¿Sueñan los androides de gestión con aularios virtuales eléctricos?

Oficinas CEDRO Calle de Miguel Ángel

Oficinas de CEDRO, en la Calle Miguel Ángel (Madrid).

Actualización [11-04-2012]: Según informa ABC en su edición digital, CEDRO ha demandado también a la Universidad Autónoma de Barcelona. Según la entidad de gestión, la UAB sólo tendría que dedicar el 0,5% de su presupuesto a la adquisición de la licencia necesaria para el campus virtual.

Recientemente hemos sabido que CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos) ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo de la demanda parece ser la comunicación pública por parte de dicha universidad de obras protegidas por derecho de autor a través del campus virtual.

CEDRO es la entidad de gestión de derechos de autor del sector de los libros (“la SGAE de las fotocopias”, vamos). Tiene encomendada la gestión de los derechos sobre las obras de sus miembros (concesión de licencias, etc.) y, por imperativo legal, se encarga del reparto del dinero recaudado en concepto de compensación por copia privada (el famoso “canon”).

Al parecer los profesores de la Universidad Carlos III han colgado en el campus virtual artículos, libros… protegidos por derecho de autor sin contar con la licencia necesaria. Las universidades llevan años pagando licencias por las fotocopias, en función de las máquinas a disposición de los alumnos y del número de estos. Sin embargo, según CEDRO sólo tres de los setenta y cinco centros españoles cuentan con licencia para comunicar públicamente obras a través de sus respectivos portales web: IE Universidad, la Universidad Internacional de la Rioja y la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Hace varios años (desde 2005 si no recuerdo mal) que CEDRO intenta sin éxito llegar a un acuerdo con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), y esa es la verdadera razón que hay tras la demanda: “La cuestión no es tanto económica como llamar la atención y conseguir que se sienten a negociar”. En mi opinión, a la entidad de gestión no le quedaba otra salida por varios motivos.

Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III (Getafe). Foto por Miguel303xm.

En primer lugar, los aularios virtuales son un sistema comodísimo tanto para los profesores como para los alumnos: los primeros no tienen que ocuparse de hacer mandar al becario que haga fotocopias, y los segundos pueden acceder al material en cualquier momento y lugar. Además, gracias a las excesivas cantidades de dinero caídas de los cielos de las 17 consejerías de Educación para “fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las universidades”, raro es el centro que no ofrece un servicio de esta clase. El resultado no es otro que una pronunciada reducción del número de fotocopias realizadas, y de la consiguiente  recaudación de CEDRO por este concepto.

CEDRO considera que la mejor solución es otra “tarifa plana”, como la que se emplea para las fotocopias. En este caso, las universidades deberían pagar 5 € por alumno y curso, a cambio de que sus estudiantes puedan utilizar sin límites contenidos protegidos en el campus virtual. La recaudación total ascendería a la módica cantidad de 8 millones de euros por curso académico.

En segundo lugar, los profesores universitarios cuelgan sin ninguna clase de reparo no ya fragmentos, sino obras enteras escaneadas. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan con voluntad de causar un perjuicio económico: muchas veces las obras han sido escritas por colegas de profesión, cuando no por ellos mismos. Pero sí hay mucho desconocimiento, y la falsa creencia de que puede hacerse “porque no hay ánimo de lucro”, “porque el fin es educativo”, “porque a la intranet sólo pueden acceder los alumnos matriculados”… Y no es así.

En tercer lugar, peligra seriamente la mayoría del dinero que CEDRO venía recaudando en concepto de compensación por copia privada. La STJCE en el caso Padawan anula la aplicación indiscriminada del “canon” a empresas y profesionales. Considera el Tribunal que un sistema de compensación equitativa por copia privada sólo es compatible con la normativa comunitaria:

en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.

(…) Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva“.

Fotocopias Universidad

Servicio de reprografía de una universidad cualquiera. Foto por J2daM.

El sistema que se implementó en España gravaba en función directamente proporcional a la capacidad de copia de la máquina. ¿Quién creéis que compra máquinas con mayor número de copias por minuto, los particulares o las empresas y profesionales? De momento parece que están salvando los muebles tras la última reforma aberración jurídica que carga la compensación por copia privada a los presupuestos generales del Estado. Hablaremos más a fondo sobre este despropósito en futuras entradas, al tratar el concepto de copia privada.

Por desgracia para CEDRO, la jugada no sólo era la única que le quedaba, sino que tiene sus riesgos. Es más que probable que se cuestione la justificación que hay tras las pretensiones recaudatorias de la entidad de gestión. En palabras de Javier de la Cueva, el abogado que ha asesorado a la CRUE estos meses, las universidades “ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación (…) y ahí entran los derechos de autor”.

CEDRO, al ser la única entidad de gestión de su sector, es la única competente para recaudar el “canon” generado por las copias privadas (es un derecho meramente remuneratorio de gestión colectiva obligatoria). El repertorio que controla a este fin se extiende a la práctica totalidad de las obras impresas (art. 4 de los estatutos de CEDRO). Sin embargo, según de la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores [los profesores universitarios] que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores. (…) No se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se pagan a Cedro”.

Aunque CEDRO defienda que en las universidades se copian libros de todo tipo en la misma proporción, no puedo estar de acuerdo. Tanto de mi experiencia personal, como de la de los docentes con los que he hablado, extraigo que la mayoría de las obras reproducidas en las universidades son artículos y manuales escritos, precisamente, por profesores de universidad.

Por último, CEDRO podría llegar a tener otro motivo de preocupación. Los criterios de reparto de lo recaudado por copia privada los fija la propia CEDRO, en función de un estudio estadístico también elaborado por ella. No sería la primera vez que una entidad de gestión recauda según sus propios criterios, proclama sin cesar su transparencia, supera las auditorías de cuentas solicitadas por el Ministerio de Cultura (art. 159 LPI), y luego pasa lo que pasa

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Autoría y personalidad: ¿quién puede ser autor?

La LPI otorga de manera originaria todos los derechos a la persona del autor. Ahora bien, ¿qué debemos entender por “autor”? La propia LPI recoge el concepto en su art. 5.1:

Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

La primera consideración que cabe hacer al respecto es que la condición de autor, a diferencia de lo que sucede con otros derechos inmateriales, depende del mero hecho de la creación (y no de la inscripción en un registro). Además, dicha condición es intransmisible (ya sea inter vivos o mortis causa), no entra en el dominio público y no es susceptible de prescripción. Puedes ceder los derechos sobre tu obra para que otro la explote económicamente, pero no puedes desprenderte de la autoría en sí misma.

Como ya vimos, los conceptos de obra, autoría y originalidad están íntimamente relacionados. Podríamos delimitar las características del autor como la persona natural, adulta, capaz e identificada que crea (motu proprio y ex novo) una obra original. Aunque caben supuestos de coautoría, y de autoría en colaboración (de los que hablaremos en futuras entradas), hay participaciones en la creación de la obra que, por su escasa entidad, no se recompensan con la condición de autor:

  • El inspirador de una idea que el autor aprovechó para materializar en una obra (hay que recordar que el derecho de autor no protege las ideas). Tampoco sería autora la persona cuya vivencia es aprovechada por un tercero (memorias, biografías…). Eso sí, si ese tercero se dedica a transcribir lo que se le dicta, será un mero ejecutante (la autoría corresponderá al narrador).
  • El comitente de una obra (el que la encarga), o aquel para quien el autor presta servicios remunerados (aunque hay una presunción de cesión de derechos en favor de este último en el art. 51 LPI, el empleador no se convierte en autor).
  • El coordinador de actividades artísticas ajenas (director de teatro, productor fonográfico, coordinador de una exposición…).
  • El jugador de un videojuego no es autor respecto de las imágenes que produce con su manipulación de la videoconsola. Esto es así porque su libertad creativa es aparente: en realidad, todo aquello que pueda hacer, los “bichos” que pueda matar o los objetos que pueda recoger ha sido previsto y limitado de antemano al escribir el código del juego.

Por otro lado, como hemos dicho, el autor ha de ser identificable. Este requisito no exige que se conozca al autor, sino que exista la posibilidad de llegarlo a conocer (piénsese en el Lazarillo de Tormes, cuya autoría no pudo determinarse hasta hace poco). En cambio, el folklore es un claro ejemplo en el que, aunque hay obra, no puede atribuirse la autoría al no poder identificarse al creador o creadores.

Asimismo, las notas de “adulta” y “capaz” no exigen que la persona haya alcanzado una edad determinada. El requisito es que haya existido una mínima consciencia, una intención de crear. Por ello los menores podrán ser considerados autores siempre que exista ese componente de intencionalidad. No se requiere “libertad” en el sentido de que cabe la creación por obligación (obras creadas por empleados, o por encargo).

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Pockets Warhol, simpático mono y reconocido pintor. Fuente: Daily Mail

El autor ha de ser “persona”, lo que excluye las “creaciones” generadas por elementos de la naturaleza (fósiles, erosión…), animales (por mucho éxito comercial que tenga su resultado) u ordenadores. En este último caso es necesario precisar que los programas de ordenador sí están protegidos por la propiedad intelectual. También lo están aquellas obras creadas por personas mediante un ordenador: el ratón es una herramienta tan válida como los pinceles. En cambio, si la “obra” está enteramente generada por ordenador, sin tener detrás una voluntad humana tomando decisiones creativas y ejerciendo el control, no se puede hablar de autoría (ni siquiera para otorgársela al autor del “programa creador”).

Sin embargo, la nota que más discusiones doctrinales ha generado es la de persona “natural”, en relación con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser consideradas como autoras.

La corriente mayoritaria, aunque no de manera abrumadora, considera que sólo las personas físicas pueden ser autoras. La otra corriente sostiene que el Derecho español no repudia expresamente la atribución de autoría a las personas jurídicas. Es más, el art. 5.2 LPI permite que las personas jurídicas sean titulares originarias de derechos de propiedad intelectual (el ejemplo más claro son los programas de ordenador, art. 97.1LPI).

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Nell McAndrew, la modelo en cuestión, posando como Lara Croft. Fuente: blogodisea.com

Además, hay resoluciones que parecen apoyar esta segunda tesis, como la recaída en el caso Lara Croft. En ella la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la revista Interviú por publicar un reportaje de una modelo desnuda caracterizada como la famosa arqueóloga. La clave del caso es que se concedió una indemnización a Core Design Ltd. por daños morales” (y sólo los autores pueden ser titulares del derecho moral a la integridad de la obra).

Personalmente, considero que detrás de las personas jurídicas han de estar necesariamente los actos de personas físicas, y sólo estas últimas tenemos capacidad para crear. En cualquier caso, se trata de un debate puramente académico y estéril en la práctica. A las empresas les importa bastante poco ser o no autoras si la LPI ya les otorga la titularidad originaria de los derechos. Además, las facultades morales se ven suplidas en numerosos casos a través de las acciones que conceden la Ley de Marcas o la Ley de Competencia Desleal.

Condenado por acceder y manipular la cuenta de Tuenti de una amiga

Logo de TuentiA finales del mes pasado, un joven fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona a una pena de 6 meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros como autor de un delito de revelación de secretos. El sujeto en cuestión accedió sin consentimiento a las cuentas de Tuenti y de correo electrónico de una conocida. No contento con ello, cambió la configuración de privacidad (de “sólo amigos” a “todo Tuenti”), colgó fotos de mujeres desnudas y cambió las claves de acceso para que la titular no pudiese entrar.

La pena solicitada por el Ministerio Fiscal era de 18 meses de cárcel más 6.000 € de multa, quedando rebajada por conformidad a la señalada en el párrafo anterior. La conformidad está regulada en el art. 801 LECrim., y permite al acusado reducir su condena a cambio de admitir los hechos imputados, aceptar la pena más grave solicitada por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, y asumir las eventuales responsabilidades civiles. Si se trata de su primera condena, al ser esta menor a 2 años de cárcel no ingresará en prisión.

El delito de revelación de secretos está contemplado en los arts. 197 y siguientes del Código Penal:

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

Este delito deriva del derecho a la intimidad personal y familiar recogido en el art. 18 de la Constitución. Para generar responsabilidad penal basta con el hecho de descubrir los secretos de otra persona, o de interceptar sus comunicaciones, ambos sin consentimiento. No es necesario, por tanto, que la información se haga pública para que haya delito. El delito se agrava cuando el infractor tuvo relación con el secreto como consecuencia de su profesión u oficio (médicos, abogados, sacerdotes…).

No sé cómo consiguió este chico la contraseña, pero en general es algo más fácil de lo que parece. Averiguar una clave depende de dos factores: la habilidad del “cazador” y el descuido de la “presa”. Cuanto mayor sea el primero, menos necesario será el segundo, y viceversa. Personalmente, por lo que veo a mi alrededor tengo la impresión de que la gente es excesivamente descuidada con sus claves, hasta que ya es demasiado tarde. Yo tengo un truco infalible: uso siempre la palabra “incorrecta”. Así no tengo que acordarme más que de una palabra y, si la olvido o me equivoco, la propia página me ayuda diciendo: “su contraseña es incorrecta”. Bromas aparte, no podemos evitar que haya ataques contra nuestras cuentas, pero sí podemos tomar precauciones para que sean mucho más seguras:

  • Crea una contraseña larga: ocho caracteres como mínimo. Asimismo emplea todo tipo de caracteres (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos), y acuérdate de cambiarla con un mínimo de frecuencia (por lo menos, dos veces al año).
  • No uses palabras completas ni otras combinaciones “evidentes”: nada de nombres de la página, de usuario, tu nombre real o el de tu mascota. También hay que evitar cumpleaños, aniversarios, números de teléfono, DNI…
  • Nunca utilices la misma contraseña para más de un sitio web: no todas las páginas guardan las contraseñas con el mismo celo, y te expones a que caigan todas tus cuentas en cuanto alguien averigüe la de una.
  • Si ves que se te acumulan las claves, puedes usar un gestor de contraseñas. Hay varios programas y servicios que almacenan los nombres de usuario y claves de los distintos sitios web, y tú sólo tienes que recordar la clave maestra del gestor.
  • Desconfía de los mensajes y correos que te pidan la contraseña. Aunque parezcan legítimos, ni Hacienda, ni tu banco, ni nadie con un mínimo de seguridad va a pedirte la clave por correo electrónico.
  • Toma precauciones en lugares y ordenadores públicos: procura que nadie te mire por encima del hombro, y acuérdate de cerrar sesión cuando uses un ordenador ajeno; en este último caso, si además de no cerrar sesión le das a “guardar contraseña” en el navegador, el que venga después tiene mi beneplácito para entrar y causar los estragos que estime oportunos.
  • No reveles jamás tu contraseña a nadie; ni a tu familia, ni a tu pareja ni a tus amigos, por muy buenos que sean. Que otra persona conozca tus claves no es una demostración de confianza, es una estupidez. Si por cualquier motivo necesitas que alguien acceda a alguna de tus cuentas, cambia la contraseña en cuanto puedas. En caso contrario te expones a que la revelen por accidente, a que entren por curiosidad o a que se hagan con ella si por os enemistáis en el futuro.
Concierto de David Bisbal en Almería (2009)

David Bisbal en concierto. Foto de J. A. Blaya

Llegados a este punto, más de uno pensaréis: “Sí, suena bastante razonable; supongo que debería hacerlo, pero me da mucha pereza. Después de todo, y aunque me conozcan, ¿quién va a ser capaz de averiguar mi contraseña si no se la digo?”. David Bisbal, por poner un ejemplo, ya tiene su respuesta.

En mi modesta opinión, es mejor tomarse estas ligeras molestias a tener que lamentar la pérdida de todo lo que conserváis en el correo electrónico, Tuenti, Facebook, Twitter… y eso en el mejor de los casos. Por último, os recomiendo que echéis un vistazo al ranking de las 25 peores contraseñas de internet en 2011. Aunque las palabras sean inglesas, creo que se capta la idea.