El Consejo Europeo llega a un acuerdo para la creación de una patente común

El pasado 19 de noviembre los países miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo definitivo sobre la patente única europea. Este acuerdo augura tanto una notable reducción de los costes actuales, como un aumento de la seguridad jurídica al establecer un tribunal unificado y especializado.

Hasta la fecha, la mal llamada “patente europea” no es más que una ficción jurídica por la que al solicitante le basta con tramitar un único expediente ante la Oficina Europea de Patentes. En caso de que la eventual patente le sea otorgada, de modo semejante al de la luz solar al atravesar un prisma de cristal, ésta se divide en un haz de patentes nacionales, una para cada uno de los Estados solicitados. Para la validez de la patente, además, la mayoría de los Estados requieren una traducción completa de la misma a sus respectivas lenguas oficiales.

Fuente: legalgrind.com

Fuente: legalgrind.com

Al ser la patente un derecho territorial, los inconvenientes de este sistema no tardaron en hacer aparición. Los procedimientos en materia de patentes difieren de un país a otro al igual que los plazos, la velocidad con la que actúan los respectivos tribunales, los requisitos para la adopción de medidas cautelares o el importe de las costas.

La fragmentación de jurisdicciones también fomentaba el forum shopping (elección del foro en función de la jurisdicción en la que es más probable obtener una resolución favorable, o una indemnización de daños y perjuicios mayor), y en muchos casos obligaba a demandar en más de un país, a menudo obteniendo fallos contradictorios entre sí dependiendo del territorio.

Es por ello que el acuerdo adoptado prevé un tribunal único y especializado en la materia (Tribunal de Patentes Unificadas), con competencia exclusiva para los litigios sobre infracciones y validez, tanto de las nuevas patentes unitarias como de las actuales patentes “europeas”.

Dicho Tribunal estará compuesto por un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia estará a su vez formado por una división central con sede en París y dos secciones especializadas: una en Londres –patentes farmacéuticas y químicas– y la otra en Múnich –patentes de ingeniería mecánica–.

El reciente acuerdo añade estas nuevas competencias a las que hoy tiene la Oficina Europea de Patentes. Dicho organismo será el encargado de otorgar las nuevas patentes unitarias manteniendo el procedimiento, los criterios y las reglas de patentabilidad establecidas en 1973 por el Convenio de Múnich sobre la Patente Europea. Las diferencias entre ambos tipos de patentes vendrán después de la concesión. En ese momento, el solicitante podrá optar entre:

(i) una patente “europea” con protección individual en cada uno de los Estados solicitados,
(ii) una patente común con protección única para todos los Estados participantes en este acuerdo, o
(iii) una combinación de ambas patentes, para obtener protección en los 27 Estados de la UE.

Debe manifestare, en todo caso, que el presente acuerdo no incluye a todos los Estados miembros, pues España e Italia no forman parte del proyecto por considerarlo discriminatorio para sus idiomas –en un principio las patentes sólo estarán disponibles en inglés, francés y/o alemán–, aunque Italia sí se suma al acuerdo sobre la jurisdicción única.

Mapa de hispanohablantes en el Mundo

Hablantes de español en el Mundo. Fuente: Wikimedia Commons.

Así, es notorio que el eje franco-alemán, que en su día se opuso a la propuesta de Reglamento por no estar de acuerdo con el empleo del inglés como único idioma del procedimiento, bloquee ahora las idénticas pretensiones de dos de sus principales socios europeos. Más aún teniendo en cuenta que Francia y Alemania consiguieron, además de la admisión de sus lenguas, albergar sedes del nuevo Tribunal. Ambas naciones se escudan ahora en que la proporción de patentes españolas es escasa o, lo que es lo mismo, que la inversión pública o privada en investigación y desarrollo es insuficiente, para ignorar tanto los intereses de España dentro de la Unión como los de los más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo.

El perjuicio para España es evidente. Por un lado, al no exigirse el depósito de una copia de la patente objeto de registro en español, nuestras empresas se verán obligadas a costear constantes traducciones para no caer en el ostracismo tecnológico. Por otro, en caso de litigio dependerían en exceso de los abogados situados en cualquiera de los países cuyas lenguas sí son aceptadas. Y, por si no fuera suficiente, las PYMES serán presa fácil de las amenazas relativas al alto coste de los litigios en materia de infracción de patentes.

Ahora bien, es probable que los daños provocados por quedarse fuera sean todavía mayores. Alemania y Francia tienen razón: en España se inventa y se patenta poco (y, vistas las partidas para I+D de los últimos presupuestos generales, no parece que la tendencia vaya a cambiar en el futuro más inmediato). Además, hace tiempo que los trabajadores españoles del sector hablan inglés con fluidez. Si 22 de nuestros socios han sacrificado sus lenguas en favor de la patente común, no veo por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo.

La tramitación del acuerdo sobre la patente de los 25 continuará con su adopción en una conferencia diplomática, y su posterior ratificación por parte de los parlamentos nacionales. La Comisión Europea pretende tener todos los instrumentos de ratificación concluidos antes de noviembre de 2013, a fin de emitir la primera patente común en abril de 2014.

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