La tasa Google y la neutralidad de la red

Desde hace unos meses tengo el privilegio de colaborar en el Boletín de Propiedad Intelectual que publica CMS Albiñana y Suárez de Lezo. En el último número, que recomiendo vivamente y podéis encontrar aquí, colaboro con un artículo sobre la tasa Google. Reproduzco el texto a continuación.

El pasado lunes 21 de enero Orange Francia hizo público un acuerdo por el que Google se compromete a compensarla por el exceso de tráfico que generan sus servicios -el buscador, Google News, Gmail, YouTube, etc-.

Google_logoEste acuerdo supone un cambio de rumbo radical de la compañía de Mountain View, que hasta la fecha siempre se ha negado rotundamente al pago de la conocida “tasa Google”. Al respecto, es una noticia reciente que Google no cedió ante las presiones de Free -otro ISP francés- cuando éste decidió unilateralmente configurar sus routers para que bloquearan por defecto la publicidad de Google a todos los usuarios de sus líneas, siendo la insistencia del Gobierno francés la que finalmente obligó a Free a dar marcha atrás. Son de recordar, al respecto, las declaraciones de Fleur Pellerin, ministra delegada de las PYMES, economía numérica e innovación: “La publicidad es un modelo económico importante para un gran número de sites. Esta política de bloqueo no es compatible con mi visión de un internet libre y abierto del que el usuario es dueño”.

Y es que, al contrario de lo que pudiera parecer, la presente controversia tiene consecuencias que van mucho más allá del mero pago de una tasa. Así, los proveedores de internet, cual es el caso de Orange, intentan reducir el problema a la necesidad de que Google sufrague parte de la inversión en infraestructuras por ocupar el buscador gran parte de su ancho de banda. Sin embargo, son los particulares los que hacen uso de los servicios de Google, y ya pagan religiosamente por su conexión a internet. Además de lo expuesto, y aquí es donde está el conflicto, las pretensiones de las compañías telefónicas pueden poner en peligro el principio de neutralidad de la red.

Para analizar el problema de neutralidad objeto de cita, debe conocerse que internet está basado en protocolos que toman un archivo, lo fragmentan, envían los paquetes resultantes por caminos distintos y los unen cuando todos han llegado a su destino. Todo ello, como es lógico, se lleva a cabo sin que las compañías telefónicas entren a analizar su origen o contenido, porque su negocio consiste y debe consistir en la mera transmisión de datos. Permitir que estas compañías se arroguen la facultad de decidir qué contenido se transmite de forma gratuita y cuál requiere de un precio adicional, sentaría un peligroso precedente.

Net_Neutrality_logoLa neutralidad de la red no consiste, por tanto, en que las compañías telefónicas se comprometan a no limitar la cantidad de megas de navegación asociada a sus tarifas – de hecho, algunas operadoras móviles de Inglaterra y Estados Unidos como O2, Vodafone o AT&T han reducido la oferta de tarifas planas 3G a nuevos clientes, ante el temor de un colapso de sus redes-. El objetivo es la no discriminación de la información por razón de su procedencia o contenido, pues lo que el usuario espera de su acceso a internet es que los datos a través de los que se transmiten, por ejemplo, su correo electrónico, una canción en Spotify o la compra de un billete de avión, viajen sin trabas a la misma velocidad por defecto.

Si finalmente empresas como Orange se convierten, además, en agentes de aduanas virtuales, las consecuencias irían más allá de tasas a pagar por las multinacionales de internet. Así, una vez se bloquea un tipo de contenido, la tentación provocada por ese poder de control puede ser demasiado grande como para detenerse ahí. Un vistazo a la censura llevada a cabo por países como China o Irán basta para darse cuenta del peligro que conlleva que los contenidos se privilegien o degraden en función de su relación comercial con el proveedor de servicios de internet y de la de éste con el Gobierno.

El contenido del acuerdo entre Orange y Google no ha salido a la luz pero, según la primera, los servicios asociados al buscador ocupan más del 50% de su tráfico disponible. Stephane Richard, CEO de Orange, calificó el acuerdo como un “balance de fuerzas”, y puso de manifiesto la importancia de su compañía, que cuenta con una base de 230 millones de clientes. También aprovechó la ocasión, cómo no, para criticar el comportamiento de su competidor Free.

En España, Movistar lleva años solicitando el pago de la “tasa Google”. En este sentido hay que señalar que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que rara vez se posiciona en este tipo de situaciones, parece haber tomado partido por la compañía telefónica. Su presidente, Reinaldo Rodríguez, manifestó a comienzos de 2011 que si los proveedores de contenidos necesitan redes más rápidas, y estas redes las construyen empresas como Movistar, “ambos llegarán a acuerdos”.

Aún es pronto para saber si Google alcanzará acuerdos con otras compañías. Lo que es seguro es que, de no darse alguna circunstancia excepcional y determinante en el caso de Orange, Google habrá perdido gran parte de la autoridad moral que le permitía hacer caso omiso de todo aquel que llamaba a su puerta con una petición similar.

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Google vs AEDE: Un conflicto por resolver

Esta mañana han publicado en la edición digital de Cinco Días un artículo escrito conjuntamente por Blanca Cortés, Directora del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, y por mí. Reproduzco el texto a continuación:

A finales del año pasado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), principal entidad representante de la prensa de nuestro país, reclamó al Gobierno que aprovechara la inminente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (“LPI”) para incluir la llamada “tasa Google”.

Se trata de una suerte de canon a cuyo través los editores pretenden recibir una compensación por el uso que hacen los grandes buscadores de sus noticias, petición que va en línea con la realizada por asociaciones análogas de países como Francia o Alemania.

Así, los editores consideran que servicios como Google News ocasionan “un indudable perjuicio económico a la prensa” y basan estas afirmaciones en estudios como el de la consultora Telos, que revela que 8 de cada 10 noticias que circulan por la red tienen su origen en la prensa, mientras que se estima que el 80% de la publicidad que se invierte en internet va a parar a las arcas de los grandes buscadores.

Como es bien sabido, ésta no es la primera batalla que libran los editores en defensa de los beneficios generados por la propiedad intelectual de sus artículos y noticias. A diferencia de una novela, los textos periodísticos pueden estar sujetos a una protección inferior, dada la existencia de límites recogidos en nuestra LPI que pueden serles de aplicación. Aparte del límite relativo a las citas, análisis, comentarios y juicios críticos, que se aplica a todo tipo de obras, existe otro específico para los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social. En efecto, el art. 33 LPI permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente este tipo de obras siempre que: (i) no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos; (ii) el autor perciba la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.

El último conflicto, de hecho, surgió a raíz del denominado press-clipping, por el que algunas empresas reproducían fragmentos de las noticias para comercializar resúmenes de prensa. Los editores consiguieron finalmente una reforma legal en virtud de la cual las empresas de press-clipping quedaban obligadas a pagar una tasa compensatoria siempre y cuando su actividad tuviera fines comerciales (artículo 32.1 párrafo 2º LPI). Ante tales circunstancias, la AEDE pretende ahora extender este canon a servicios como Google News y otros agregadores sistemáticos de noticias, mientras que las páginas de empresas, blogs, etc. podrían seguir citando libremente sus contenidos.

Desde un punto de vista jurídico, no puede afirmarse que la AEDE esté falta de argumentos puesto que cualquier texto periodístico constituye en sí mismo una obra susceptible de protección y su reproducción, es decir, “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”, precisa de la autorización expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual.

En este escenario, Google ni siquiera reproduce las noticias en su totalidad, limitándose en su lugar a copiar el titular junto con un extracto de 3 líneas (los llamados snippets). De tal forma, si el lector desea leer más, el enlace le deriva directamente al portal del periódico emisor de la noticia, lo que cuenta como visitante del diario a efectos publicitarios, aunque no en la forma pretendida por la AEDE, pues el lector interesado accede directamente a la página de la noticia, sin pasar por la portada, lugar por el que los anunciantes pagan cantidades más elevadas. En la misma línea, el negocio de Google también tiene como base la publicidad, aunque Google News no muestra anuncios de ninguna clase.

Google lee la situación creada por el conflicto desde un ángulo bien diferente, aludiendo a su propia condición de buscador cuya actividad consiste, a fin de cuentas, en indexar la totalidad de la web y ofrecer los resultados de búsqueda más útiles para sus usuarios. En caso de que un periódico no desee ser indexado, no tiene más que editar unas líneas de su archivo robots.txt para que los buscadores pasen de largo o, en su lugar, se limiten a reproducir el titular. Si, por el contrario, desea quedarse, podrá aprovechar parte de las más de 100.000 visitas que Google provee a los periódicos de todo el mundo cada minuto.

La negativa de Google a resolver el conflicto parece, pues, una cuestión de principios. A los ojos del buscador, el enlace, que es el fundamento de la world wide web, es y debe seguir siendo libre, a lo que debe añadirse, a su juicio, la hipocresía de la industria editorial, que no solo deja abierta la puerta a sus contenidos, sino que emplea técnicas de SEO para aparecer lo más alto posible en los resultados de búsqueda.

Por lo demás, la globalización de la red y las agencias de noticias han otorgado al conflicto una dimensión internacional y aunque con los mismos agentes, las diferentes legislaciones lo han conducido a resultados dispares.

En Francia, Google ha alcanzado un acuerdo con los editores galos. Por un lado, el buscador dedicará un fondo de 60 millones de euros anuales al desarrollo de la presencia de los periódicos franceses en internet. Por otro, los periódicos se beneficiarán de condiciones especiales en el uso de Google Ads (la plataforma de publicidad de Google).

En Bélgica los diarios pertenecientes al grupo Copiepresse reclamaron esta tasa a los tribunales, fallando en Mayo de 2011 el Tribunal Supremo de Bruselas en favor de los periódicos; Google, por su lado, en lugar de pagar la tasa, optó por retirar los contenidos de los diarios demandantes de Google News y como represalia adicional retiró a los mismos periódicos de los resultados del buscador, aunque a día de hoy ya están todos de vuelta en el popular servicio de noticias.

En Alemania, el Gobierno de Angela Merkel ha aprobado recientemente un proyecto de ley similar al francés para que la prensa germana pueda participar de los beneficios que obtiene Google en el país. Dicho proyecto se encuentra a día de hoy en tramitación parlamentaria, aunque su aprobación dista de ser segura porque la izquierda es sumamente crítica con el texto.

Fuera de Europa, la Asociación de Periódicos de Brasil (ANJ por sus siglas en portugués), acordó con Google que los snippets reducirían su extensión de 3 a 1 sola línea. La estrategia no dio los resultados esperados por la prensa; por este motivo la ANJ decidió el año pasado retirar en bloque sus contenidos. Las noticias de 145 cabeceras (cerca del 90% de la circulación) ya no aparecen en Google News. Solo el tiempo dirá si la AEDE adopta una postura tan radical como la de sus asociaciones hermanas, pues es lógico que quiera seguir aprovechando el flujo constante de visitas que Google proporciona a sus asociados y que desee evitar que otras páginas que reproduzcan sus artículos (lícitamente o no) se dejen indexar y ocupen los primeros puestos de las listas de resultados.

Se desconoce si el Gobierno español atenderá esta petición, puesto que la redacción del anteproyecto de la reforma de la LPI se está realizando con gran discreción, lo cual añade al proceso un halo de misterio e incertidumbre que no permite aventurar conjeturas sobre su final.