a diferencia de lo que sucede con otros derechos inmateriales, depende del mero hecho de la creación (y no de la inscripción en un registro). Además, dicha condición es intransmisible (ya sea inter vivos o mortis causa), no entra en el dominio público y no es susceptible de prescripción. Puedes ceder los derechos sobre tu obra para que otro la explote económicamente, pero no puedes desprenderte de la autoría en sí misma.

Como ya vimos, los conceptos de obra, autoría y originalidad están íntimamente relacionados. Podríamos delimitar las características del autor como la persona natural, adulta, capaz e identificada que crea (motu proprio y ex novo) una obra original. Aunque caben supuestos de coautoría, y de autoría en colaboración (de los que hablaremos en futuras entradas), hay participaciones en la creación de la obra que, por su escasa entidad, no se recompensan con la condición de autor:

  • El inspirador de una idea que el autor aprovechó para materializar en una obra (hay que recordar que el derecho de autor no protege las ideas). Tampoco sería autora la persona cuya vivencia es aprovechada por un tercero (memorias, biografías…). Eso sí, si ese tercero se dedica a transcribir lo que se le dicta, será un mero ejecutante (la autoría corresponderá al narrador).
  • El comitente de una obra (el que la encarga), o aquel para quien el autor presta servicios remunerados (aunque hay una presunción de cesión de derechos en favor de este último en el art. 51 LPI, el empleador no se convierte en autor).
  • El coordinador de actividades artísticas ajenas (director de teatro, productor fonográfico, coordinador de una exposición…).
  • El jugador de un videojuego no es autor respecto de las imágenes que produce con su manipulación de la videoconsola. Esto es así porque su libertad creativa es aparente: en realidad, todo aquello que pueda hacer, los “bichos” que pueda matar o los objetos que pueda recoger ha sido previsto y limitado de antemano al escribir el código del juego.

Por otro lado, como hemos dicho, el autor ha de ser identificable. Este requisito no exige que se conozca al autor, sino que exista la posibilidad de llegarlo a conocer (piénsese en el Lazarillo de Tormes, cuya autoría no pudo determinarse hasta hace poco). En cambio, el folklore es un claro ejemplo en el que, aunque hay obra, no puede atribuirse la autoría al no poder identificarse al creador o creadores.

Asimismo, las notas de “adulta” y “capaz” no exigen que la persona haya alcanzado una edad determinada. El requisito es que haya existido una mínima consciencia, una intención de crear. Por ello los menores podrán ser considerados autores siempre que exista ese componente de intencionalidad. No se requiere “libertad” en el sentido de que cabe la creación por obligación (obras creadas por empleados, o por encargo).

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Pockets Warhol, simpático mono y reconocido pintor. Fuente: Daily Mail

El autor ha de ser “persona”, lo que excluye las “creaciones” generadas por elementos de la naturaleza (fósiles, erosión…), animales (por mucho éxito comercial que tenga su resultado) u ordenadores. En este último caso es necesario precisar que los programas de ordenador sí están protegidos por la propiedad intelectual. También lo están aquellas obras creadas por personas mediante un ordenador: el ratón es una herramienta tan válida como los pinceles. En cambio, si la “obra” está enteramente generada por ordenador, sin tener detrás una voluntad humana tomando decisiones creativas y ejerciendo el control, no se puede hablar de autoría (ni siquiera para otorgársela al autor del “programa creador”).

Sin embargo, la nota que más discusiones doctrinales ha generado es la de persona “natural”, en relación con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser consideradas como autoras.

La corriente mayoritaria, aunque no de manera abrumadora, considera que sólo las personas físicas pueden ser autoras. La otra corriente sostiene que el Derecho español no repudia expresamente la atribución de autoría a las personas jurídicas. Es más, el art. 5.2 LPI permite que las personas jurídicas sean titulares originarias de derechos de propiedad intelectual (el ejemplo más claro son los programas de ordenador, art. 97.1LPI).

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Nell McAndrew, la modelo en cuestión, posando como Lara Croft. Fuente: blogodisea.com

Además, hay resoluciones que parecen apoyar esta segunda tesis, como la recaída en el caso Lara Croft. En ella la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la revista Interviú por publicar un reportaje de una modelo desnuda caracterizada como la famosa arqueóloga. La clave del caso es que se concedió una indemnización a Core Design Ltd. por daños morales” (y sólo los autores pueden ser titulares del derecho moral a la integridad de la obra).

Personalmente, considero que detrás de las personas jurídicas han de estar necesariamente los actos de personas físicas, y sólo estas últimas tenemos capacidad para crear. En cualquier caso, se trata de un debate puramente académico y estéril en la práctica. A las empresas les importa bastante poco ser o no autoras si la LPI ya les otorga la titularidad originaria de los derechos. Además, las facultades morales se ven suplidas en numerosos casos a través de las acciones que conceden la Ley de Marcas o la Ley de Competencia Desleal.

Condenado por acceder y manipular la cuenta de Tuenti de una amiga

Logo de TuentiA finales del mes pasado, un joven fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona a una pena de 6 meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros como autor de un delito de revelación de secretos. El sujeto en cuestión accedió sin consentimiento a las cuentas de Tuenti y de correo electrónico de una conocida. No contento con ello, cambió la configuración de privacidad (de “sólo amigos” a “todo Tuenti”), colgó fotos de mujeres desnudas y cambió las claves de acceso para que la titular no pudiese entrar.

La pena solicitada por el Ministerio Fiscal era de 18 meses de cárcel más 6.000 € de multa, quedando rebajada por conformidad a la señalada en el párrafo anterior. La conformidad está regulada en el art. 801 LECrim., y permite al acusado reducir su condena a cambio de admitir los hechos imputados, aceptar la pena más grave solicitada por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, y asumir las eventuales responsabilidades civiles. Si se trata de su primera condena, al ser esta menor a 2 años de cárcel no ingresará en prisión.

El delito de revelación de secretos está contemplado en los arts. 197 y siguientes del Código Penal:

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

Este delito deriva del derecho a la intimidad personal y familiar recogido en el art. 18 de la Constitución. Para generar responsabilidad penal basta con el hecho de descubrir los secretos de otra persona, o de interceptar sus comunicaciones, ambos sin consentimiento. No es necesario, por tanto, que la información se haga pública para que haya delito. El delito se agrava cuando el infractor tuvo relación con el secreto como consecuencia de su profesión u oficio (médicos, abogados, sacerdotes…).

No sé cómo consiguió este chico la contraseña, pero en general es algo más fácil de lo que parece. Averiguar una clave depende de dos factores: la habilidad del “cazador” y el descuido de la “presa”. Cuanto mayor sea el primero, menos necesario será el segundo, y viceversa. Personalmente, por lo que veo a mi alrededor tengo la impresión de que la gente es excesivamente descuidada con sus claves, hasta que ya es demasiado tarde. Yo tengo un truco infalible: uso siempre la palabra “incorrecta”. Así no tengo que acordarme más que de una palabra y, si la olvido o me equivoco, la propia página me ayuda diciendo: “su contraseña es incorrecta”. Bromas aparte, no podemos evitar que haya ataques contra nuestras cuentas, pero sí podemos tomar precauciones para que sean mucho más seguras:

  • Crea una contraseña larga: ocho caracteres como mínimo. Asimismo emplea todo tipo de caracteres (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos), y acuérdate de cambiarla con un mínimo de frecuencia (por lo menos, dos veces al año).
  • No uses palabras completas ni otras combinaciones “evidentes”: nada de nombres de la página, de usuario, tu nombre real o el de tu mascota. También hay que evitar cumpleaños, aniversarios, números de teléfono, DNI…
  • Nunca utilices la misma contraseña para más de un sitio web: no todas las páginas guardan las contraseñas con el mismo celo, y te expones a que caigan todas tus cuentas en cuanto alguien averigüe la de una.
  • Si ves que se te acumulan las claves, puedes usar un gestor de contraseñas. Hay varios programas y servicios que almacenan los nombres de usuario y claves de los distintos sitios web, y tú sólo tienes que recordar la clave maestra del gestor.
  • Desconfía de los mensajes y correos que te pidan la contraseña. Aunque parezcan legítimos, ni Hacienda, ni tu banco, ni nadie con un mínimo de seguridad va a pedirte la clave por correo electrónico.
  • Toma precauciones en lugares y ordenadores públicos: procura que nadie te mire por encima del hombro, y acuérdate de cerrar sesión cuando uses un ordenador ajeno; en este último caso, si además de no cerrar sesión le das a “guardar contraseña” en el navegador, el que venga después tiene mi beneplácito para entrar y causar los estragos que estime oportunos.
  • No reveles jamás tu contraseña a nadie; ni a tu familia, ni a tu pareja ni a tus amigos, por muy buenos que sean. Que otra persona conozca tus claves no es una demostración de confianza, es una estupidez. Si por cualquier motivo necesitas que alguien acceda a alguna de tus cuentas, cambia la contraseña en cuanto puedas. En caso contrario te expones a que la revelen por accidente, a que entren por curiosidad o a que se hagan con ella si por os enemistáis en el futuro.
Concierto de David Bisbal en Almería (2009)

David Bisbal en concierto. Foto de J. A. Blaya

Llegados a este punto, más de uno pensaréis: “Sí, suena bastante razonable; supongo que debería hacerlo, pero me da mucha pereza. Después de todo, y aunque me conozcan, ¿quién va a ser capaz de averiguar mi contraseña si no se la digo?”. David Bisbal, por poner un ejemplo, ya tiene su respuesta.

En mi modesta opinión, es mejor tomarse estas ligeras molestias a tener que lamentar la pérdida de todo lo que conserváis en el correo electrónico, Tuenti, Facebook, Twitter… y eso en el mejor de los casos. Por último, os recomiendo que echéis un vistazo al ranking de las 25 peores contraseñas de internet en 2011. Aunque las palabras sean inglesas, creo que se capta la idea.

Obras protegidas por la propiedad intelectual (II)

Tras la pausa para el café, continuamos con la lista abierta de tipos de obra protegidos por la propiedad intelectual (art. 10 LPI).

c. Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

Teatro de la Ópera de Viena

Teatro de la ópera de Viena. Foto por Daniel Yeow.

Esta clase engloba, entre otros: el teatro, las marionetas, la ópera, las coreografías, las pantomimas… En ocasiones puede dudarse sobre si cabe calificar a alguien como intérprete o como autor, sobre todo en casos de improvisación (Compañía L’Om Imprebis), o cuando las indicaciones del autor del libreto son muy sucintas.

En este sentido cabe destacar que, al contrario de lo que sucede en la obra audiovisual, el director de teatro no tiene la condición de autor. Se duda también sobre la condición de autor del director de escena, ya que algunas adaptaciones son, sin duda, originales en el sentido de la LPI. Las obras escénicas pueden además incluir otro tipo de obras protegidas que reciben protección por sí mismas (decoración, vestuario…). Otros casos dudosos en cuanto a su originalidad creativa podrían ser el fútbol, los toros, la gimnasia artística, el patinaje sobre hielo… Aunque hay otros supuestos en que no cabe la más mínima duda, como sucede con el Circo del Sol. Tal y como decíamos en otra ocasión, las expresiones culturales del folklore tradicional pertenecen a la comunidad y no son susceptibles de apropiación a través de la propiedad intelectual.

d. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

Logo_León_Metro_Goldwyn_MayerSegún el art. 86 LPI, las obras audiovisuales son “creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras“.

Teniendo en cuenta la variedad de aportaciones creativas, se considera como autores de la misma al director, al guionista y al compositor de la banda sonora.

e. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

Mickey Mouse Aprendiz de Brujo

Mickey Mouse, el Aprendiz de Brujo. Foto por Loren Javier.

En las obras plásticas, la expresión de la subjetividad del autor se produce mediante una combinación de formas y colores: pintura, dibujo, grabado, escultura, arquitectura, tapices, jardinería, interiores, cómic, elementos plásticos en videojuegos… En estos casos, muchas veces la originalidad viene determinada por el material empleado (esculturas hechas con botones, con excrementos…). Otras veces, la originalidad está en la ejecución (piénsese en dos pintores inspirándose en el mismo paisaje, pero dando lugar a dos pinturas distintas). Y en otras, lo original es la propia concepción (un simpático ratón con forma y comportamiento humanos).

En la propiedad intelectual, hay una división esencial entre lo que es la obra (corpus mysticum) y el soporte que la contiene y permite su disfrute (corpus mechanicum). Los derechos patrimoniales sobre la obra existen al margen del soporte, por lo que alguien que adquiere un cuadro o una escultura no tiene, por la mera compra, derecho a explotar la obra (art. 56 LPI). Aunque haya adquirido el único ejemplar existente de dicha obra. A pesar de ello, el adquirente sí tiene “derecho de exposición”: podrá exponer públicamente la obra, salvo que el autor haya excluido expresamente este derecho de la compraventa. En futuras entradas hablaremos sobre otro importante derecho que afecta a las obras plásticas, el conocido como droit de suite (derecho de persecución, antiguo art. 24 LPI derogado por la Ley 3/2008). Por último, entran dentro de esta clase las obras de arte aplicado, siempre que sean suficientemente originales y con independencia de que también sean protegibles a través de la propiedad industrial.

f. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

Bloque de Apartamentos

Un bloque de apartamentos como cualquier otro. Foto por SveterCZE.

Tanto sobre los proyectos, planos y maquetas, como sobre los gráficos y mapas, hay poco que decir. Como también vimos, los requisitos de originalidad son bastante relajados. También hay otra causa, y es que su objetivo principal no es expresar la subjetividad de su autor. Puede que algún arquitecto se me eche las manos a la cabeza, pero todos estamos de acuerdo en que, al igual que no se puede proteger del mismo modo la Sagrada Familia que el bloque de apartamentos de la esquina, lo mismo ha de suceder con sus planos y maquetas. En mi opinión, la libertad creadora del arquitecto está intrínsecamente sometida a la utilidad práctica del resultado. Pero es algo que no impide que sus obras se protejan si alcanzan originalidad suficiente.

La fotografía es un caso distinto, en el que el debate está lejos de cerrarse. Tanto la jurisprudencia como la doctrina están de acuerdo en que hay una distinción fundamental entre la mera fotografía y la obra fotográfica. Sobre los criterios de ambas para establecer si hay originalidad o no hablaremos más adelante. De momento, baste decir que contrariamente a lo que se pudiera llegar a pensar la originalidad no depende del valor económico de la imagen capturada, y que en aquellos casos en que se fotografíe a otras personas habrá que tener en cuenta el derecho al honor y a la propia imagen de los retratados.

i. Los programas de ordenador.

Nuevo logo de Windows 8

El nuevo logo de Microsoft para Windows 8

Los programas de ordenador se protegen como obras literarias, aunque hay numerosas voces discordantes que lo consideran una mera innovación tecnológica. En cualquier caso, según el art. 96 LPI, se entiende por programa de ordenador “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación“. La protección se extiende también a la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso. También hay que tener en cuenta que las personas jurídicas pueden ser titulares originarias de los derechos (art. 97 LPI). Es uno de los argumentos que se esgrimen en el eterno debate sobre si la creación es o no algo exclusivo de las personas físicas.

En mayor o menor relación con los programas de ordenador encontramos las obras multimedia y las páginas web. Las obras multimedia combinan vídeo, sonido, imágenes estáticas… gracias a un programa de ordenador. Las páginas web son documentos situado en una red informática, a los que se accede mediante enlaces de hipertexto (de ahí el “http://” que podéis encontrar en la barra URL de vuestro navegador).

En ambos casos no hay que confundir estas obras con los elementos que incorporan (ficheros, gráficos, fotografías, imágenes, vídeos, música…), que en muchas ocasiones son susceptibles de protección independiente. De las páginas web se protege:

  • El código fuente, como programa de ordenador.
  • El diseño de la página (presentación visual), siempre que sea original. Y no, el hecho de escoger una plantilla de 1and1 o similares no te da derechos sobre su diseño.
  • Los elementos independientes incorporados a cada página. El titular de la página, si no es autor de los mismos, necesita contar con el derecho de comunicación pública para incluirlos en su web.

En Propiedad Intelectual Hoy: Obras protegidas por la propiedad intelectual (I)